Es inédito que se reúnan 400 firmas de periodistas e intelectuales. Es inédito que lo hagan para denunciar los altos índices de violencia contra la prensa en México. Lo hicieron a través de una carta dirigida a Enrique Peña. La carta era directa para denunciar el insostenible nivel de violencia contra los periodistas. Señala de manera puntual al gobernador Duarte y su aberrante récord de periodistas asesinados en Veracruz. A la carta, también, le faltan dientes y desperdicia la oportunidad de demandar cosas concretas, acciones precisas que podrían acorralar al gobierno federal en su respuesta. Supongo que el tono fue el necesario para consensuar tantas mentes y firmas, pero no está de más decir que faltó garra. Sin embargo,  si el objetivo era hacer evidente la preocupación internacional y colocar el tema en la agenda mediática, el hecho fue un éxito.

Días antes, el influyente diario neoyorquino, The New York Times, denunció en su editorial la zozobra que el multihomicidio de la colonia Narvarte ha provocado en el gremio periodístico. Describe cómo la prensa en México está bajo constante ataque y remata señalando de manera precisa la situación en Veracruz.

Ahí están, 400 intelectuales y un influyente diario denuncian una violencia sistemática y generalizada contra la prensa. Bienvenida la denuncia, porque la situación es verdaderamente insostenible. Pero, la mala noticia, es que parece ser que se puede poner peor porque no se ve ninguna fuerza en el horizonte que logre dar un golpe de timón a la situación actual.

Debería ser la oposición política la que aglutine la crítica a la situación. Deberían ser los partidos de oposición los que levanten las denuncias -de los 400 y del NYT- para poner contra la pared a la actual administración. Demandar acciones eficaces. Pero ya todos sabemos la inexistencia de una oposición real.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) fue la encargada, por parte del gobierno federal, de contestar la misiva de las 400 firmas. La respuesta en ningún sentido es satisfactoria. Llena de lugares comunes que buscan desviar la atención más que dar una respuesta a una crisis nacional. La SEGOB tuvo a bien dedicarle a la respuesta solamente 410 palabras vertidas en 40 líneas de texto. Parecerían un insulto de respuesta ante el abismal problema que presentaron los intelectuales.

La respuesta del gobierno mexicano debería ser puesta en duda por los mismo intelectuales. Deberían ser ellos los que alcen una vez más la voz para señalarle al gobierno que la respuesta es insatisfactoria. Sobre todo por un punto: en ningún momento de la carta el gobierno mexicano confirma que la violencia contra la prensa es un fenómeno que no han podido detener a pesar de todos los intentos. El reconocer el problema sería el primer e indispensable paso para sumar esfuerzos para buscar soluciones reales. Pero el gobierno optó por la retórica, las palabras fáciles y el camino de la mendacidad. Esa es la principal carencia de la respuesta. Pero imaginar una distinta sería imaginar un gobierno abierto, honesto y democrático. Mucha imaginación.

El gobierno federal afirmó en su respuesta: "El Gobierno de la República condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento".

Ese es el tema... no hay esclarecimiento. Por lo tanto, la colaboraciónes es más discursiva y para cuidar intereses políticos más que verdadermente atajar la impunidad. Y me surge una pregunta: ¿Si en verdad condena las agresiones, por qué el presidente Peña jamás ha salido a condenar algún homicidio de algún periodista, mientras sí lo hizo en el caso de Charlie Hebdo? No, no hay condena pública. Nunca la ha habido.

Continúa el gobierno: "El compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y  comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista".

Este párrafo de la carta a mí en particular me preocupa mucho. Primero porque el presidente no se asume como un jefe de estado, sino más bien como jefe de unos cuantos. Esto porque él puede tener un umbral de respeto alto, pero el hecho de que la libertad de expresión esté amenazada, coartada y bajo fuego en lugares como Veracruz, Guerrero y Quintana Roo es su problema también. Es decir, no asume la responsabilidad como jefe de Estado. Y eso nos debe de preocuparnos porque querrá decir que estamos en manos de los virreyes gobernadores.

Finaliza la respuesta gubernamental diciendo: "El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas”.

A esta fecha, el Mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.

El mecanismo no funciona. Podrá argumentar la Secretaría de Gobernación que está en un proceso de fortalecimiento, está bien, pero hoy por hoy no funciona como es requerido que un mecanismo funcione. Y si eso no se reconoce, después de 3 años, entonces no podremos deter el incremento regular de la violencia contra la prensa. El gobierno no debería -por más de 3 años- sostener una actitud victimizante sostenida en señalar esfuerzos más no resultados. Repito, la violencia crece, y un mecanismo solitario no podrá componer nada. Se necesita el respaldo político, la voluntad política que está ausente. En la respuesta del gobierno la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no mereció ni una sola palabra. Y no podemos culparlos, la Fiscalía no arroja ninguna buena noticia. Seis años de existencia y su eficacia para combatir la impunidad y conseguir castigo a los perpetradores de la prensa es prácticamente nula.

Enunciar que el mecanismo protege a 419 personas no quiere decir absolutamente nada. Aventar cifras así lo único que demuestra es la ausencia de un debate robusto sobre cómo está "protegiendo" el estado. Al respecto vale la pena citar un informe que un grupo de organizacones de la sociedad civil hicieron en relación con el funcionamiento del mecanismo de protección federal titulado: "Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas". El informe no tiene desperdicio y da contexto e información sobre cómo el mecanismo dice estar protegiendo. Enumera cuáles son las principales medidas de protección  -que el gobierno luego presume - las cuales son botón de pánico o rondines policiacos. Decanta las limitaciones serias de un mecanismo muy presumido pero poco eficiente.

La presión internacional es básica para buscar medidas efectivas que combatan la violencia. La carta de los 400 fue importantísima, pero debería ser la primera de muchas. Al gobierno le importa lo que se diga afuera, a diferencia de lo que se dice adentro.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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