Los derechos humanos son nuestra gran fisura. Una fisura que amenaza con resquebrajar el Estado completo. ¿Cuál es la finalidad de una democracia? Si no la de garantizar con toda la progresividad posible, aquello que nos define como personas.

Hechos recientes evidencian que los derechos humanos de los mexicanos importan muy poco a nuestros gobernantes. No son parte de la agenda, menos una prioridad.

De manera grave por ejemplo, el Secretario de Educación Aurelio Nuño, en un evidente cálculo electoral que no es de él, sino de su Jefe, se atreve a posponer la prueba PLANEA. La razón: este gobierno no quiere ser evaluado en materia educativa, no al menos en época electoral. Con esta acción el Secretario y la SEP afectan uno de los derechos humanos fundamentales de la niñez mexicana: el derecho a recibir educación de calidad.

También cabe mencionar el asesinato de la reportera veracruzana Anabel Flores, quien laboraba para El Sol de Orizaba. Un grupo armado y uniformado se metió a su casa, la sacó por la fuerza y unas horas después fue encontrada muerta por asfixia en Puebla con signos de tortura. Su foto grotesca ya le dio la vuelta al mundo y la Fiscalía de Veracruz, para variar, salió a criminalizarla antes de investigar. Igualito hicieron con Rubén Espinoza en la Narvarte. Vaya justicia: descalificar a la víctima en lugar de capturar al victimario. Luego el mismo Gobernador tuiteó que la orden la dio un jefe criminal ¡desde la cárcel!

Y aquí quiero insistir: si la reportera tenía o no vínculos con el crimen organizado, es deber de las autoridades encontrar a sus asesinos, aclarar el móvil y entonces sí, comunicar el caso. ¡Después, no antes! Porque la presunción de inocencia de la reportera brilla por su ausencia. Como dice Adela Navarro del semanario Zeta: en México el derecho de los ciudadanos a estar informados se vulnera cada vez que muere otro periodista. El más reciente informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) es contundente: México ha sido el tercer país más peligroso del mundo para la prensa en los últimos 25 años.

En mi estado, Sinaloa, los derechos humanos son letra muerta, la semana pasada 13 personas murieron en una emboscada en San Ignacio, al sur del estado. Los pobladores del municipio lanzaron un grito desesperado: ¡tienen sólo 19 policías municipales para cuidarlos! El Alcalde dice que el municipio está “tranquilo”. De la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de los ciudadanos ni hablamos.

Imposible soslayar la matanza de 49 reos en el penal del Topo Chico en Nuevo León. Una matanza que es producto del mismo mal añejo que aqueja a prácticamente todos los penales del país: el control del crimen organizado gracias a la corrupción de las autoridades penitenciarias y de la vista gorda de los gobernadores. Un hecho que ya le dio insumos a la partidocracia para golpear a Jaime Rodríguez “El Bronco”. Quién tiene, por supuesto, una responsabilidad institucional en el asunto y tendrá que resolver esa crisis. Cuanto antes, mejor.

Todos son hechos que sucedieron apenas hace unos días pero que no son una nueva dinámica, sino la reiteración de una conclusión ya muy vieja y dolorosa: que somos un país de hoyos negros de legalidad, de fosas clandestinas y de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Violaciones que pueden suceder por una razón difícil de tragar para el resto del mundo: una casi absoluta impunidad.

Allí está el “Índice de Impunidad” de la Universidad de las Américas de Puebla: en México nuestro sistema de justicia hace agua por todas partes. Y no se puede garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de una sociedad si la justicia es un bien escaso, exclusivo y caro.

Por eso el reclamo generalizado en redes y medios durante la visita del Papa Francisco a México tiene como fondo esa sed de memoria, verdad y justicia. Dudo mucho que el Pontífice se refiera a los casos de pederastia de Marcial Maciel o a los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Si bien ha mantenido un tono exigente al señalar a la clase política por sus egoísmo y privilegios, no creo que apueste a polemizar. Entiendo que llame a la juventud a “evitar la tentación del narco”, pero en el México de la desigualdad y las élites, el narco es también una oportunidad.

Pero rescato que su visita, más allá de la fe y las creencias particulares de cada uno, ha servido para poner otra vez en la conversación general el gran pendiente que tiene nuestra clase política con la garantía y el respeto por los derechos humanos. De los ciudadanos depende si queremos dejarla en el circo mediático o la usamos como punto de partida para una discusión urgente y necesaria.

No podemos seguir así. En su libro El camino de la esperanza, Stéphane Hessel y Edgar Morin advierten que los futuros brillantes han muerto, pero todavía cabe la esperanza de construir futuros posibles: “… la noción de bienestar se ha reducido a su sentido material… pero no comporta en absoluto lo propio del buen vivir: el florecimiento personal, las relaciones amorosas, la amistad, el sentido de comunidad”.

Vale recordarlo cuando seguimos concentrados en las reformas económicas, el dólar o el precio del petróleo; mientras tanto, la corrupción, la violencia, el miedo y la muerte son el titular nuestro de cada día.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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