El Centro de Investigación para el Desarrollo AC considera que siete factores de la administración encabezada por Enrique Peña que exhiben “fracturas" en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La situación en el país puede empeorar en lo que resta del sexenio y poner en jaque la estabilidad y gobernabilidad, advierte un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC). Destaca que esto es resultado de las oportunidades que perdió el Presidente Enrique Peña Nieto para atender a tiempo problemáticas relacionadas con la corrupción y la rendición de cuentas.
El CIDAC enumera siete factores de la administración Peña que exhiben “fracturas en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
“Un cúmulo de episodios en la vida política del país han puesto en evidencia las diversas fracturas que exhibe el modelo de gobernabilidad actual del Gobierno Federal. A su inicio, la administración de Enrique Peña Nieto tenía ante sí la oportunidad de posicionar al PRI en el poder […] gozaba de una aprobación superior al 50 por ciento y tenía el apoyo de distintos grupos sociales, como la iniciativa privada, la Iglesia e inclusive de los principales partidos de la oposición en el Congreso bajo el marco del Pacto por México. Sin embargo, hoy, a dos años para la próxima elección presidencial, las coaliciones sociales sobre las cuales PRI podía gobernar se han resquebrajado. Los frentes abiertos de Enrique Peña Nieto, no sólo determinarán las condiciones del PRI rumbo al 2018, sino que establecerán las condiciones de gobernabilidad del país entero en el corto y mediano plazo”, señala el CIDAC.
En el caso del distanciamiento del sector empresarial, el think tank considera que la reciente aprobación de la versión modificada de la Ley 3de3 por parte del Legislativo, que obligaba a todos los ciudadanos que tuvieran contratos o financiamientos del Gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, fue el punto culminante del distanciamiento entre el Gobierno federal y el sector empresarial, el inicio del conflicto puede rastrearse hasta finales del año 2013 con la aprobación de la Reforma Fiscal.
Recuerda el análisis que desde el inicio de la discusión en el Congreso, el sector empresarial se posicionó en contra de la Reforma Fiscal, argumentando que la iniciativa de Peña privilegiaba fines recaudatorios a costa de desincentivar la inversión. En su momento, la iniciativa privada pujaba por el aumento de la base gravable mediante impuestos generalizados a alimentos y medicinas. Sin embargo, la Reforma aprobó diversas disposiciones específicamente orientadas a la actividad empresarial, por ejemplo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre alimentos con alto contenido calórico y bebidas, así como la disminución de la deducibilidad en prestaciones y en capital. Esto provocó que tanto en 2014 como 2015, el sector empresarial demandara la reconsideración de la miscelánea fiscal en aras de atemperar las “nuevas” obligaciones. Inclusive durante 2015, el Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó la causa de derogar la Reforma en el contexto electoral de ese momento.
“Este año, la iniciativa privada tuvo una participación determinante en el desarrollo de la iniciativa Ley 3de3. Gracias a organizaciones empresariales como la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana] y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la iniciativa pudo superar el umbral de firmas necesario para que iniciara su discusión en el Congreso. Aunque dicha ley podría haber representado una posible reconciliación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, las modificaciones de último minuto en torno a las obligaciones impuestas a las empresas que son prestadoras de servicios al sector público, terminaron por agravar la situación”, reflexiona.
En el caso del conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la Reforma Educativa, recuerda que la misma fue una de las primeras impulsadas por el Gobierno de Peña Nieto. Entre las disposiciones más importante estaban la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa para regular el ingreso, permanencia y desarrollo de los maestros dentro del servicio profesional docente.
Desde su inicio, la Reforma resultó en el enfrentamiento con la CNTE, provocando marchas y bloqueos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. La Reforma causó tal controversia que inclusive durante su discusión, el Congreso se vio obligado a sesionar en una sede alterna a San Lázaro debido a los bloqueos y enfrentamientos. Antes del enfrentamiento más reciente en Nochixtlán, ya se habían dado otros choques importantes, como los desalojos de los plantones en el Zócalo de la capital, los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el incendio de la sede estatal del PRI en Guerrero.
Más tarde, el conflicto se agravó con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la designación de Aurelio Nuño Mayer como nuevo Secretario de Educación, así como la petición de órdenes de aprehensión en contra de los líderes magisteriales. Luego de 37 días, el bloqueo en la capital de Oaxaca culminó con un enfrentamiento en Nochixtlán con un total de 9 muertos.
El enfrentamiento con la Iglesia Católica vino cuando Peña propuso modificaciones a la Constitución y al Código Civil de forma que se reconozcan los matrimonios igualitarios en todo el país.
