A México le hace falta periodismo. Tenemos muchos medios, pero muy poco periodismo profesional, independiente, crítico. Nuestro periodismo en general no cuestiona, no pregunta, mucho menos investiga.
No se necesita ser experto para darse cuenta. Basta ver las portadas de la prensa diaria para corroborarlo: fotos de inauguraciones y “cortes de listón”, la declaración del Presidente o el Gobernador como fuente principal, un nulo comparativo con otras versiones. Y así la tele con gacetillas y menciones estratégicas, y así la radio con entrevistas a modo en micrófono abierto.
Por eso, mientras que la credibilidad del Presidente Peña Nieto anda por los suelos, la mayor parte de los medios nacionales siguen enalteciendo su trabajo. Lo mismo pasa en los estados con Gobernadores y Alcaldes. Por eso tenemos conductores millonarios que presumen yates a cambio de vender su imagen personal. Eso sí, “perfectos caballeros”, diría The Economist.
Del otro periodismo: del que incomoda, del que critica, del que denuncia, tenemos muy poco. Y si seguimos así, cada vez tendremos menos.
En el ecosistema mediático mexicano, parece que se puede decir lo que sea, pero la realidad es que nuestra libertad de expresión llega hasta donde empiezan los intereses de los poderosos: la clase política, el crimen organizado, los sindicatos, ciertos empresarios.
Lo afirmo a propósito de algunos datos y hechos preocupantes: el más reciente informe El Gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal de FUNDAR y Article 19 , la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobernador Roberto Borge en Quintana Roo y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en la Ciudad de México junto a 4 mujeres más, una de ellas, Nadia Vera, activista.
…
Habría que empezar por el principio. Y es que gran parte de la crisis de nuestro periodismo se explica en la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación mexicanos.
Primero hay que recordar que los medios viven de la publicidad. Y cuando la economía crece a tasas del 2 por ciento, la publicidad no es una prioridad para la empresas, quienes se concentran en pagar nómina y materias primas para sobrevivir.
Por otro lado, la digitalización ha acelerado una hiper-segmentación de las audiencias que pone en jaque el modelo de “medio masivo”. Los medios tradicionales: prensa, radio y televisión, ven con angustia como sus ingresos publicitarios se reducen mes a mes. La respuesta, dicen todos, está en internet. Pero si bien la audiencia digital es abundante y crece, los ingresos que genera no alcanzan para sostener las grandes estructuras de los medios.
En suma, a los medios mexicanos les alcanza cada vez menos el dinero y esto ha tenido dos consecuencias brutales: la reducción de los costos fijos en detrimento de las condiciones laborales de sus empleados, incluidos los periodistas; y dos, que los propietarios de los medios busquen otras alternativas para generar ingresos.
En México, lo primero se ha venido “solucionando” reduciendo personal, quitando prestaciones y aplicando esquemas de pagos por honorarios. Lo segundo, que debía encontrar respuesta en la innovación, el desarrollo de nuevos modelos y el lanzamiento de nuevos productos, ha virado hacia el peor de los mundos: los convenios gubernamentales. Esos convenios donde se negocia con el Alcalde, el Gobernador o la Secretaría de Gobernación el tratamiento de su desempeño, incluso en contra de los códigos de ética y la línea editorial histórica de los medios.
Y si a eso agregamos que la mayor parte de los medios de este país son, legítimamente, negocios familiares: es negociar o bajar la cortina, es transigir o mandar a cientos de familias a la calle, es claudicar o perder el patrimonio familiar, es convenir o perder los privilegios y el status social que una empresa de esa naturaleza proporciona.
Así se explican los 7,000 millones de pesos que gastó Peña Nieto en 2013 en Publicidad Oficial, a los que habría que sumar los que gastan los gobernadores en el resto del país. La cifra me da miedo.
