Este año Colombia firmó por fin el acuerdo de paz. Un gran logro a pesar de la polarización interna que generó el proceso. Pero ojo, como me han dicho muchos colombianos: Colombia no será el paraíso después de los acuerdos, pero sin duda será mejor. Habrá que trabajar mucho para hacer de Colombia un país más desarrollado, pero es más fácil hacerlo en un contexto de paz que en uno de guerra.

Los mexicanos tenemos mucho qué aprender de la experiencia colombiana con la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos países con grandes diferencias culturales, geopolíticas y económicas, pero es evidente que los colombianos han generado un profundo aprendizaje sobre un fenómeno tan complejo como la violencia que surge del crimen organizado y la guerrilla, sus efectos sociales, las implicaciones político-económicas y hasta su dimensión cultural. Necesitamos hacer lo mismo, pero más rápido.

Justo ahora México y Colombia ocupan posiciones muy parecidas en los rankings de seguridad. Nuestros índices de homicidio doloso y otros delitos relacionados son relativamente similares. La gran diferencia es que Colombia viene de una gran crisis y en México apenas vamos empezando.

La pregunta es obvia: ¿Cómo le hacemos en México para no sufrir los efectos de esa curva de aprendizaje? Si a Colombia le tomó décadas y miles de muertos, ¿cuánto nos costará en México? ¿Es posible evitar esos costos? No lo sé, pero me preocupa.

Me preocupa porque ese proceso implica muchas vidas. Mucha corrupción. Serios efectos económicos y una pésima imagen internacional. Me preocupa porque son dos o tres generaciones perdidas. Un tiempo valioso e irrecuperable. Y me preocupa sobre manera porque soy de Sinaloa, uno de los estados que conoce los precios de la cooptación del crimen organizado desde hace tres generaciones.

En México no hemos entendido el tamaño de la bestia que nos creamos. Nuestra clase política todavía cree que puede administrar al crimen organizado. Ingenuos… Basta preguntarle a algunos gobernadores, platicar con algún Alcalde de Tamaulipas, Sinaloa o Michoacán para saber quien usa a quien.

En México hay regiones completas dónde no mandan los líderes formales: manda el crimen organizado. Un ejemplo: hace dos semanas en Badiraguato los Guzmán y los Beltrán Leyva sostuvieron sendos enfrentamientos y desplazaron a 200 familias de los poblados de Arroyo Seco, la Palma y La Tuna. La reacción oficial fue vergonzosa. El Alcalde Mario Valenzuela: “no puedo ir, no soy suicida”. El Gobernador Mario López Valdez: “es un pleito entre ellos”. El Estado ausente y el narco presente.

Frente a eso la respuesta institucional ha sido insuficiente a pesar de los recursos gastados. La razón la conocemos todos pero nadie se atreve a decirla en público: la corrupción y la narco-política. Policías controladas por el crimen organizado y políticos que llegaron allí financiados por dinero sucio. Eso que Edgardo Buscaglia ha repetido hasta el cansancio y que las élites se niegan a aceptar. Alguna vez un empresario sinaloense me lo aceptó derecho: “la verdad prefiero no saber”.

Por otro lado está la ausencia del Estado de bienestar mexicano en grandes regiones del país. Nochixtlán no solo evidenció un pésimo manejo de la negociación con la CNTE, sino que enseñó problemas añejos del México profundo: la gran desigualdad y el abandono de amplios sectores de la población en la pobreza. Sectores que abrazaron la protesta en un acto rabioso pero comprensible.

En el México clasemediero las redes son pura víscera. Los comentarios en Facebook y en el café son una mentada de madre. Todos enojados contra todo lo que implique a nuestra clase política corrupta y cínica. Esa clase que habita la burbuja perfecta: dinero, privilegios, poder… impunidad. La clase viral de las #Ladies y los #Lords.

Pero la experiencia internacional enseña que la burbuja no dura para siempre. Tarde o temprano el crimen organizado y su violencia más cruel alcanza a los que se creen intocables: las élites político-económicas. Los colombianos despertaron después del asesinato de Luis Carlos Galán.

México enfrenta el reto urgente de detener el malestar. A las malas cuentas en economía hay que sumar la torpeza política de Enrique Peña Nieto y su equipo, más preocupados por la sucesión que por el gobierno. La clase política tiene que mandar mensajes reales de sensibilidad. Tienen que dejar de simular y escuchar en serio. Mientras que el Congreso ningunee a la sociedad en la votación de la Ley 3de3, mientras los jueces se amparen ante la transparencia, mientras Borge pueda cambiar la ley para garantizarse impunidad, el malestar irá en aumento.

El escenario actual es el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado: millones de jóvenes sin educación o empleo enojados con el “sistema”. Si las únicas alternativas de movilidad social son el narco o la política -o la narco-política- más nos vale estar preparados para el México que viene: el de la violencia. Y por supuesto, sus incendiarios.

Con partidos políticos alejados de la sociedad, autoridades electorales desprestigiadas y gobiernos corruptos, la esperanza actual es la sociedad civil organizada. No es poesía, es lo que hay. En lo que reconstruimos nuestra vida institucional, tenemos que fortalecer los espacios de diálogo. Canalizar la indignación para convertirla en acción, en verdadera incidencia. Nuestro activismo es incipiente todavía, pero ES y puede alcanzar.

Si a los políticos nos les importa debe importarnos a los ciudadanos, porque de no hacerlo nos incendiamos todos. Y nos costará 20, 30 años. Miles de muertos, tal vez más. No exagero, es el México que se nos viene encima. Tenemos que ofrecer otro: un México en paz. No será perfecto, pero será mejor.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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