Cuando creíamos que ya el Gobierno de Peña Nieto no cometería más atrocidades, luego de la herida aún abierta de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, surge como una tromba la masacre de Nochixtlán, donde perdieran la vida ocho ciudadanos (al parecer ningún maestro) y muchos más resultaran heridos a manos de policías federales y estatales de Oaxaca, cuyo Gobernador declaró, como siempre, que había grupos infiltrados entre los maestros responsables de iniciar los actos de violencia en contra de la autoridad.
Tal como la “verdad histórica” de Ayotzinapa, que se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos, el Gobierno federal y sus aliados mediáticos (Televisa, en primer lugar) han intentado criminalizar (y hasta satanizar) a los maestros de la CNTE, principal objetivo de esta represión policial, y a muchos civiles que han estado participando en una avanzada magisterial contrarreformista, que debería tener como últimos interlocutores a gente muerta.
Quienes siguieron de cerca los hechos y estuvieron recabando testimonios -como el propio Arturo Cano, de La Jornada-, parecen asegurar que fueron policías vestidos de ciudadanos de a pie los que iniciaron con el incendio de camiones y vehículos con el objetivo de justificar la intervención de las fuerzas policiales, incluido el uso de la armas.
El testimonio de Pablo Baltázar, un padre de familia oaxaqueño, pinta muy bien el clima de represión y hostilidad creado por la policía federal:
Muchos teníamos miedo de salir de nuestras casas, pero por necesidad, por no tener nada qué darles a nuestros hijos tuvimos que arriesgarnos, al principio parecía que todo estaba tranquilo, pensamos que era así porque ya todo el país sabía lo que nos había pasado, pero no, ni eso los detuvo. Iba yo rumbo a tomar el transporte, cuando me encontré a unos federales, uno se me acercó y me dijo a dónde iba, le dije que me permitiera pasar que no teníamos nada que comer en mi casa y salí por alimentos, me vio y me dijo ‘si no te tocó morirte con las balas, muérete de hambre, por aquí no pasas’, quise gritarle, en ese momento pensé que si me mataba al menos le diría las cosas, pero tengo familia, me tuve que regresar, aunque después se salieron y volví a emprender el camino.
Aquel fatídico domingo 19 de junio se ha convertido en un parteaguas de una reforma educativa que, si bien tiene aspectos positivos, no toca lo esencial: acabar con el uso del poder por parte de las autoridades para poder controlar, reprimir y castigar arbitrariamente a la clase magisterial, no sin dejar, por otro lado, de favorecerse de ella.
Una reforma educativa que no evalúa al secretario de Educación ni a los altos mandos del sistema educativo, quienes son impuestos por dedazo, no es más que otro artilugio más de los gobiernos despóticos para poder seguir cooptando a un sector (el magisterial) que siempre ha sido el fiel de la balanza cuando se trata de retener, obtener o expandir el poder.
