Fuera de agenda, empresarios se reunieron anoche con el Presidente Enrique Peña Nieto para expresar su rechazo a algunas disposiciones contenidas en la Ley 3de3 que aprobó el Congreso el pasado 15 de junio y que harían inoperante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras, más de 100 mil ciudadanos han firmado una petición en la plataforma Change.org para solicitar al Ejecutivo federal vetar los artículos 29 y 32 de la versión aprobada por los legisladores. Ayer, la Secretaría de la Función Pública suspendió la ceremonia -programada para hoy- en la que el Ejecutivo promulgaría la legislación. El veto podría venir en camino...
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Empresarios y ciudadanos pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto compromiso contra la corrupción y plantearon la necesidad de vetar algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 3de3 que harían inoperante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción antes de que sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La recepción a empresarios no formaba parte de la agenda pública del Ejecutivo pero se dio en un contexto en el cual este sector ha manifestado su rechazo a cierto contenido de la Ley 3de3.
Durante una reunión celebrada anoche en la residencia oficial de Los Pinos, los presidentes del Concejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón y Gustavo de Hoyos Walther de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresaron los errores de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo inoperable que resultaría la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de dueños y de los trabajadores de las empresas, así como de los becarios y beneficiarios de los programas gubernamentales, que más allá de lograr transparencia, llevaría a la incertidumbre jurídica.
Gustavo de Hoyos incluso reiteró ante el Presidente que tal como quedaron redactados los artículos mencionados responden a una "ocurrencia de madrugada" de los legisladores.
En la Ley 3de3, aprobada la madrugada del miércoles 15 de junio en sesión extraordinaria del Pleno en el Senado de la República, se exige a todos los particulares que reciban recursos gubernamentales rendir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana presentada para esa legislación, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa respaldada por los ciudadanos proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
En cuanto al controvertido tema de la publicidad y contenido de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del de la Revolución Democrática (PRD) pidieron reservar el artículo 29 referente a este tema con el fin de que la redacción “abrazara” la propuesta y formatos que los más de 634 mil ciudadanos firmaron.
Tras la reunión, de dos horas y media, Castañón destacó la disposición de Peña para escuchar las inquietudes de los empresarios y buscar alternativas para "enmendar el error".
"El Presidente fue muy sensible de escuchar y nos dijo que, desde su perspectiva, en sus atribuciones, está valorando la mejor acción para darle viabilidad al Sistema Anticorrupción.
"Es decir que el sistema opere, y en eso nosotros nos hemos quedado tranquilos, que en esta valoración se está contemplando las opiniones de todos", destacó el presidente del CCE.
Castañón fue cuestionado por la prensa al salir del evento sobre si confiaba en que el Presidente vetara la legislación.
"Es un instrumento que el Presidente tiene, y lo que nosotros le expresamos fueron nuestras preocupaciones y a lo que estamos comprometidos, pero de cualquier forma le dejamos claro que los dirigentes estamos comprometidos a que este sistema funcione”, respondió.
Al encuentro celebrado anoche acudieron, entre otros, Alejandro Ramírez Magaña, del Consejo Mexicano de Negocios; Manuel Herrera Vega, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), y Benjamín Grayeb Ruiz, del Consejo Nacional Agropecuario.
Esta mañana, en entrevista con Radio Fórmula, Juan Pablo Castañón sostuvo que durante la reunión de ayer por la noche, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a analizar los artículos que han generado controversia, entre ellos el 29 y el 32 de la legislación. Señaló, sin embargo, que el Jefe del Ejecutivo no se comprometió a vetar esa Ley.
“No hubo un compromiso, más bien es un compromiso de analizarlo y encontrar la mejor solución desde sus facultades”, destacó Castañón.
El líder empresarial dijo que el Presidente se mostró sensible ante la petición de los empresarios para modificar la legislación aprobada por el Congreso la semana pasada.
“Vimos un Presidente abierto, sensible, analizando y sí pensando en que debe de tomar medidas él para en su relación con el Congreso llamar a una corrección o a un ajuste que nos lleve a implementarlo de una manera eficiente", dijo Castañón.
El Presidente Peña Nieto ya tiene en sus manos desde el pasado 15 de junio una serie de reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, tales como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ayer, la Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió la ceremonia -programada para hoy- en la que el Ejecutivo promulgaría el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
La tarde del martes comenzaron a circular versiones de la cancelación de la promulgación de la Ley 3de3, luego de que la Senadora de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle Martínez publicara en su cuenta de Twitter que la Secretaría de la Función Pública cancelaba el evento programado para dicha promulgación.
Más de 100 mil ciudadanos han firmado una petición en la plataforma Change.org para solicitar al Presidente vetar los artículos 29 y 32 de la versión de la Ley 3de3 aprobada por los legisladores.
“El Presidente Enrique Peña Nieto tiene el poder de corregir la versión de la #Ley3de3 que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados.
“Los ciudadanos de México queremos que use su derecho de VETO para los artículos 29 y 32”, dice la petición.
Los firmantes le recordaron al Presidente que "está en sus manos no hacer caso omiso de lo que todo un país quiere”.
Un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) difundido esta semana concluyó que el desenlace legislativo de la Ley 3de3 fue una muestra más de cómo la clase política parece más interesada en conservar sus esferas de poder e intereses intactos, que tomar en cuenta los crecientes niveles de hartazgo entre la ciudadanía en torno al tema de corrupción.
"La discusión, las modificaciones y la aprobación del paquete de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Congreso de la Unión, demostraron-una vez más- que el combate a la corrupción dista de ser una prioridad del gobierno y de los partidos políticos", refiere el análisis.
LA APROBACIÓN DE LA LEY
El Senado de la República aprobó el 15 de junio la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como “3de3″, pero a conveniencia de los funcionarios públicos, no como establecía la iniciativa ciudadana.
Con 94 votos a favor y 23 en contra, se dio luz verde a la ley que obliga a los funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Sin embargo, los detalles como valor y ubicación de sus propiedades, o monto total de sus sus cuentas, así como otros detalles específicos, no serán obligatorios y dependerá del funcionario darlos a conocer.
Durante el debate del pleno se aprobó también la presentación obligatoria de declaración patrimonial por parte empresarios que tengan contrato con el Gobierno.
Los legisladores otorgaron al Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para emitir los formatos de dichas declaraciones.
Fue a las 2:00 de la madrugada de ese 15 de junio que se abrió un receso, dejando pendientes tres dictámenes: la ley de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que crea la Fiscalía Anticorrupción y la Reforma al Código Penal para tipificar el delito de corrupción.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana #Ley3de3, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa ciudadana proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
Más de 100 organizaciones, entre universidades, empresas y la sociedad civil se aliaron en el esfuerzo de recolección de firmas y la difusión de la iniciativa, que posteriormente fue entregada a la Cámara de Senadores.
El dictamen aprobado fue redactado por el legislador del PVEM, Pablo Escudero Morales, quien incorporó la palabra “podrá” con respecto a los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.
La cúpula empresarial solicitó 17 modificaciones que le fueron negadas, entre ellas que la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad respectiva, como consecuencia de las faltas administrativas graves de los particulares, procedan cuando el Tribunal solicite la opinión de la Secretaría de Economía (SE) o de la autoridad reguladora de la persona jurídica para evitar afectaciones negativas al mercado o localidad en la que la persona moral opere.
