La reflexión parece inocente viniendo de una leyenda: se entra en el negocio porque no queda de otra. Pero hay otra manera de entenderlo: 40 años después ni Joaquín Guzmán Loera (en algún momento el hombre más buscado del mundo), ni el Estado, han podido quitarle el hambre a la sierra de Sinaloa.

El “negocio” le ha traído a Sinaloa muchas “ventajas”: autos europeos en las calles, mucho circulante, marcas de lujo en centros comerciales, una vida de entretenimiento intensa. Pero a quienes pregonan las bondades del narco hay que recordarles las tragedias: una imagen internacional narca que inhibe las inversiones y una crisis humanitaria que nadie reconoce oficialmente.

La inseguridad y las violaciones a derechos humanos en Sinaloa son cosa de todos los días. Acumulamos miles de muertos en los últimos 50 años, Culiacán es el ejemplo perfecto de la cultura de la ilegalidad: nos estacionamos donde queremos, nos pasamos los altos. A la menor provocación todos somos “influyentes” o “gente del Señor fulano”. La impunidad campea porque la justicia no puede con la narco-política que invade al estado en las Alcaldías y las curules del Congreso Local. Sucede a ojos de todos, pero nadie ve nada. Somos como la rana que se cocina a fuego lento sin darse cuenta.

Pero hay otra tragedia invisible y dolorosa. No se ve porque está muy lejos de las élites y porque es silenciosa: los desplazados del narco.

De acuerdo con los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, el desplazamiento forzado sucede con “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Sus efectos más nocivos son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social. Es decir, el desplazamiento no tiene solo efectos económicos, sino que produce graves efectos sociales. Se ha preguntado Lector, ¿qué hace toda esa gente cuando es reubicada? , ¿cómo se siente?

Frente al desplazamiento forzado la responsabilidad es del Estado, por acción o por omisión. Así como por no haber establecido las condiciones ni haber provisto los medios para el regreso seguro de la población desplazada. Como casi todo en la era global, el desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que afecta y pone en riesgo una amplia gama de derechos humanos.

En México existen diversos precedentes de legislaciones locales para combatir este fenómeno. En Chiapas, por ejemplo, existe una Ley Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno (2012). La Ley General de Víctimas (2013) incluye tres artículos referidos de manera indirecta o directa sobre el tema.

El Artículo 5 obliga a las autoridades a ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos como personas en situación de desplazamiento interno. El Artículo 38 obliga al DIF a brindar directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Y el Artículo 93 se refiere al rol de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues el desplazamiento interno focalizado debe considerarse como un hecho victimizante autónomo que requiere ser atendido con un enfoque diferencial y especializado.

En Sinaloa la CEDH emitió, en 2013, la recomendación general número 10: Informe Especial sobre los Desplazamientos Internos de Personas en Sinaloa, donde reconoce que: “un número importante de personas se han visto obligadas a dejar sus lugares de residencia habitual por causas ajenas a su voluntad, siendo la violencia generada por actividades ilícitas una de las causas principales de dichos desplazamientos”.

Pero más allá de la legislación están los hechos. Hace casi un mes, más de 300 familias de Badiraguato tuvieron que salir huyendo de sus comunidades por los enfrentamientos armados entre la familia Guzmán y la familia Beltrán. Incluso se sabe que Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán, fue desplazada de La Tuna. Apenas esta semana han empezado a retornar sus pueblos. El Gobierno de Mario López Valdez reconoce que no puede mantener la presencia policiaca pues los efectivos no alcanzan. El Estado le falla a la sierra como lo ha hecho históricamente. Badiraguato, Elota, El Rosario, Choix y San Ignacio son los municipios más afectados.

Y falla también hasta en lo más básico. Apenas esta semana el Gobierno de Sinaloa instaló a medias el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. No hay lana para la Comisión completa, dijo el gobernador que cada año cacarea presupuestos históricos para el estado. Esa es la realidad de los desplazados en Sinaloa. Cientos de familias que no merecen siquiera una partida presupuestal mínima.

Es vergonzoso, pero los desplazados no son prioridad en la agenda de gobierno. Tal vez eso ayude para explicar porque tras la segunda captura de Joaquín Guzmán, la gente “del rancho” decidió marchar para pedir la no extradición de quien -según ellos- les brindó trabajo y oportunidades. Esa misma gente tiene ahora que abandonar sus casas por los problemas del “Señor”.

La lección es dura: en la sierra, el narco ha venido llenando los espacios de un gobierno que la ningunea mientras gasta en frivolidades. No nos extrañe pues que esa sierra sea la protagonista de nuestra violencia. Como sucede ahora, como ha sucedido desde siempre.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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