Los discursos aperturistas o nacionalistas suelen ser empleados por las élites políticas de nuestro país de forma situacional y selectiva. Los términos apertura y nación son despojados de su sentido al ser manoseados impúdicamente de acuerdo a lo que en ese momento resulte más conveniente para defender intereses particulares. En consecuencia, las contradicciones quedan ocultas y desaparecen los argumentos.

Hace unos días el Enrique Peña Nieto habló en la ONU de la necesidad de construir una sociedad más abierta como antítesis del autoritarismo, y esta semana se anunció que México había firmado un tratado de libre comercio internacional denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) del que forman parte 12 países. El Presidente celebró que hayamos logrado “superar los temores” y firmar el TPP, “un acuerdo que permitirá establecer la mayor zona de libre comercio en todo el mundo”

En materia económica, los mexicanos hemos llegado aceptar que no estamos solos. Desde finales del siglo pasado nuestro país se ha abierto comercialmente y hemos aceptado cumplir normas o sujetarnos al escrutinio de parte de la comunidad internacional con el fin de formar parte de tratados o convenios. Sería anacrónico negar que apoyarnos en otras naciones representa una enorme oportunidad para mejoras las condiciones de vida en México.

La libertad comercial un tipo de apertura que genera grandes oportunidades cuando es debidamente regulada, pero es bien sabido que ésta también se ha empleado como coartada para establecer condiciones que benefician a las élites. Bajo esta lógica sus bondades comienzan a desvanecerse y pueden terminar por ser contraproducentes.

Los tratados de libre comercio son delicados porque pueden condenar de antemano a una nación si el gobernante en turno los firma pensando en hacer negocios privados al calor de ellos, si la forma en que son redactados ha sido influenciada por grandes empresas –nacionales o extranjeras- y si no hay estado de derecho que proteja a los ciudadanos de posibles abusos de los inversionistas. Las secretas negociaciones del TPP y la reforma energética aprobada a inicios del presente sexenio son las pruebas más reciente de esta lógica iniciada desde el TLCAN.

La naturaleza convenencieramente situacional del discurso aperturista de nuestras autoridades queda en evidencia cuando de lo que se trata es de aceptar la presencia de organismos internacionales que vigilen su desempeño. Entonces la apertura sí que resulta una “afrenta” a la soberanía nacional.

Dado que a muchos seres humanos nos cuesta admitir que hay momentos en los que necesitamos ayuda, es relativamente sencillo apelar al orgullo nacional y a nuestra sobredimensionada potencia para vender la idea de que no necesitamos del resto mundo. Esta obsesión con la autonomía puede ser una veta inagotable para los gobernantes de una nación, quienes siempre encuentran en el nacionalismo latente la oportunidad de cerrarse ante opciones que no les resulten convenientes a sus particulares intereses.

En paralelo a las negociaciones del TPP,  el PRI, el ejército y el propio Presidente decidieron cerrarse al mundo al rehusarse a aceptar plenamente los informes de organismos internacionales –como la ONU, la CIDH o el GIEI- y bloquear propuestas específicas como la conformación de una Comisión Internacional contra la Impunidad o la posibilidad de interrogar a militares por el caso Ayotzinapa. Los argumentos: los mexicanos podemos resolver nuestros problemas y tenemos instituciones lo suficientemente capaces como tener que recurrir a terceros.

Pero es justamente ésta la apertura pendiente que a México le urge hoy más que nunca. El fatalismo democrático, la inseguridad en aumento, la violencia, la corrupción, los gobernadores virreyes, la oposición podrida y, en medio de todo, el intento de restauración del PRI se encuentran entre los factores que han puesto al país en sus rodillas.

La corrosión ha llegado a los cimientos de nuestra nación; de no incluirse algún elemento adicional en la actual mezcla de cosas, el escape del círculo en que estamos atrapados se antoja difícil. Necesitamos mucho mayor bienestar material y cultura política que permita a los ciudadanos presionar a sus gobernantes y para que esto ocurra se requiere que, a su vez, se revirtieran en alguna medida los fenómenos enlistados en el párrafo anterior.

La firma de un tratado comercial o la solicitud un préstamo financiero a un organismo internacional se deben a la aceptación tácita de que es económicamente racional para nuestro país apoyarse en terceros. La aceptación de la intervención temporal de la ONU o la CIDH comparte la misma premisa: recurrir a instancias internacionales para terminar con la impunidad o proteger los derechos humanos puede ser muy conveniente para fortalecer a nuestra nación a mediano plazo.

Pero todo parece indicar que los preceptos liberales y la apertura al mundo pasan a segundo plano cuando de éstos nuestros gobernantes tienen poco que ganar.

@asalgadoborge

Antonio Salgado Borge

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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