Durante el encuentro sostenido entre funcionarios de la Segob y padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, explicó que este miércoles el Ejecutivo dará una respuestas a las peticiones de los familiares propuestas este lunes, y afirmo que si bien la lentitud de diálogo a menudo "desespera" a los padres, "es necesario" mantener las mesas de diálogo.
México, 19 de julio (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 denunciaron ayer, tras una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, que el mecanismo de seguimiento al caso de la CIDH sigue "empantanado" por divergencias con el Gobierno.
"Hubo algunos avances mínimos pero está empantanado el mecanismo (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el tema que tiene que ver con las visitas y las estancias que tendrían los visitantes del mecanismo en México. Ahí estamos parados", señaló el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, al término del encuentro.
Los familiares de los 43 jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, se reunieron ayer, por tercera ocasión en este mes, con varios miembros del Ejecutivo.
El encuentro lo encabezaron los subsecretarios de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruíz, y el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), Eber Betanzos.
En el encuentro, Campa "reiteró a los familiares de los normalistas que el único interés de la actual Administración Federal en este tema es construir y contar, junto con ellos, con un mecanismo de seguimiento eficaz" que contribuya "al esclarecimiento de los hechos", detalló un boletín de la Segob.
No obstante, para Rosales hay controversias con el Gobierno sobre el periodo que el equipo operativo de este mecanismo de seguimiento podrá operar en el país, así como sobre el número de visitas que podrán realizar los comisionados entre agosto de este año y marzo del siguiente.
"Tanto la visita como las estancias han de ser ilimitadas, por el tiempo que sea necesario. Pero el Estado mexicano se niega a eso y establece restricciones", aseveró el representante legal de los padres.
Positivamente, destacó que se ha avanzado en otros puntos.
Por ejemplo, se acordó que los investigadores de la CIDH podrán acceder a "todas las fuentes de información", y no solo a aquellos datos que aparecen en el expediente oficial del caso.
Rosales explicó que este miércoles el Ejecutivo dará una respuestas a las peticiones de los familiares propuestas este lunes, y afirmo que si bien la lentitud de diálogo a menudo "desespera" a los padres, "es necesario" mantener las mesas de diálogo.
"Si hay mucha divergencia (con el Ejecutivo) se evaluará si es necesaria otra reunión o ya tendríamos que ir a Washington, donde la CIDH ya fijó una reunión de trabajo para el 27 de este mes" en torno a la tragedia de Iguala, concluyó.
Según la versión oficial de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como el grupo de expertos independientes de la CIDH, que tras meses coadyuvando en el caso presentó este año un informe en que denunció graves fallos en las investigaciones.
Si bien el Gobierno se negó a renovar el mandato para que los expertos siguieran con las pesquisas, se acordó que la CIDH instrumentaría un mecanismo especial para dar seguimiento al caso, a la vez que el organismo interamericano dictó medidas cautelares para la protección de los familiares de las víctimas.
