La Caravana de los Pueblos originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia, conformada por 142 autoridades comunales y más de 930 pobladores oaxaqueños arribó hoy, cuando se cumple un mes de los hechos en Nochixtlán, a la Ciudad de México para exigir justicia por los asesinados registrados el 19 de junio, la libertad de los presos políticos y la abrogación a la Reforma Educativa.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- A un mes de la masacre en Nochixtlán, los lesionados no han recibido atención médica de calidad. El municipio no tiene Alcalde o policías. El Palacio Municipal continúa en cenizas.
Hace un mes, de acuerdo con distintos testimonios, elementos de la Policía Federal y del estado de Oaxaca provocaron la muerte de al menos ocho personas. Otras 120 fueron heridas, varias de gravedad.
En su momento, los pobladores acusaron al Gobierno federal de cerrar los hospitales a los heridos. Después, la Secretaría de Gobernación prometió ayudar a las víctimas.
Pero la ayuda no ha llegado, de acuerdo con los habitantes de Nochixtlán, un pueblo que adquirió fama internacional después del ataque del Gobierno mexicano a un bloque organizado en apoyo a los maestros que se oponen a la Reforma Educativa.
"El Gobierno mexicano, quien se comprometió hace casi dos semanas, con los pobladores de Nochixtlán a brindarles ayuda médica y alimetaria, incumplió pues al municipio no han llegado médicos especialistas ni alimentos de calidad", dijo a SinEmbargo Itayee Cruz, integrante del grupo de apoyo del Consejo por el Barrio de Chocano, nombrada por los pobladores en una Asamblea.
“Las caravanas que enviaron no corresponden a los datos que están dando. No tienen especialistas, trajeron doctores de los pueblos cercanos al municipio. Dijeron que trajeron víveres y lo que mandaron es frijol, arroz, maíz, sopas de las más baratas, pero no de la Ciudad de México, sino de un almacén que está a 15 minutos de Nochixtlán de Diconsa”, denunció.
Del apoyo alimenticio que llegó al municipio tres toneladas llegaron de Chetumal, 20 de Puebla y sólo dos del Gobierno federal, precisó.
“En cuanto a los heridos, no están recibiendo atención médica: hay uno que tiene la bala en un cachete y que tiene cocida la boca, que necesita un cirujano y hay otro que tiene una [bala] en la cabeza y requiere de un neurólogo”, indicó.
SinEmbargo constató hace unos días que en Nochixtlán no había presencia de Policía Municipal ni de Tránsito. Mientras, algunos pobladores dijeron que los policías patrullaban las calles del municipio vestidos de civiles, en vehículos particulares.
Los habitantes quemaron el Palacio Municipal en su totalidad: se quemó el Registro Civil, la Comandancia, la oficina de Finanzas y todas las áreas al interior del edificio.
De acuerdo con Itayee Cruz, Nochixtlán sigue en las mismas condiciones: sin Alcalde, sin oficinas y con un deterioro de los espacios públicos como calles y jardineras.
Además, el Palacio Municipal, que fue incendiado hace un mes por la población enardecida, mientras su Edil, el priísta Daniel Cuevas Chávez, huía con su familia, luego de ser señalado por los pobladores por presuntamente esconder en su rancho a la Policía Federal que protagonizó el ataque ese domingo.
“El Alcalde se fue desde ese día y abandonó el municipio. Se quedaron algunos miembros del cabildo, porque el pueblo desconoció a las autoridades, por eso el 23 de junio el pueblo realizó una asamblea y eligió a ocho consejeros, un Comité integrado por dos representantes de cada uno de los cuatro barrios que componen Nochixtlán: Barrio de Chocano, El Calvario, Las Flores y La Peña”, detalló Itayee Cruz.
El domingo 19 de junio, elementos de las policías estatal y federal irrumpieron con violencia en el asentamiento irregular denominado “20 de Noviembre” en Nochixtlán, un lugar donde habitan unas 65 familias en extrema pobreza.
Las fuerzas de seguridad federales y estatales reprimieron a balazos ahí una manifestación en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; el enfrentamiento dejó al menos ocho muertos, decenas de heridos y detenidos.
