Frente a la crisis de derechos humanos que vive México, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió ejercer la intolerancia y el autoritarismo.

Su resistencia a las observaciones externas, tanto de la relatoría especial de la ONU, como de la CIDH; además de la campaña de desprestigio contra el GIEI y hasta la tentativa de una denuncia por fraude contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, apestan a algo peor que la vieja práctica de matar al mensajero.

No es secreto que frente a las graves violaciones de derechos humanos que año con año se documentan en nuestro país, las víctimas no tienen garantía alguna de acceder a la justicia. La cifra de impunidad rechaza todo argumento: 98 por ciento.

Ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, secuestrados, asesinados y desaparecidos con casi total impunidad en México.

De acuerdo con la CNDH, van 109 homicidios de periodistas desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, así como 20 desapariciones desde el 2005. Además, en la Recomendación General 25, la CNDH señaló que del 2009 a la fecha se han registrado tres desapariciones de defensores, mientras que tiene conocimiento de 29 homicidios desde el 2006.

Lo grave es que de los 380 expedientes iniciados desde el 2006 por agresiones a defensores, en ninguno de los casos reportados hay sentencias condenatorias. ¡En ninguno!

Esta situación es propiciada por la impunidad y la falta de protocolos de investigación, consideró Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional, según nota de Reforma

La mayor parte de las agresiones suelen venir de funcionarios públicos, particulares y el crimen organizado. Pero otros actores de poder como organizaciones civiles “comparsa”, partidos políticos, caciques y hasta medios de comunicación cooptados vía publicidad oficial, ya vieron que agredir al incómodo sale gratis en México. Como dice el dicho: ya aprendieron el caminito.

En ese contexto, son pocas las alternativas que los periodistas y activistas mexicanos tienen frente a la violencia. Por eso organizaciones con soporte internacional como Article 19 y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son indispensables para brindar una oportunidad de visibilidad y protección ante situaciones de riesgo.

Por eso es muy grave que ahora se enfile contra la CIDH, una institución que se ha constituido en una de las alternativas más fuertes en la promoción y defensa de los derechos humanos de periodistas y activistas mexicanos.

La intolerancia que muestra el gobierno mexicano ante las críticas por la evidente tendencia creciente de la crisis humanitaria es anacrónica. Mientras que el Presidente Peña Nieto repite en sus discursos su aspiración por la modernidad y el progreso, alguien debe recordarle que no hay desarrollo posible sin garantía para los derechos humanos. Especialmente los de las minorías.

Como señala el filósofo alemán Axel Honnet: una sociedad que aspira al reconocimiento debe permitir el ejercicio de “la diferencia”, tanto en sus criterios democráticos como en las normas del derecho que la rigen. La libertad de expresión, la crítica y el disenso pertenecen a la esfera de esa “diferencia”.

Por eso las reacciones recientes del gobierno mexicano son motivo de preocupación. Por más que lo quieran negar nuestros gobernantes, el retroceso autoritario está allí. Pues a la estrategia de simulación institucional de la FEADLE y el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ahora tendremos que sumar una dinámica mucho más agresiva: la de apuntar el acoso y el descrédito gubernamental contra un nivel institucional superior, aquel que tiene como uno de sus roles defender a las voces incómodas, en este caso la CIDH.

Vale reflexionar sobre la gravedad que implica esta nueva modalidad de intolerancia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Sobre todo porque es claro que no quedan muchas opciones dónde acudir. Porque las instituciones “especializadas” internas que hemos creado y que se pagan con recursos públicos no funcionan.

El desacreditado informe de la CIDH lo señala: la justicia en México es una “simulación”.

Pero en lugar de ocuparse de las tendencias crecientes en agresiones, de la indefendible cifra de impunidad y de la escandalosa corrupción, el 2 de marzo anterior, el Gobierno mexicano a través de la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, refutó el informe alegando sesgos en la metodología y la ignorancia de “más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos en un país cómo México”. Ante la violencia, nada como el rollo.

Si creíamos que la impunidad como regla general para borrar a periodistas y activistas era el peor nivel de intolerancia al que podíamos llegar, nos equivocamos. Ahora, en medio de la vulnerabilidad que generan la corrupción, el crimen organizado y el poder político, el gobierno mexicano ha decidido llevar las cosas a otro nivel: mejor matar el defensor.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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