La carrera política de Moreira huele a corrupción, es un claro ejemplo de impunidad y pretende hacer fraude a la Ley. En solidaridad con Sergio Aguayo.
El día 30 de julio, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua desechó una impugnación del PRI al triunfo de Javier Corral por el Gobierno del estado; aunque aún falta la decisión definitiva del Tribunal Federal Electoral, todo parece indicar que el panista será el próximo mandatario de la entidad.
Corral llega con una gran experiencia parlamentaria y escasa ejecutiva, por lo tanto es pertinente expresarle lo que algunos juarenses tenemos casi cincuenta años insistiendo a los gobernantes; yo sé que muchos amigos de Corral leen Sin Embargo, y espero que alguno se lo comparta, en caso de que todavía no se construya el foso de silencio que suele rodear a todos los hombres de poder.
Siempre hemos tenido interés en el progreso de Chihuahua y nuestros esfuerzos en esa misión no sólo han sido criticar al Estado que beneficia a unos pocos, sino que la vida la hemos empeñado en esa búsqueda de desarrollo con equidad (que tampoco se logró en el mandato panista de 1992-98).
Sostenemos que el principio fundamental de la Administración Pública es el respeto al Estado de derecho en todas sus partes, y apenas salimos de un Gobierno basado en “el poder es para poder” y “los derechos humanos sólo son para los humanos derechos”, con un general que consideraba que su “orden de cateo es el marro” y que “los periodistas no deben escribir murió una persona, sino avisar que hay un delincuente menos”.
Así, el compromiso prioritario del próximo Gobierno debe ser restablecer la vigencia del Estado de derecho en Chihuahua, ajustando sus actos a lo explícitamente autorizado por las constituciones y los tratados derechohumanistas.
Además debe poner en práctica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título y a gozar de un salario digno, la libre sindicalización; el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia; a la alimentación, vestido y vivienda adecuados.
Además del derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia, a la salud física y mental, a la educación. La libertad de participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan .
El derecho a la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, y la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora.
Ese es el Estado de derecho que debe imperar en Chihuahua, el objetivo de gobernar no es proteger y rendirles facilidades extralegales a los empresarios, y para instalarlo se necesita la voluntad del gobernador y las personas a cargo con la pasión, entrega y experiencia necesarias para ello. Pero la élite panista no tiene mucha vocación por los pobres, y sí mucha por los negocios.
Nosotros consideramos que la derrota del PRI es un triunfo de la ciudadanía, porque quieren vivir en un país digno, con un progresivo mejoramiento de su nivel de vida.
Agrego un pliego petitorio, que aunque ya debería estar en manos del gobernador electo, vale la pena dejárselo al alcance por doquier. Aquí manifestamos las áreas de gobierno donde es de nuestro especial interés la aplicación del Estado de derecho.
- La división de poderes, respetando plenamente la independencia del poder judicial, y una relación jurídica, justa y armoniosa con todo el Congreso, incluso los grupos minoritarios.
- La justicia laboral; aunque sigue dependiendo del poder ejecutivo, debe darse total independencia a las juntas de Conciliación y Arbitraje para que decidan a verdad sabida y buena fe guardada, registren los sindicatos independientes y abran negociaciones colectivas para que se produzca un verdadero equilibrio entre los factores de la producción.
- Debe establecer un salario industrial suficiente para dinamizar la economía interna del estado y mejorar rápidamente las condiciones de vida de los trabajadores Fabriles. No menos de $250 pesos diarios para empezar a revisar tabuladores.
- Derechos humanos, como órgano autónomo éste debe cumplir, con rapidez, eficacia y respeto a la Ley, su papel de auténtico vigilante de la aplicación de las leyes de la materia. Y no ser una congeladora de las injusticias cometidas por el régimen.
- Participación ciudadana; tenemos que ir más allá de las demandas generales de revocación de mandato, plebiscito e iniciativa popular, y convertir la participación ciudadana en una práctica cotidiana en todos sus niveles, incluso promoviendo las reformas legales necesarias para convertir al Estado en un ejemplo de inclusión de la ciudadanía en las tareas de Gobierno.
Está en el Congreso una propuesta de Ley de Participación ciudadana que planteó Plan Estratégico y que no se le ha dado el trámite correspondiente. De inmediato debe abrirse por el nuevo Congreso una mesa ciudadana-diputados-poder ejecutivo, para revisar, mejorarla con nuevas formas de participación y discutirla formalmente para su aprobación, publicación y entrada en vigor, a más tardar en 2017.
6.- Transparencia real, auténtica y efectiva, simplemente aplicando la ley en el mejor beneficio de la ciudadanía, con un interés de informar y no de ocultar. Y desde luego promover las reformas que sean necesarias.
7.- Fiscalización de la actividad económica gubernamental efectiva,independiente y transparente con supervisión ciudadana in situ. Y cero tolerancia de corruptos presentes o pasados.
8.- Seguridad con justicia, es el gran reto y sinceramente no vemos mucha expertiz en las gentes que lo rodean, y Corral ya debe saber que la guerra de los cárteles no ha terminado, y que él narcotráfico es una fuerza real de poder en el Estado, que presiona tanto como los comerciante, transportistas, industriales e inversionistas extranjeros.Lidiar con ellos, requiere la autonomía del Ministerio Público con relación al gobernador, e independencia operativa de los servicios periciales del proceso penal y la defensoría de oficio y el establecimiento de las unidades necesarias para la aplicación del protocolo de Estambul. Ese es el gran problema,
9. -Entrada en vigor, y con todo el respaldo estatal, de la Ley de Víctimas, las familias de Salvárcar ya necesitan justicia.
10.- Autonomía real y democracia interna en las universidades de Chihuahua y Ciudad Juárez, respeto y apoyo a los proyectos de desarrollo académico y científico que ahí se generan.