Los oficiales también lanzaron gas lacrimógeno y obligaron a 34 niños a huir por el monte, entre una nopalera; algunos iban desmayados en brazos de sus madres, otros corrían vomitando y con los ojos llorosos por el efecto del gas.
Este martes, la Caravana de los Pueblos originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia, conformada por 142 autoridades comunales y más de 930 pobladores oaxaqueños arribó a la Ciudad de México para exigir justicia por los asesinados en Nochixtlán, la libertad de los presos políticos y la abrogación a la Reforma Educativa.
El pasado 17 de julio partió de Oaxaca la caravana rumbo a la capital del país. Entre los inconformes también figuran autoridades municipales y agrarias que respaldan la lucha magisterial en contra de la Reforma Educativa; integrantes de organizaciones sociales y observadores de derechos humanos, quienes acusaron al Gobernador Gabino Cué Monteagudo de no atender la crisis ocurrida tras del desalojo fallido cometido el pasado 19 de junio en distintos puntos de la entidad.
El pasado 7 de julio, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió con los familiares de los heridos y muertos en Nochixtlán. El funcionario fue recibido por una comunidad enojada y resentida, en tanto el encuentro concluyó en promesas, que de acuerdo con los pobladores, no han sido cumplidas.
Ese día, Campa fue recibido en medio de gritos de “¡Asesino! ¡Asesino!”, y despedido en medio tensión, ya que los padres de familia se mostraron enojados pues el funcionario sólo habló con medios de comunicación y no con ellos, incluso lo regresaron al colegio donde se llevó a cabo la reunión, profiriendo que a menos de que el funcionario explicara los acuerdos tomados en la mesa de diálogo y que ellos quedaran satisfechos, no lo dejarían salir.
El funcionario informó de diversos acuerdos, entre ellos, aseguró que, a más tardar esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se integrarían a los trabajos de investigación.
CNDH INVESTIGA CÓMO SE LLEVÓ A CABO EL PROTOCOLO
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó a la Comisión de Seguimiento de los hechos de Nochixtlán del Congreso de la Unión, que hasta el momento la dependencia a su cargo se encuentra en búsqueda de mayor información para responder diversos cuestionamientos en el caso.
El Ombudman nacional titular acusó que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca no le han entregado sus informes sobre el operativo fallido en Nochixtlán.
En reunión con los legisladores que integran la comisión de seguimiento al caso señaló que “la fiscalía de Oaxaca no nos entregó la información solicitada, y que en una primera instancia la PGR nos respondió que no contaba con información, pero ahora que atrajo el caso, esperemos nos proporcione la información solicitada”.
El Ombudsman nacional dijo que se busca por “dilucidar diversas interrogantes [entre ellas] si hubo o no tiradores desde algunos de los hoteles; si los elementos de la Policía Federal se hospedaron en algún hotel propiedad de un funcionario, si hubo infiltrados desde la comunidad, si los federales no respetaron los protocolos de actuación”.
González Pérez dijo que está revisando también “desde cómo se llevó a cabo el protocolo; si hubo detenciones arbitrarias; si las personas fallecidas fueron de la población y no del magisterio: el tipo de armas utilizadas; y si se les negó o no el servicio médico como se ha manejado”.
Sin embargo, el titular de la CNDH no informó sobre los avances de la investigación. Dijo que los datos recabados hasta el momento están siendo verificados. Dijo que actualmente están en busca de entrevistar a diversas personas para que brinden mayor información sobre lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán.
Por su parte, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fidel Demédicis Hidalgo, destacó que “se tiene que investigar desde quién mandó a los agentes” que participaron en el operativo.
Consideró que “esos no son asesinatos comunes, esos son ejecutados por el Estado”.
El legislador del Sol Azteca aseguró que “hay quejas de que el personal de la CNDH no ha tenido la sensibilidad para atender a las víctimas y los familiares, que se convierten en verdaderos ministeriales”.
El titular de la CNDH, Luis Raúl Pérez, dijo que hay voces que buscan desacreditar a la CNDH y que incluso los han acusado de ser infiltrados de la Policía Federal.
