Cuántas veces le hemos escuchado decir a la asociación que agrupa a las refresqueras –a Coca Cola y Pepsico no les gusta hablar directamente, no quieren exponer su marca, mezclarla con las mentiras que propagan– que el consumo de bebidas azucaradas no está ligado a la obesidad y la diabetes e, incluso, a la caries dental. Estas empresas han pagado expertos internacionales y nacionales, así como asociaciones de diabetes y de profesionales de la salud para neutralizarlos, o para que salgan en su defensa y en contra de las medidas que buscan reducir el consumo de sus productos.
El 17 de mayo pasado el juez de Distrito de California, Edward M. Chen, de los Estados Unidos, respondió a una demanda de estas empresas que pretendía parar la decisión de los legisladores de la ciudad de San Francisco de obligar a que toda la publicidad de bebidas azucaradas en esa ciudad porte una leyenda de advertencia que indique que estas bebidas contribuyen a la obesidad, la diabetes y la caries dental.
Los demandantes -la Asociación Americana de Bebidas (léase Coca Cola, Pepsico y Snapple), la Asociación de Anunciantes en Exteriores de California y la Asociación de Minoristas de California- argumentaron que se violaban sus derechos constitucionales, especialmente, su derecho a expresión en materia comercial.
Lo que se puso en disputa en este caso fue definir quien tiene un derecho superior: los comerciantes o los consumidores. La resolución del juez Chen es histórica, como lo han sido algunas anteriores en materia de tabaco, al poner el interés de la salud pública por encima de los comerciales. Varios de los argumentos presentados por la industria contra este etiquetado de advertencia son parte de los que se han presentado en México contra el impuesto a estas bebidas y, por lo tanto, los razonamientos del juez se pueden aplicar perfectamente para el caso mexicano.
La iniciativa para establecer la advertencia en la publicidad de estas bebidas en San Francisco tiene ya dos años y la demanda de la industria contra ella se presentó en julio de 2015. Las partes acordaron que la ciudad no implementaría la medida hasta que el juez no diera un dictamen final después de realizar una serie de audiencias y recibir argumentos y pruebas a favor y en contra.
La resolución del juez es impecable, basada en la evidencia científica, estableciendo un precedente muy importante en relación a las bebidas azucaradas y su daño comprobado a la salud, respaldando la necesidad de disminuir su consumo. Esta resolución debe ser analizada en México, al menos por funcionarios, legisladores y jueces. La resolución responde a los argumentos de la industria que niega el vínculo del consumo de bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes y la caries dental. Responde a argumentos de las refresqueras que han sido utilizados en México contra el impuesto en el sentido de que el consumo de las bebidas azucaradas sólo contribuye al 6 por ciento del consumo total de calorías. Por lo tanto, no es un producto que en sí mismo represente un riesgo a la salud y reducir su consumo no tendrá un beneficio, argumentan.
En su resolución, el juez Chen expone: “El consumo humano de bebidas azucaradas está relacionado con innumerables problemas serios de salud incluyendo, pero no limitados, a: aumento de peso, obesidad, enfermedades coronarias, diabetes, caries dental, y otros problemas de salud. La evidencia científica muestra que subyacente a estos problemas crónicos de salud está el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está caracterizado por cambios bioquímicos en el organismo que pueden llevar a la obesidad. La resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia (colesterol alto) y grasa viceral”. El juez cita precedentes científicos y de procesos legales llevados en Estados Unidos que reconocen estos daños y que señala claramente: “Mientras más personas con obesidad sufren síndrome metabólico, personas con peso normal pueden adquirir síndrome metabólico también, a causa de malos hábitos en su dieta”.
La industria refresquera ha centrado su argumento en que bajar el consumo de estas bebidas no tiene sentido porque representan sólo el 6 por ciento del consumo total de calorías. Sin embargo, la resolución señala que el problema radica en que estas bebidas son la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta de los californianos. Este argumento, basado en evidencia, pone el acento en los azúcares añadidos que tienen un efecto muy diferente metabólico que las calorías provenientes de otros alimentos. De ahí, que se subraye que el daño del consumo de estas bebidas no pasa necesariamente por el aumento de peso, los daños que provocan se encuentran en personas que están en su peso y esto ya se detecta en niños, como lo explica en México el Dr. Salvador Villalpando de la Clínica de Obesidad del Hospital Infantil.
