Por Itzel Silva Monroy.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una vista a México del 28 de septiembre al 2 de octubre pasados. La denominada visita in loco tuvo por objetivo realizar observación sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, para lo cual, los miembros de la CIDH se entrevistaron con víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y autoridades del gobierno mexicano.
Es tal la situación de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, que en esta ocasión, la CIDH expresó su interés por recibir información particular en torno al fenómeno de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, además de periodistas, defensores de derechos humanos, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos y seguridad ciudadana, todo en el contexto de violencia en México.
Así, tras 5 días de trabajo de recuperación de información en campo -a la cual se suma la información que dicho órgano obtiene cotidianamente vía peticiones de casos, solicitud de medidas cautelares y audiencias temáticas-, la CIDH presentó el viernes 2 de octubre, sus observaciones preliminares sobre la visita. En dicho documento, señala “la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”; la CIDH también es clara al apuntar que esta crisis y problemas como la impunidad son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas.
Sin embargo, tras la presentación de dichas observaciones preliminares, las autoridades del gobierno mexicano descalificaron su contenido; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, entre otras cosas, declaró: “…no compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”.
La postura del gobierno mexicano es escandalosa, y sólo confirma, por un lado, el desdén que siente por los organismos internacionales de protección a derechos humanos, y por otro, su falta de compromiso para atender la crisis que vivimos y que ha sido reportada por la CIDH. Recordemos que en marzo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores descalificó el trabajo del Relator contra la Tortura de Nacionales Unidas, Dr. Juan Méndez, quien tras su visita a México, apuntó que la tortura es una situación generalizada en el país. Dicha Secretaría acusó al Relator de irresponsable y poco ético, evidenciando su incapacidad de reconocer la gravedad de la problemática.
De hecho, el día de ayer, Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también realizó una visita en estos días a nuestro país, señaló su inconformidad por los “virulentos ataques personales” en contra del Relator, añadiendo que “desafortunadamente esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes sobre México”.
Al igual que lo apunta el Alto Comisionado, consideramos que “ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido’’. El tiempo ha demostrado que mientras el gobierno mexicano se niegue a reconocer las violaciones a derechos humanos cometidas y generalizadas en México, la situación no será debidamente atendida; sólo cuando las autoridades del Estado Mexicano decidan asumir su responsabilidad, podremos esperar algún tipo de cambio en esta crisis; de lo contrario, continuarán las visitas de los organismos internacionales, los informes que emitan, pero sin ninguna transformación sustancial.
