Algunos les llaman leyes “bala”, haciendo alusión a los proyectiles que son permitidos en varias entidades de la República para interceptar manifestantes. Los eufemismos para referirse a las armas letales son tan variados como creativos. La discrecionalidad impresa en estas leyes es el común denominador que faculta a cualquier elemento de las fuerzas armadas (locales o federales) para disparar contra un manifestante. No hay restricciones, si entre los manifestantes caminan pacíficamente adultos mayores o niños pequeños, las balas pueden ser activadas. Entonces, más que leyes bala habríamos de llamarlas leyes de muerte. Avizoran desgracias, atentan contra la libre protesta y en un simulado estatuto de legalidad, pueden convertir en asesinos a quienes deberían velar por la seguridad de los manifestantes.

El Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas hace apenas un mes obtuvo la mayoría en el Congreso local para que fuera aprobada una Ley que, sin mayor simulación aprueba que los agentes policiacos hagan uso de armas “letales” en casos “estrictamente inevitables”. Independientemente de que se describe con detalle el contexto en el cual un agente puede justificar la inevitabilidad del uso de armas letales, queda espacio suficiente para que cada policía haga su propia interpretación del momento y decida matar a quema ropa.

Los espacios en los que Eruviel Ávila legaliza el uso de armas letales no se reducen a manifestaciones en el espacio público, sino que pueden intervenir en embargos, desalojos, y centros de readaptación social. Lo más alarmante es que extiende esta Ley de la muerte a “asambleas” y “reuniones” en espacios públicos que, bajo la percepción de los agentes policiacos, se tornen violentas.

Su insensibilidad para entender el derecho a la protesta no debe extrañarnos. Para el Gobernador Ávila Villegas, desalojar indígenas de sus tierras y despojarlos de su santuario es una necesidad imperante, en tanto sus negocios con las filiales de la empresa Higa puedan concretarse. En esta lógica, un otomí de San Francisco Xochicuautla que se oponga firmemente a que se le arrebate su territorio para la construcción de una vía privada, podría ser asesinado “legalmente” gracias a esta nueva Ley. Por lo pronto los policías arremeten amenazas contra los pobladores y los amagan para que acepten el dinero que se les está ofreciendo para que permitan la demolición de sus viviendas. El Gobernador Ávila Villegas y la empresa de José Armando Hinojosa Cantú denominada Autopista de Vanguardia S.A. de C.V. violaron la suspensión definitiva que el juez otorgó a esta comunidad otomí, para que sus tierras no les fueran despojadas. Los mismos agentes policiacos que interpretarán cuando usar armas letales, son quienes en un grupo de casi 700 integrantes sitiaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla y comenzaron a derribar inmuebles desacatando la orden del juez. Habremos de estar atentos de su criterio para hacer uso de armas de fuego contra la comunidad en cuanto lo consideren “estrictamente inevitable”.

La prueba de la muerte de inocentes que estas regulaciones producen, es la muerte del niño José Luis Tehuatle en Puebla. A pesar de que el Gobernador Moreno Valle aseguró que su “Ley Bala” sería derogada, se ha burlado de todos y la mantiene vigente. No son pocos los gobernadores que se sienten seducidos por la represión de oponentes. Eruviel se suma a las prácticas autoritarias de Manuel Velasco en Chiapas y de Mario López Valdés en Sinaloa.

Manipular leyes, desacatar órdenes y legitimar el uso de la violencia del Estado para finiquitar negocios privados, se han convertido en el sello de un sexenio en el que el poder político no se sustenta en el diálogo ni en la deliberación democrática. En cambio, les sobra habilidad para revestir la represión más rancia y vulgar con una ley que mata.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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