Es un juego perverso. Un día el gobierno federal nos esconde cómo, por dónde y cuándo sucedió la fuga de Joaquín Guzmán Loera de la cárcel de máxima seguridad de nuestro sistema penitenciario. Se escudan en el sigilo de la investigación para dar a cuenta gotas los resultados de las primeras indagatorias. Hay más confusión que certezas. Expertos van, expertos vienen, pero el hecho es que, con preparación y producción, Guzmán Loera decidió unilateralmente romper su cautiverio. El gobierno, en su intento de control de daños afirma que ha detenido a decenas de custodios (vaya, los peces pequeños) y que llevará a cabo una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Difícil de creer, tanto que parece broma. Pero bueno eso dicen, eso siempre dicen. Lo que es imborrable es que las imágenes revelan el alto nivel de corrupción que existe dentro del sistema penitenciario, la Policía Federal y el Cisen, que no hicieron nada previo a la fuga, ni minutos después de ésta. Y, más aún, la simple y grosera mentira del excomisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Semanas más tarde se filtra otro video (con el audio ambiental) en el momento en que el convicto desaparece por el piso de su regadera. Más preguntas, menos respuestas. El ruido era monumental y al parecer nadie se inmutó. Siguen sin rodar las cabezas de los responsables, mientras que los operadores están en el paredón. El video del momento de la fuga fue filtrado a Televisa para que el popular programa de Carlos Loret de Mola lo difundiera. Se dice (y perdón por tanta inexactitud, pero así nos traen) que la filtración viene de la Procuraduría General de la República (PGR); no se sabe quién lo filtró; nos prometen investigar para determinar al filtrador. Lo que es obvio es que dicho elemento audiovisual no estaba apilado en cualquier escritorio de la PGR para que cualquier funcionario se pusiera creativo —ya sea motivado por dinero o por el interés público del material— y se lo pasara a Carlos Loret.

El video de la fuga es de interés público. Aunque no aclara muchos detalles, sí aporta información sobre el hecho. La filtración puede estar sustentada en muchos motivos. Si la motivación de divulgarlo fuese el interés público del video para que la sociedad conociera que no fue en completo sigilo como se fugó, sino que custodios y presos podían escuchar el ruido del trabajo de excavación que se realizó (y lo que eso significa para una prisión de máxima seguridad) entonces estaríamos ante un hecho de un whistleblower. Es decir, una persona que antepone el interés público a la secrecía de la investigación.

Dudo que ése sea el motivo de la filtración. Me inclino a pensar que dentro del gobierno hay un fuerte pugna y el Presidente no se ha cansado de recibir duros golpes que están provocando una caída al 35 por ciento de aprobación: el más bajo en los últimos 20 años. Un hecho preocupante para nuestra neófita democracia; revela que el presidente no puede sostener un colapsado sistema de corrupción y que las traiciones están a la orden del día. Ahora bien, ¿quién quiere y puede dañar al Presidente?

También llama la atención la forma para hacerle daño. Es decir, que haya sido a través de Televisa, pantalla amiga de la casa presidencial. No es que el video no tuviera valor periodístico para que la televisora lo publicara, claro que lo tiene. Más bien, la duda es, debido a que no ha publicado muchas cosas de interés público para no dañar la imagen presidencial, ¿por qué ahora decidió golpearlo?, ¿habrá reajustes en la negociación cupular?

La cadena estadounidense NBC reportó que tres agentes  de ese país le informaron que la semana pasada interceptaron llamadas telefónicas que ubicaban a Guzmán Loera en Cosalá, Sinaloa. Inmediatamente se filtró que el prófugo estaba lesionado pero que habría librado el cerco de la Marina. Es decir, de ser cierto que lo tenían ubicado, se les volvió a escapar. Parece broma, pero no lo es.

Mientras esto sucedía, hay dos hechos que aportan datos para entender el contexto que está viviendo el gobierno de Peña Nieto. El primero tiene que ver con el duro golpe de otro aliado presidencial, Estados Unidos. Al parecer, la crisis grave y generalizada de derechos humanos en el país comienza a pasarle facturas al gobierno federal. El gobierno de Obama retiró el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida de combate al crimen organizado, con el argumento de que no puede verificar avances en materia de búsqueda de desaparecidos y combate a la tortura, entre otros temas. El monto quizá no sea tan significativo —hablamos de 5 millones de dólares— pero el gesto sin duda es relevante, escribió Mario Campos.

Por su parte, el gobierno mexicano rechazó “cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país”, después de que Estados Unidos retuviera una parte de los fondos. Es decir, nuestra crisis la juzgamos nosotros, nadie más. Aires del pasado rondan los pasillos de la administración pública federal.

Nunca me cansaré de citar el mensaje del semanario The Economist que decía: “no entienden que no entienden”. Y Mientras tanto, el gobierno federal sigue rehuyéndole a reconocer el grave momento por el que pasa el país y siga fiel a su estilo de manipular la información y aparentar con mensajes vacíos medidas necesarias. El último fiasco que también revela lo perdidos que están en Los Pinos fue el efímero lanzamiento del spot presidencial “#yacholecontusquejas”. Su corta  vida al aire se debió al alud de burlas y críticas de usuarios de redes sociales. Pero más allá del desatino creativo, ¿la preocupación está en conocer si los reclamos, señalamientos, quejas, etcétera, de una parte de la población son vistas como simples quejas por parte del gabinete presidencial? La burla fue tal, que el error de la Presidencia de la República llegó hasta la pantalla de uno de los comediantes más tenaces y populares hoy día, John Oliver. Alguien en Los Pinos no está entendiendo qué está pasando ni cómo resolverlo. Eso es lo que nos debe preocupar, que nadie en el gobierno quiere cambiar el rumbo. Esto quiere decir que la caída libre no se ha detenido.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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