Nuestro pensamiento constitucionalista tiene dos tareas que viene arrastrando desde hace casi doscientos años. La primera es creer que se puede alcanzar un régimen de gobierno perfecto con sólo decretarlo. La segunda es apostar por procedimientos aparatosos a nivel constitucional, en lugar de mecanismos en leyes secundarias que podrían ser más eficientes.
La segunda tarea es una de las causas por las que impera la impunidad. El ejemplo por excelencia es el juicio político. Bien diseñado, sería el mecanismo extremo de control del poder legislativo contra los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del nivel de gobierno respectivo. Y recurrir a esto implicaría que la corrupción es más grande de lo que se piensa. Como pasa con una bomba nuclear, puede acabar con el problema pero los deja a todos radiados. Por eso en Estados Unidos no han prosperado más de 20 juicios políticos e incluso Nixon prefirió renunciar antes de que se le iniciase.
Al contrario, nunca ha prosperado un juicio político en México. Hay momentos donde pareciera que alguno podría prosperar, como fue el caso de Roberto Madrazo a finales de los noventa. Sin embargo nada pasa. Una de las razones es que hemos convertido a la bomba nuclear en un chiste.
En primer lugar, mientras en otros sistemas presidenciales el juicio político se aplica a las cabezas de los poderes ejecutivo y judicial de un nivel de gobierno determinado, hay más de 3 mil políticos mexicanos que podrían ser sujetos de este procedimiento a manos del Congreso de la Unión. La magnitud en el número de las personas sólo fortalece la red de complicidades. A fin de cuentas, y como diría el adagio, si se va uno ¿quién apaga la luz al salir?
Por otra parte en otras democracias los legisladores no son sujeto del procedimiento extremo que ellos inician. Si llegase a haber un escándalo que ameritase una pena similar, las constituciones establecen que pueden ser expulsados por el voto de las dos terceras partes de la asamblea a la que pertenecen.
Los procedimientos internos en ambas cámaras para que prospere el juicio político son tortuosos y se deciden según intereses partidistas. Esto significa que no puede haber condena sin acuerdo previo entre los institutos políticos.
Finalmente asumamos que con todas las trabas y puntos de veto internos las dos cámaras del Congreso de la Unión sacan adelante el juicio político contra Javier Duarte y lo declaran culpable. Aun así quien tiene la última palabra sobre si prospera o no es el Congreso del Estado de Veracruz según la Constitución Política federal. Y actualmente el PRI tiene la mayoría simple y junto con sus aliados la calificada.
Es urgente revisar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo sirve para proteger políticos. Al mismo tiempo es necesario ver otros mecanismos menos espectaculares y más eficaces para permitir la responsabilidad de los servidores públicos. Poco se logrará si insistimos en conservar las dos taras de nuestro pensamiento constitucional.
Agradecimiento
Hace poco más de cuatro años inicié mis colaboraciones en este medio. Hoy cierro este ciclo. Quiero agradecer a Jorge Zepeda Patterson su generosidad, a Alejandro Páez Varela sus opiniones como editor y a Carlos Álvarez Acevedo el haberme abierto las puertas a este medio que siempre consideraré como mi casa.
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