La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores y ratificada en la de Diputados, protege los intereses de servidores públicos al dar la opción de omitir declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses si estas ponen en riesgo su vida privada, coinciden analistas. Advierten que la aprobación del artículo 32 de esta ley pretende desviar la atención del triunfo ciudadano que significó este paquete de leyes. También conocida como “Ley 3de3” fue redactada por grupos de la sociedad civil y avalada con 634 mil firmas de ciudadanos mexicanos. El 15 de junio de este año, el Senado de la República la aprobó con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. La Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Ley General de Responsabilidades Administrativas contiene una frase que marca un retroceso dentro del triunfo que significó la aprobación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción: lo servidores deberán hacer públicas sus declaraciones “excepto los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Esta condición no estaba incluida en la iniciativa ciudadana presentada en marzo de este año ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron en abril pasado una versión diferente. Esta fue estudiada por los Senadores para su posterior aprobación con 94 votos a favor y 23 en contra, el miércoles pasado. Un día después fue ratificada sin un cambio por la Cámara de Diputados.
En total, 59 senadores votaron en contra de que sea obligatorio que las declaraciones se publiquen de acuerdo con el formato de la Ley 3de3 apoyado por más de 634 mil firmas ciudadanas: 52 legisladores del PRI, seis del PVEM y un independiente. En contraste, 51 senadores votaron a favor sobre la máxima publicidad de las declaraciones: 34 miembros del Partido Acción Nacional (PAN), 16 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un independiente. Además, 17 senadores no votaron ese punto y un Senador del Partido del Trabajo (PT) se abstuvo.
Una vez aprobada en el Congreso, los artículos 29 y 32 han sido motivo de críticas por parte de expertos en la materia y ciudadanos. El primero se refiere a las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses y el segundo, a la obligación de las empresas contratadas por el Gobierno de hacer públicos los mismos rubros.
EL ARTÍCULO 29: DECLARACIONES A VOLUNTAD
El motivo de la indignación sobre el artículo 29 por parte de diferentes grupos de la sociedad radica en que deja al criterio de cada funcionario el hecho de publicar sus declaraciones, ya que si considera que hacerlo pondrá en peligro su vida, tienen la facultad de reservar esta información.
Algunos analistas consideran que esta precisión demerita los logros alcanzados por los grupos civiles al lograr que el Congreso recibiera, estudiara y aprobara esta propuesta. Tal es el caso Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera que los funcionarios, al ser servidores públicos, tienen una responsabilidad con la sociedad para la que trabajan y deben rendirle cuentas a la misma.
“La reserva de información que ponga en peligro la vida es un absurdo, una ofensa a la inteligencia de los mexicanos”, dijo en entrevista Villanueva. Para el experto en transparencia y rendición de cuentas, esta ley es una simulación, debido a que los funcionarios deben hacer pública su declaración patrimonial por ley desde 2003 y sus posibles conflictos de interés desde 2013.
Así, el único aporte de esta ley es agregar la declaración fiscal, “aunque la opción de reservarla es lamentable”, en palabras del doctor Villanueva. La discusión y posterior aprobación de estas leyes tuvo el propósito único de proyectar la falsa imagen de legisladores que se preocupan y trabajan por la rendición de cuentas, fue la valoración del académico.
Esta ley representa un primer paso en la batalla de rendición de cuentas, coinciden Villanueva y Mauricio Merino Huerta, miembro de la Red por la Rendición de Cuentas y profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Aunque el primero opina que un gran problema en la actualidad es que no hay manera de comprobar que las declaraciones sean verdaderas, el segundo celebra lo logrado y llama a no darles a los políticos un pretexto para descuidar su implementación.
“¿Quién va a hacer la investigación sobre propiedades y cuentas bancarias? Al Gobierno le costaría millones de pesos y demandaría la participación de personal que no existe”, consideró Villanueva.
Por otro lado, Merino Huerta opina que “nos vamos a equivocar como ciudadanos si no somos capaces de ver lo que se logra. Si la devastamos antes de que entre en fase de implementación, la clase política va a utilizar ese pretexto para llevar a la práctica estas normas de manera integral”.
UN TRIUNFO GENERACIONAL A PESAR DEL ARTÍCULO 32
La ley que reunió más de medio millón de firmas ciudadanas representa un triunfo generacional, de acuerdo con Merino Huerta. El investigador dijo estar satisfecho con el resultado y negó sumarse al descontento social, ya que “se han ganado batallas para reconstuir el sistema de responsabilidades y vigilancia sobre la gestión pública con la mirada puesta en los hechos de corrupción”.
Sobre el artículo 32, que obliga a las personas física y morales que reciba y ejerza recursos públicos o celebre contratos con dependencias públicas federales, estatales o municipales. Esta fue una medida improvisada e ilógica, de acuerdo con el doctor Villanueva, porque a diferencia de los funcionarios, las empresas no están al servicio de la sociedad y hay otras vías para regular su proceder, como la penal o la administrativa.
“Ojalá tengamos todas las agallas de enfrentar el artículo 32 por las vías institucionales”, propone el doctor Merino, quien asegura que para redondear el triunfo, sería necesario presentar una acción de inconstitucionalidad y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
