La CNDH advirtió que en el penal de Barrientos había reos con funciones de cogobierno o autogobierno, quejas por violaciones a derechos humanos, falta de higiene en cocina, comedores y hacinamiento. Uno de los internos denunció que esa cárcel carecía de seguridad y que el día del amotinamiento no fueron 300 reos los que participaron como afirmaron las autoridades sino más de mil.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió apenas en marzo al Gobierno del Estado de México (Edomex) que había sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de personal y ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos en el penal Juan Fernández Albarrán, conocido como Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde el pasado 13 de junio un motín dejó 17 personas heridas y tres reos prófugos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 otorgó al penal una calificación de 6.65, la tercera más alta para las cárceles del Edomex, que presentó una media estatal de 6.73.
El organismo informó que el penal estaba reprobado en el rubro “Aspectos que Garantizan la Integridad Física y Moral del Interno” y recomendó a las autoridades estatales poner especial atención en el problema de sobrepoblación –el penal tiene una capacidad para mil 123 reos y hay 3 mil 914 internos–, hacinamiento e insuficiencia en los programas para la prevención y atención del delito.
La CNDH resaltó que en el centro de readaptación social de Barrientos había una inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del lugar, condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, condiciones materiales, equipamiento e higiene de cocina y comedores, así como deficiencias en la alimentación.
El martes, José Manzur, Secretario General de Gobierno del Estado de México, informó sobre la fuga de tres reos que aprovecharon el descontrol, mismos que no han sido identificados como integrantes de algún grupo delincuencial.
“No tenemos autogobierno en ninguno de los 21 penales que hay en el Estado de México”, aseguró.
Mientras que Eduardo Valiente, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), desestimó que la sobrepoblación en los penales fuera determinante para el motín que desencadenó la fuga de reos.
"Lamentablemente tenemos sobrepoblación, pero si quiero puntualizar que no fue un factor determinante para que se registrara esta riña entre los internos. Empezó con esto, con una riña que se extendió a otros dormitorios y hubo la necesidad de usar la fuerza pública para controlar la situación", dijo el funcionario en entrevista con medios de comunicación.
La CNDH contradice al funcionario. En su diagnóstico sobre las cárceles del país alertó sobre insuficiencia de personal y ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del penal “autogobierno y cogobierno” en ocho de los 10 Centros de Readaptación Social (Cereso) de la entidad, incluido el penal de Barrientos, en donde además informó la existencia de extorsión y soborno.
El diagnóstico también dio a conocer que en la mayoría de los penales de la entidad, existen quejas por violaciones a derechos humanos y deficiencia en su seguimiento.
Felipe, un interno del Penal de Barrientos denunció que esa cárcel carece de seguridad y que el día del amotinamiento no fueron 300 reos los que participaron sino más de mil.
En entrevista con Grupo Fórmula, Felipe dijo que los reos se fugaron por falta de vigilancia de la autoridad penitenciaria.
“El enfrentamiento en el Penal de Barrientos empezó a las 18:55 horas, la autoridad estatal llegó a las 21:30 porque el encargado no avisó”, explicó el interno.
Además señaló que esa noche había un custodio para 3 mil o 3 mil 500 internos de la comunidad sentenciada.
“El Penal de Barrientos carece de seguridad para ir a los juzgados. Los custodios le piden a los internos que abran las celdas”, dijo Felipe.
En su informe, la Comisión recomendó atender el rubro de “Reinserción social del interno” y a los “Grupos de internos con requerimientos específicos” como adultos mayores, programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Sin embargo, la CNDH palomeó la supervisión del funcionamiento del centro penitenciario por su titular, José Luis Vega Carmona, la normatividad que rige al penal así como la capacitación del personal del Centro.
CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS
David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias señaló que además del problema de la sobrepoblación en los penales, la corrupción es el mal mayor.
“Esa corrupción genera que haya grupos de poder dentro de los penales, los grupos que se dedican a la extorsión, venta de drogas, de protección, causado por la sobrepoblación. El penal de Barrientos se ha distinguido por la corrupción desde el ingreso al penal, donde tienes que dejar llaves, te cobran por meter alimentos, un familiar, unas aspirinas. Eso ha provocado que los reos intenten compensar los gastos que sus familias con la de privilegios al interior. Nos han dado las imágenes del penal quemándose y de los tres reos que se fugaron, pero no nos han dado las imágenes en las condiciones en las que viven los reos de privilegio, eso sería importante que permitieran a los medios el ingreso al penal”, señaló.
Mancera Figueroa precisó que él ha entrado al penal y ha sido testigo de la venta de privilegios y de que no todos los reos viven en las mismas condiciones.
“He visto desde la renta de botes para que te sientes, hasta el que te permite sentarte con tus familiares. Esos reos son de privilegio. Los que están ahí por delitos del fuero común no son privilegiados, pero si tienes dinero vivirás mejor adentro”, dijo.
Una de las conclusiones del diagnóstico de la CNDH es que en algunos centros encontraron “áreas de privilegios”.
“En algunos centros se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población”, estableció el organismo.
Las deficiencias más marcadas en el sistema penitenciario estatal tienen que ver con la clasificación entre los procesados y sentenciados, hacinamiento y falta de actividades laborales y de capacitación en el trabajo.
“También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, es decir no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines”, indicó la CNDH.
De acuerdo con la CNDH el diagnóstico nacional es un “referente importante respecto de la situación que guarda el Sistema Penitenciario Nacional”, con el objetivo de contribuir en materia de derechos humanos y para generar políticas públicas.
La aplicación para 2015 se realizó en una muestra de 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, femeniles y mixtos con una población total de 194 mil 977 internos, un 87 por ciento del total de la población recluida en las cárceles de los estados.
