Pocos científicos han explicado tan claramente el impacto profundo contra la salud que tiene el consumo de azúcar y de las bebidas azucaradas que prometen la felicidad como el Dr. Robert Lustig. Esta explicación tira abajo la idea que han querido propagar las empresas refresqueras de que todo se reduce a un asunto de consumo y gasto de calorías, como si las calorías de una bebida azucarada o de una fruta fueran iguales. Si consumes más basta con que quemes más calorías y, por lo tanto, todo se reduce a la cantidad de actividad física que debes realizar.
El Dr. Lustig, investigador de la Universidad de California y presidente del Instituto por la Nutrición Responsable, que se volvió famoso internacionalmente con su artículo en la revista Nature sobre la toxicidad del azúcar, concluyó que ya no había que buscar para encontrar la causa principal del hígado graso, de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. que se extienden como pandemia a escala global.
Lustig escribió: “La gran industria de las bebidas azucaradas y del azúcar están en la guerra por salvar sus vidas. La opinión pública lentamente se ha volteado en contra de ellas”, señalando la caída del consumo de azúcar en los Estados Unidos. El consumo en el país del norte pasó de 1.8 kilogramos en 1820 a alcanzar su pico en 2000 de 52 kilogramos. A partir del año 2000 comenzó a bajar ligeramente para llegar a 47 kilogramos por persona al año actualmente. En México no existen datos precisos, pero considerando que más del 70% del consumo de azúcar por persona en nuestro país viene de las bebidas azucaradas y que somos el mayor consumidor de estas bebidas en el mundo, al menos consumimos un 30 por ciento por encima de los estadounidenses, seguramente ingerimos más azúcar que los estadounidenses.
El azúcar añadida a los productos, especialmente a las bebidas, ya sea azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructuosa, genera un impacto directo sobre el hígado. Lustig explica: “El azúcar y el alcohol se metabolizan de manera similar en el hígado. Por esta razón es que los niños sufren las consecuencias de enfermedades del alcohol –diabetes tipo 2 e hígado graso– sin haber nunca bebido alcohol”. El daño que se está generando en el hígado de los niños por las altas cantidades de azúcar es similar al que se les estaría generando si se les proporcionaran ciertas cantidades de alcohol. No se trata de decir que es igual el consumo de uno y otro para un niño, solamente el impacto en el hígado es similar.
Lo mismo ha encontrado el Dr. Lustig que el Dr. Salvador Villalpando del Hospital Infantil de la Ciudad de México en la salud de los niños, Lustig señala: “Antes de 1980, ningún niño presentaba diabetes tipo 2. Ahora, uno de cada tres niños con diabetes tiene diabetes tipo 2. Antes de 1980, no existía el “hígado graso no alcohólico”. Ahora, uno de cada tres adultos y uno de cada seis niños presenta hígado graso. Una cuarta parte de los adolescentes tiene diabetes o es prediabético”. Los datos en México no son tan precisos como los expuestos por el Dr. Lustig sobre la población estadounidense, lo que sabemos es que actualmente el 14% de los mexicanos mayores de 20 años presenta diabetes, un alto porcentaje sin saberlo, y que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del año 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida.
“La ciencia ha demostrado que las bebidas azucaradas causan hígado graso, diabetes, enfermedades del corazón y caries dental. Y no es por las calorías. El alcohol no es peligroso por las calorías. El alcohol es peligroso porque es alcohol. Es lo mismo con el azúcar”, señala Lustig.
La industria de bebidas azucaradas niega esta relación, paga a expertos para que digan que el problema es sólo de suma y resta de calorías, niega el efecto de regular su publicidad, su presencia en escuelas, el establecimiento de impuestos, desconoce las recomendaciones de la OMS sobre el consumo de azúcares, cabildea con los gobiernos, contribuye a campañas de políticos, financia asociaciones de nutricionistas, de pediatras, de médicos familiares, niega la evidencia: ¿hasta cuándo?. (Ver artículo anterior: La Guerra de la Coca).
