A falta de voluntad política, ¡presión! Ese parece ser ahora el eslogan que los ciudadanos esgrimen contra la corrupción en México.

Un despertar de conciencia que constituye el germen de diversas iniciativas y esfuerzos a nivel nacional. Sin duda la más significativa por su alcance y pertinencia es la Iniciativa de la “Ley 3 de 3” que empujan el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y su director Juan Pardinas, en alianza con empresarios, academia y sociedad civil.

El objetivo de esa iniciativa ciudadana es volver ley el que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de posible conflicto de intereses. De lograrlo, se estarían acotando de manera muy relevante las posibilidades de cometer actos de corrupción por parte de nuestros gobernantes, pues podríamos saber con detalle datos como su patrimonio, sus ingresos, el origen de estos, sus compromisos empresariales y familiares, etc.

Saber con cuánto arrancan sus mandatos y con cuánto terminan, y si la diferencia corresponde a lo ingresado por sus actividades laborales y empresariales.

En pocas palabras, la iniciativa serviría para arrojar luz donde todo es secrecía. Y serviría también para empezar a reducir el monstruoso daño económico e institucional que nos endilga la corrupción a diario.

Según el libro México; anatomía de la corrupción, de la Dra. Ma. Amparo Casar, la corrupción le cuesta a México 9 por ciento del PIB (fuente: Banco de México). Pero, sobre todo, agrava otros males como la desigualdad, el acceso a la justicia o el crimen organizado.

También es una de las razones que explica nuestra poca confianza en las instituciones y nuestro desencanto con el sistema democrático. Es decir, la corrupción es compleja, multifactorial y nos sale muy cara. Pero, sobre todo, es degenerativa.

Los sistemas complejos como este se suelen regular con información. Por eso la importancia de trabajar en la transparencia como eje transversal de toda política pública. Tenemos que dejar de ver el acceso a la información como una concesión de la clase política y empezar a entenderlo como lo que es: el derecho de la sociedad a saber lo que sucede con la cosa pública.

Mientras mayor acceso tengamos a información precisa, veraz y expedita, más difícil será para los responsables del aparato público violar las leyes y hacer mal uso de los recursos.

Pero no podemos ser ingenuos, no podemos creer que un día de pronto vendrán nuestros alcaldes, diputados o gobernadores a ponernos en bandeja de plata toda esa información que evidenciaría de golpe sus malas prácticas y peores delitos.

No, tenemos que partir de la premisa de que ese derecho lo iremos “conquistando” de a poquito. Ganando metro por metro del territorio público que le hemos dejado a la clase política apropiarse.

Cuando vemos a los políticos hacer uso de los recursos públicos como si fueran suyos, están siendo congruentes: ¡son su patrimonio! Lo son precisamente porque los ciudadanos dejamos que fuera así.

Por eso hay que celebrar y apoyar toda iniciativa ciudadana que busque acotar la corrupción de el modo correcto.

En un caso local, esta semana, el Presidente de Coparmex Sinaloa, Enrique Pun, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para elevar las penas a los funcionarios por los delitos de peculado o mal uso de los recursos públicos.

Se propone modificar el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales para incluir como graves, los delitos de los servidores públicos; subir hasta 15 años la prisión para los funcionarios públicos que se apropien de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades de la administración pública del Estado; y hasta 15 años de prisión, también, para el servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público incurra en enriquecimiento ilícito.

Y en total congruencia, los empresarios también proponen aumentar las penas para los delitos cometidos por proveedores y contratistas del gobierno.

La iniciativa es interesante porque significa un parte-aguas en la relación que el empresariado sinaloense ha mantenido con el poder político. Exigir mayores castigos es un claro mensaje de que nadie está contento con el tufo a corrupción que despide la administración de Mario López Valdez.

Parece que por fin empezamos a entender que nuestros gobiernos son tan buenos o tan malos como el modo en que ejercemos nuestra “dueñez” ciudadana.

Este tipo de presión organizada por parte de la ciudadanía no alcanzará para limpiar de la noche a la mañana nuestros mayores problemas. Pero sin duda son un paso firme y relevante en la dirección correcta: les mexicanos cada vez aprendemos más a dirigir nuestra indignación en el sentido correcto y a articular nuestros esfuerzos de manera coordinada para incidir con eficacia en el poder público.

Falta mucho por aprender, todavía nos dominan los egos, los intereses y las presiones.

Todavía corremos el riesgo de recibir una auditoría sorpresiva, una “llamadita” del poderoso o un ataque directo contra nuestra integridad. Pero las más de 120 mil firmas conseguidas para empujar la “Ley 3 de 3” son un mensaje de esperanza que no podemos soslayar.

Todavía queda empujar la iniciativa en el Congreso y que los diputados escuchen de verdad el reclamo ciudadano que implica la Ley 3 de 3. Que la aprueben sin mutilarla y que las instituciones de procuración de justicia empiecen a aplicarla contra los corruptos.

En materia de combate a la corrupción ya no hace falta diagnóstico, lo que urgen son precedentes.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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