Es difícil para los consumidores dimensionar la cantidad de azúcar añadida que tiene, por ejemplo, una Coca Cola de 600 mililitros. Para darse una idea, contiene la misma cantidad de cuatro bolas de helado de 50 gramos cada una (Cart d’or de chocolate). Esta concentración de azúcar es lo que ha dado en llamar a estas bebidas; “caramelos líquidos”. Cuando la población tiene un consumo promedio diario de cerca de medio litro de estas bebidas, podemos darnos una idea del daño que esto significa a la salud. Es que en estas condiciones se requiere, sin duda, una etiqueta de advertencia.
La industria, en su demanda contra el etiquetado, argumentó, como lo ha hecho en todo el mundo, que esta medida contra un producto en específico es discriminatoria y que la causa de la obesidad es multifactorial. La respuesta del Juez fue clara en señalar que una sola bebida contiene una cantidad de azúcar por encima del límite recomendado por la Asociación Americana del Corazón para los adultos y aún más para los niños. “No debe sorprender que un alimento o bebida que provee esa cantidad significativa de azúcar en una porción sea un “objetivo”, particularmente cuando no aporta ningún valor nutritivo”, señala el Juez.
Chen escribe en la sentencia: “El Reporte de 2015 del Departamento de Agricultura concluye que el consumo de azúcares añadidos impacta negativamente en la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y la caries dental, y da evidencia muy sólida que demuestra que disminuir el consumo de azúcares añadidos reduce los riesgos de salud”.
Lo que nos debe alertar es la gran diferencia entre los índices de sobrepeso y obesidad en la población adulta de San Francisco y México: en esa ciudad es de 41.8% frente a más de 70% en nuestro país. Además, en México las bebidas azucaradas aportan el 70 por ciento de loa azúcares añadidos que consume la población, en San Francisco es de alrededor del 40%.
Se señala, como un argumento más para respaldar el etiquetado de advertencia, que los etiquetados no ofrecen información sobre los azúcares añadidos a los productos. Al respecto, informamos la semana pasada que Michelle Obama acaba de anunciar que esta información será incorporada en los productos. El paso a escala federal en los EUA es importante al ofrecer esta información, sin embargo, es necesario que los productos adviertan del riesgo que representan cuando su consumo es un factor de deterioro de la salud de la población. El que aparezca en la cara posterior de los productos la cantidad de azúcar añadida en medio de una lista de otros ingredientes no garantiza que los consumidores tomen consciencia sobre sus riesgos.
Sin duda, si el consumo de bebidas azucaradas fuera muy esporádico y representara un porcentaje muy reducido del consumo de azúcares añadidos, no estaríamos hablando de un etiquetado, de prohibir su publicidad a niños, de sacar estos productos de las escuelas, de establecer impuestos, todas medidas para reducir su consumo. Recientemente, la presidente de Coca Cola en Australia, Alison Watkins, declaró que no existía ningún problema con consumir una Coca a la semana. Estamos de acuerdo, el problema es que se consume una o más diaria. Si solamente se consumiera una a la semana, dejaríamos de actuar y de impulsar estas políticas cuando bajemos nuestro consumo a ese nivel.
No se habla de prohibir estos productos, pero sí de proteger la salud pública cuando los efectos de su consumo son una causa muy importante de una epidemia que ha puesto ya a los sistemas de salud de varios países en colapso. En el nuestro, se ha anunciado que la diabetes mató a 90 mil personas en 2014 y, según el Global Burden of Diseases, las bebidas azucaradas son responsables de la muerte de 24,100 personas cada año en México.
“La ciudad ha provisto evidencia indicando que, además de los niños, ciertos grupos en la comunidad son particularmente afectados por los azúcares añadidos en sus dietas. Los niveles de consumo son mayores entre afroamericanos, hispanos e individuos de bajos ingresos, los grupos en los que existe una prevalencia desproporcionada de obesidad y de enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad”, destaca la resolución. “Las bebidas azucaradas son agresivamente publicitadas sin proveer a los consumidores de información básica, sean niños, adolescentes, adultos jóvenes, u otros”, añade la resolución.
Cuando leemos al Juez Chen: “El interés público pesa a favor de la Ciudad, desde que la Ciudad está tomando acción legítima para proteger la salud pública y la seguridad”, nos preguntamos: ¿en qué está la asamblea legislativa de nuestra capital?, ¿en qué están los legisladores federales en un país que tiene uno de los más altos niveles de muertes por diabetes en el mundo y de consumo de estas bebidas?.
Es urgente que la política federal de prevención de la salud en México refuerce el impuesto a las bebidas azucaradas con otras medidas dirigidas a advertir a los consumidores del daño de estos productos, y a regular más efectivamente su publicidad, así como a asegurar que estas bebidas no están más al interior de las escuelas.