Los daños los pagamos todos. Quien defiende a la industria argumenta que debe existir la libertad, que el estado no debe intervenir, que todo es cuestión de información y elección. Pero ¿de qué información se habla cuando los etiquetados no son comprensibles y llevan al consumo de altas cantidades de azúcares?, ¿cuál es la información de la que se habla si las propias empresas demandan ante la Organización Mundial de Comercio a los gobiernos que establecen etiquetados muy simples que indican si un producto tiene alto contenido de azúcar, como lo están haciendo contra Ecuador y Chile? Se habla de que los consumidores deben tener libertad de elegir: ¿tienen los niños la madurez para realizar elecciones saludables por encima del carácter adictivo con el que están diseñadas las bebidas azucaradas y la comida chatarra?, ¿no tiene acaso la publicidad multimillonaria dirigida a los niños un poder de persuasión brutal que se aprovecha de sus credulidad e inexperiencia violando sus derechos como población vulnerable?, ¿ha visto usted una campaña dirigida a adultos tan invasiva como la actual que utiliza a los Minions para promover entre los niños el consumo de alimentos no saludables y de ninguno recomendable, como lo son: Doritos, Yoplait Mini, Bonafont Kids agua con jugo, Kinder chocolate, salsa BBQ Hunts, Cheetos, cereal Nesquik, lechita de chocolate, vainilla y fresa Alpura, salsa catsup Del Monte, Vualá con sorpresa, Cajita feliz y helado sabor plátano en McDonald’s, los cuales se promocionan ofreciendo vasos, delantales, juguetes, calcomanías o clips? (ver enlace).
Y sobre los adultos: ¿No es la disponibilidad y acceso a los alimentos y bebidas el que define lo que consume la mayor parte de la población?, ¿no es el entorno obesigénico el que dispara la epidemia de obesidad? Hay que ver los índices de sobrepeso y obesidad en la población japonesa que vive en Japón y compararla con la que ha migrado a los Estados Unidos, para entender cómo es el entorno el que dispara este fenómeno que está colapsando los sistemas de salud pública.
En México se ha tomado una medida importante para combatir el consumo de estas bebidas con el impuesto de un peso por litro. Sabemos que la medida ha tenido un doble sentido, recaudatorio, por un lado, y de salud, al disminuir el consumo, como lo recomendaban al gobierno mexicano la OCDE, la OMS y diversas instituciones. La reducción al consumo no ha sido suficiente aunque si importante, de acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Estudios de Población de la Universidad de Carolina del Norte. Por supuesto, este estudio ha sido criticado por la industria refresquera argumentando que los impuestos no sirven ya que ve como una amenaza muy grave que este tipo de medida fiscal se extienda a otros países que ya la discuten.
Como el Dr. Lustig lo ha recomendado, es necesario que estos productos tengan etiquetados de advertencia sobre el daño que puede generar su consumo habitual, y que no se permita su publicidad a niños y adolescentes y en los espacios familiares. Estas medidas deben ir acompañadas con campañas claras y directas, por parte de la autoridad sobre el daño de estas bebidas, con la introducción de bebederos y dispensarios de agua potable en espacios públicos y escuelas, con políticas y campañas masivas de prevención que permitan un mayor acceso a alimentos saludables: frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas.
Con el fin de recuperar una hidratación saludable, base para la recuperación de nuestra salud, debe aumentarse el impuesto a las bebidas azucaradas a 2 pesos por litro, retirarse el IVA al agua embotellada en presentaciones menores a 10 litros y establecerse un control de precio sobre la propia agua embotellada. Creando una diferencia sustancial entre el costo del agua y de un refresco lograremos un cambio de fondo, mientras se desarrolla la estructura que permita el acceso a agua de calidad para beber en espacios públicos, escuelas, centros de trabajo, espacios comerciales. Los recursos recaudados por los impuestos deben dirigirse a la implementación de estas políticas.
