«Los informes que se han rendido hablan de 25 carpetas, en las cuales se encuentran 30 o 31 un cuerpos […]. Vamos a abrir la fosa porque no tenemos todos los dictámenes en materia de genética», dijo en entrevista con medios tras su comparecencia ante los legisladores de Morelos.

El funcionario señaló que se solicitará el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las Procuraduría General de la República (PGR), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y organizaciones que asistieron en la búsqueda en las fosas de Tetelcingo, entre otros, y que en aproximadamente dos meses se podrían iniciar las labores de exhumación.

Respecto a los responsables de las omisiones, el Fiscal dijo que ya no laboran en la Fiscalía y que se les abrió una investigación, aunque no precisó nombres.

A raíz de la aparición de las fosas en Tetelcingo, activistas y familiares de desaparecidos empezaron a llamar a los «entierros irregulares» en Morelos, como «Gracofosas», en alusión al Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien tuvo que reconocer la existencia de estos sitios.

Los 117 cuerpos fueron extraídos de las fosas clandestinas al término del 3 de junio tras 10 días de trabajo.

El escándalo sobre las fosas se desató a inicios de este año, luego de que María Concepción Hernández, la primera madre que supo de ellas cuando buscaba a su hijo Óliver, las ubicó e hizo posible se conocieran a nivel nacional e internacional.

La tarde del 24 de mayo del 2013 un grupo de personas secuestraron a su hijo. Apareció sin vida el 3 de junio de aquel año. Pero no fue devuelto a la familia por la unidad Servicios Periciales del estado de Morelos, dependiente de la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJEM). Las primeras pruebas de ADN revelaron una compatibilidad del cuerpo con el de su familia de más del 99 por ciento.

Esto no fue suficiente para devolver el cuerpo, y por decisión de la Subprocuradora Liliana Guevara Monroy los restos de Oliver se quedaron almacenados en esa  institución bajo el argumento de que se necesitaba “judicializar la carpeta”.

La carpeta del joven pasó entonces a las autoridades de Cuernavaca. Las familias comenzaron a visitar dos o tres veces por semana al Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, mientras el cuerpo aguardaba en los frigoríficos de Cuautla.

El 28 de marzo del 2014, en Tetelcingo, trabajadores de Servicios Periciales del estado de Morelos, cumplían una orden de la directora Ana Lilia Guerrero Moreira para inhumar más de 100 cuerpos almacenados hasta entonces en Cuernavaca y Cuautla.

“A fines de noviembre –en el 2014– fue cuando nos enteramos de que ya no había cuerpos en el Semefo [Servicio Médico Forensa] de Cuautla. Y en efecto, ya no tenían ahí cuerpos. Después de eso acudimos con el Fiscal regional, que era ya Juan Manuel Salmerón, y él nos confirmó que el cuerpo de mi hijo ya había sido inhumado”, relató María Concepción Hernández.

Tras ello, lucho porque el cuerpo fuera recuperado y descubrió y alertó de las decenas de cadáveres enterrados. El escándalo salió a la luz.

Los procedimientos de recuperación de los cadáveres iniciaron el mes pasado y provocaron conflictos con las familias desde el primer día, cuando la Fiscalía utilizó un trascabo para retirar la tierra, algo que fue visto como una amenaza a la integridad de los cuerpos. Otras anomalías fueron enlistadas por los padres de familia, como el hecho de extraer 117 y no 116 cadáveres como se previó. Además se encontraron los cadáveres de menores de edad: dos niños y un feto. Algo también inesperado.

Los trabajos de exhumación de los restos, lejos de satisfacer a familiares de desaparecidos, dejaron descontento, dudas y suspicacias. Y desde ese entonces señalaron la posible existencia de una tercera fosa.

Familiares de desaparecidos que tenían la esperanza de encontrar alguna pista de sus seres queridos reprocharon a las autoridades locales la falta de información sobre las decenas de cadáveres.

“Definitivamente no quedamos conformes porque se sabe que hay una tercera fosa, que va pasar con esa fosa, no podemos quedar conformes con los cuerpos que sacaron hasta que no haya un resultado. Y nosotros los familiares tenemos que seguir presionando para encontrar a sus familias y que les den una cristiana sepultura. Hoy termina pero la confianza en las autoridades no está, acuérdese que dijeron que eran 116 cuerpos y salieron 117. Salieron tres niños y partes de cuerpos. ¿Esos cómo los cuentan?”, dijo a SinEmbargo Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, quien desapareció el 20 de febrero del 2011, en Nuevo León.