“El rechazo de la Iglesia Católica al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo no es ninguna novedad, sin embargo, la propuesta de Peña tuvo como consecuencia el rechazo abierto de ciertos líderes eclesiásticos hacia el PRI. Inclusive, la Iglesia Católica se atribuyó la derrota del PRI en varios estados como Aguascalientes argumentando un voto de castigo motivado por el rechazo a dicha iniciativa. Si bien no se puede concluir que haya existido una causalidad directa entre el llamado al voto de las iglesias y el resultado electoral de junio pasado, las expresiones de descontento merecen ser sopesadas por la magnitud del mismo sector. De acuerdo al Inegi, en 2014 el 82 por ciento de la población mexicana seguía siendo católica y, además, las iglesias generaban hasta el 11.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Instituciones Sin Fines de Lucro”, señala el análisis.
LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO
La derrota sufrida por el PRI en las elecciones del pasado 5 de junio, en la que perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, entre ellas cuatro estados que había gobernado por más de ochenta años, también significó una derrota para el Presidente.
Antes de renunciar como presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, argumentó que el electorado había expresado su rechazo a las políticas implementadas y mencionó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
“La renuncia del dirigente nacional, así como sus declaraciones, se producen en un momento crucial para el presidente y acarrean una serie de críticas directas hacia la figura de Peña Nieto por parte de figuras clave del partido. En este sentido, el mensaje de Beltrones es un mensaje hacia el Gobierno federal por no haber abordado de ninguna manera las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía tanto dentro del gabinete como en estados claves para el partido como Veracruz, Tamaulipas, Durango o Quintana Roo. Esta coyuntura representa una de las primeras fisuras en la unidad priista que se había mantenido a lo largo del presente sexenio. Finalmente, la renuncia de Manlio Fabio vulnera la figura del presidente pues marca una distancia significativa entre el Presidente y el partido con miras a la carrera hacia 2018”, destaca el CIDAC.
En cuanto al Ejército, señala que a pesar de que sus tareas de seguridad pública empezaron desde 2006, es hasta ahora cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas han mostrado su inconformidad por continuar haciendo labores de policías civiles.
El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ha declarado su desacuerdo con la asignación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el mismo Secretario, las fuerzas federales han desempeñado estas labores, para compensar la ineficacia policial, sin un marco normativo que las regule y han sido objeto de múltiples escarnios y acusaciones por parte de la opinión pública y organismos nacionales e internacionales.
“Si bien no se ha llegado a un rompimiento evidente, lo cierto es que las expresiones del General Cienfuegos han mostrado que existe un malestar de las fuerzas federales con la política del Ejecutivo en materia de seguridad que no debe pasar desapercibido”, observa.
En cuanto a los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, desde 2006 hasta la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
El país acumula más de 150 mil muertos y 26 mil desaparecidos, además de una situación grave de ataques a periodistas. Lo anterior se agrava con una cifra negra en la cual únicamente 9 de cada 10 delitos se reporta y un número mucho menor de los denunciados efectivamente se resuelve. “El diagnóstico es devastador, sin embargo el gobierno mexicano ha optado, en la mayoría de los casos, por negar la evidente realidad y por resaltar los insuficientes avances –la mayoría legales- ya mencionados. Inclusive las modificaciones derivadas de la reforma penal de 2008 parecen escasos frente al escenario de crisis de derechos humanos. En este sentido no se ha logrado reducir los altos índices de impunidad pero tampoco se han logrado acciones de prevención efectivas que atiendan todas las dimensiones del problema”, detalla.
“Una de las lecciones de la pasada jornada electoral fue que la corrupción de los gobernantes y el voto de castigo como mecanismo de rendición de cuentas serán torales en las campañas presidenciales de 2018. El pasado 5 de junio, las campañas centradas en promesas de castigo a gobiernos corruptos capitalizaron un gran número de votos en estados como Chihuahua y Veracruz. El mensaje no es nuevo: desde 2015 con los triunfos de Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez “El Bronco”, el tema de combate a la corrupción y castigo a gobiernos salientes había demostrado su atractivo electoral”.
Dentro del Gobierno federal, diversos escándalos incluyen a miembros destacados del gabinete, por ejemplo al ex director general de la Comisión Nacional del Agua, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el ex director general de Petróleos Mexicanos, el propio Presidente, y recientemente, el ex Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A pesar de ello, ninguno de estos casos ha sido castigado por las autoridades correspondientes, y el Gobierno Federal ha desperdiciado sus oportunidades para demostrar un compromiso en contra de la corrupción. En este sentido, el Gobierno Federal tenía ante sí la oportunidad de abordar la problemática con la Ley 3de3. Sin embargo, el legislativo, liderado por la bancada del presidente decidió desairar las propuestas de la ciudadanía, modificando en demasía la propuesta original y aprobando una ley descafeinada y poco funcional en ciertos aspectos.
