Por más que debatan los liberales y los estatistas, el gobierno suele participar en el desarrollo en términos de construcción de infraestructura y fomento de tecnologías emergentes, al menos en sus etapas iniciales. La forma en que la intervención pública debe darse depende del criterio que tengan ambos extremos, y generalmente los excesos de uno llevarán tarde o temprano a políticas contrarias a manera de péndulo.
Van dos ejemplos para ilustrar lo anterior. Primero, no se puede entender la red de autopistas en países como Alemania y Estados Unidos sin la necesidad de tener la capacidad de mover tropas con rapidez de un lado a otro. Más adelante la iniciativa privada entra como contratista para ampliar las redes. Segundo, las universidades desarrollan ciencia, la cual recibe inversión del Estado para fines militares y posteriormente la iniciativa privada desarrolla industrias a partir de esos adelantos. Un ejemplo señala es el ARPANET, de uso militar, que fue el antecesor de la Internet.
Uno de los mecanismos que los gobiernos han adoptado para impulsar la producción son las zonas de desarrollo económico. Desde el Plan Puebla-Panamá durante el sexenio de Vicente Fox hasta experimentos en Nicaragua, se ha buscado que el Estado fomente políticas que incentiven las inversiones y con ello se mejore la calidad de vida de la población. Hasta el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido obras al respecto. Sin embargo la mayoría de esos esfuerzos pierden ímpetu al poco tiempo.
La semana pasada el presidente Peña Nieto anunció la creación de tres zonas de desarrollo económico en el país: Puerto Chiapas, el corredor interoceánico Tehuantepec y Puerto Lázaro Cárdenas. Los proyectos contemplan la planeación por parte del gobierno federal y la participación de la iniciativa privada en arrendamiento de espacios y otras actividades económicas. Se ofrecen beneficios fiscales por alrededor de ocho años, la jurisdicción federal para estas zonas e infraestructura. Suena bien, pero ¿se están dejando a un lado algunos temas importantes?
Dejemos a un lado que en dos de las entidades que se beneficiarán de estos proyectos, Oaxaca y Veracruz habrá elecciones locales, hablamos de los estados con mayor atraso del país. En este caso no basta con la inversión: es necesario construir instituciones sólidas que le den sustentabilidad a los proyectos. De lo contrario terminarán siendo barriles de recursos sin fondo o cotos de poder para oligarquías locales. ¿Qué convendría tener en cuenta?
En primer lugar, hablemos de transparencia en la asignación de contratos. ¿Habrá certeza total sobre quiénes participarán, o terminarán invirtiendo los compadres? Recordemos que algunos de los mayores escándalos de corrupción en este sexenio han tenido a las constructoras como protagonistas, ya sea como contratistas en el caso de OHL o por incertidumbre en inversiones, como podrían hablar los chinos y el desarrollo de trenes rápidos.
Un tema central es el estado de derecho. La región del Istmo de Tehuantepec es ruta de trata, para empezar. Michoacán tiene un problema fuerte de narcotráfico y autodefensas. En Oaxaca reina el caos con la Sección 22 de la CNTE, lo mismo que en Guerrero. Construir instituciones que garanticen la aplicación de la ley en pequeñas islas de desarrollo es arar en el agua si no se toman en cuenta de manera global los problemas de la región.
De manera similar hay que poner atención en la construcción del tejido social. Si los proyectos tienen éxito habrá migración masiva, La falta de planeación sólo llevará a la creación de cinturones de pobreza alrededor de los centros de desarrollo. El resultado: problemas de desintegración social, como en su momento Ciudad Juárez.
Finalmente, los incentivos fiscales sirven de poco si no es atractivo invertir en una región. ¿Cómo enfrentar temas como los costos de insumos energéticos? ¿Condiciones de calidad de vida en las zonas, para que no se conviertan en centros-dormitorio?
Bienvenido el desarrollo. Hablemos de las letras chiquitas.
