En cumplimiento a la frase de que los extremos se encuentran, era cuestión de tiempo que Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez “El Bronco” tuvieran un encontronazo. El primero, con su discurso maniqueo de siempre, le negó la certificación de beatitud al neoleonense por haberse reunido con un político “impuro”. Por su parte el segundo ofreció al tabasqueño sumarse a su campaña a la presidencia si decidía competir como independiente y sin sus prebendas de partido.
Dejemos a un lado lo absurdo de pedirle a López Obrador pedirle que renuncia a un partido cuando por fin sabemos más o menos de qué vive después de ocho años de ingresos no acreditables. También olvidemos el debate pendiente de qué tan honesto fue realmente “El Bronco” como alcalde más allá de su narrativa entrona. El tema de fondo es que resulta muy fácil simular honestidad y virtud cuando las reglas fomentan la opacidad y la corrupción.
De acuerdo con un ensayo de Luis Carlos Ugalde publicado en marzo de 2015 por la revista Nexos titulado “¿Por qué más democracia significa más corrupción?”, la alternancia y la pluralidad políticas no han resuelto este problema. Al contrario, se han creado nuevas formas para extraer fondos no acreditables en todos los niveles de gobierno. Digámoslo de otra forma: si el tabasqueño y el neoleonés son tan honestos, deberían hablar a detalle de estas vías, ¿o no? Hagamos una breve descripción de estos mecanismos.
Según Ugalde una modalidad frecuente es el pago de comisiones por contrato de obra pública o compra: los “moches” o “diezmos”. En algunos estados pueden llegar hasta el 25 o 30% del valor de una licitación. De hecho este soborno se considera en ocasiones un seguro de acceso, parte de los costos de transacción. También es frecuente el peculado o malversación de fondos públicos. Otra modalidad a la que recurren los contratistas es el otorgamiento de permisos y concesiones para cambio de usos de suelo.
La aprobación de presupuesto, siguiendo a Ugalde, abre otras oportunidades para el desvío de fondos, como abrir la cartera para recursos destinados a proyectos atractivos para gobernadores y organizaciones políticas, resultado en clientelismo presupuestario. En este mismo rubro cabe señalar a las subvenciones que ejercen los grupos parlamentarios con total opacidad: partidas análogas a la partida secreta que gozaba el presidente de la República y que se usa para generar disciplina, financiar campañas y premiar grupos de apoyo. Otro recurso es la gestoría social a través de recursos que se entregan a los legisladores para que apoyen a sus comunidades, que acaban estimulando la corrupción y convirtiendo a los representantes en rentistas de quien les asigna los fondos.
Como parte de este rubro también es preciso señalar el gasto social, que de nada ha servido para combatir la pobreza y que se ejerce en múltiples programas federales y estatales, los cuales se traslapan. En la mayoría de los casos, destaca Ugalde, carecen de metas o indicadores de evaluación.
Las campañas políticas abren también oportunidades para la corrupción. Además de que, como ya se señaló, buena parte de los recursos que se desvían sirven para financiar candidatos, el clientelismo eleva los costos. De esa forma los recursos van no sólo para comprar votos y movilizar, sino para premiar grupos sociales, redes populares o gremios. Finalmente otra fuente es la cobertura informativa: la ley electoral de tan restrictiva no sólo ha sido incapaz de este fenómeno, sino ha motivado nuevas formas de darle la vuelta a la norma.
En consecuencia, de acuerdo con Ugalde, los gastos de campaña llegan a ser al menos tres veces superiores a los topes de campaña que establece la ley. Y sí, los gastos acreditables de nuestra democracia ya son demasiado altos si no consideramos esto. Pero es fácil fingir que no se compró un solo voto con estas reglas.
¿Tendrán interés AMLO y “El Bronco” en hablar de esto? Claro que no: lo de ellos son los desplantes de autoridad. Recordemos cómo el tabasqueño usó las acusaciones de corrupción para purgar al PRD en el intento de quedarse con el partido en vez de prevenir el problema con transparencia. O las políticas de “austeridad” que generaron mayor gasto por reparación de unidades y equipos que el que se hubiera erogado con la renovación.
De hecho ambos son de los políticos más opacos. ¿Por qué no se les exige cuentas? Porque un líder carismático requiere fe. ¿Por qué los otros partidos no detonan escándalos en la materia? Porque todo el sistema se beneficia de esto.
¿Hay una salida? La capacidad que tengamos desde la ciudadanía para pensar y exigir.