Pues bien, los gobernantes de este país entienden esa crisis y la aprovechan para desactivar todo intento de periodismo independiente. La aprovechan en estados como Quintana Roo donde Roberto Borge promulga una ley que no considera periodistas a quienes funcionan en un modelo free lance porque no reciben una remuneración permanente. Modelo que en muchas ocasiones es el único camino para conservar la autonomía de la voz en medio de la censura que imponen las líneas específicas de cada medio. “Medios donde el periodismo ya no existe porque ya todo es dinero”, me decía alguna vez un amigo periodista.
La entienden tan bien, que ahora financian semanarios, revistas y portales de internet que sirven de gacetillas de sus logros y actividades. Pseudo-medios que sobreviven de los presupuestos públicos sin un ápice de periodismo. Espacios que en muchos casos son también, contra-medios.
Pero sobre todo, las autoridades han aprovechado la indefensión en la que se van quedando los periodistas incómodos para amenazarlos, agredirlos, atemorizarlos y hasta matarlos. Sabedores que la mayor parte del gremio se encuentra cooptado, llevarán el nivel de la agresión hasta donde sea necesario con tal de acallar la crítica y la disidencia.
En ese contexto adverso, figuran las organizaciones defensoras de derechos como Freedom House o Article 19, quienes poco pueden hacer para subsanar el vacío que dejan las omisiones de los responsables de prevenir y proteger la integridad de periodistas y medios, a saber el Mecanismo Federal de Protección, y aquellos responsables de garantizar la aplicación de justicia en estos casos, la PGR y la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Pero mientras que muchos alzamos la voz para exigir investigaciones claras, expeditas y exhaustivas, son pocos los que llevan esa exigencia pública a su quehacer periodístico cotidiano. No vemos allí a los directivos ni a los dueños de medios solidarizándose, no vemos tampoco propuestas de nuevos lineamientos editoriales o códigos de ética, mucho menos alianzas para enfrentar mejor los problemas de la industria.
¿Por qué si la situación de violencia contra la prensa mexicana es tan adversa, los medios no se unen para defenderse? La respuesta es sencilla: por la corrupción que provoca el dinero público que los mantiene.
Mientras eso no cambie, se ve muy difícil empezar a construir una solución.
Por eso aventuro aquí dos propuestas difíciles, pero posibles:
Primero. Impulsar a niveles locales y federal, una legislación de avanzada en materia de publicidad oficial para acabar con el dispendio y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Una legislación acompañada de mecanismos e instituciones para la regulación y la transparencia de la publicidad oficial, tanto de las autoridades como desde los propios medios. Como lo explicó Darío Ramírez, Director de Article 19, en este mismo espacio hace algunos días.
De lograrlo, veremos quienes son capaces de sobrevivir sin el patrocinio oficial, quienes son capaces de hacer periodismo y, sobre todo, daremos un paso fundamental en la construcción de una verdadera independencia periodística. Así, los medios mexicanos asumirían el rol democrático para el que fueron concebidos: servir de contrapeso al poder.
Segundo. Tenemos que sumar a periodistas, académicos, medios y organizaciones de la sociedad civil para exigir resultados prontos y expeditos a las autoridades responsables de proteger el oficio periodístico y de castigar a los responsables de agresiones a periodistas. La violencia contra la prensa mexicana descansa sobre la base de la impunidad, urge empezar a sentar precedentes en el sentido contrario.
No podemos seguir así, la nueva Ley Borge, el dispendio discrecional en publicidad oficial o la muerte de Rubén Espinosa junto al de otros 88 periodistas del año 2000 a la fecha, debe poner en alerta a toda la sociedad mexicana.
Invito a recordar cómo se enteró usted del conflicto de interés de la “Casa Blanca”, de los exorbitantes precios de los viajes presidenciales, del dispendio en el sistema educativo, de los miles de muertos de Felipe Calderón y de los que acumula ahora Peña Nieto.
Ese periodismo mexicano está en peligro. Y con él peligra también la calidad de nuestra democracia. El reto es coyuntural pero también sistémico, tenemos que trabajar en ambos frentes.
Es hora de tomar responsabilidad y proteger lo que ya tenemos. Los periodistas son nuestros, su trabajo también. Tenemos la obligación de preservarlo, mejorarlo y hacerlo crecer. Es momento de que en México todos seamos periodistas.
