Más allá de la tragedia, el horror y la indignación que refleja una tragedia pública como la tortura y asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la antropóloga Nadia Vera Pérez y otras tres mujeres, existen grupos políticos que buscarán de alguna u otra forma sacar provecho electoral. Así ha sido siempre el juego: los sentimientos son la mejor vía para posicionar un mensaje a favor o contra alguien. Frente a este hecho los hechos siempre se desdibujan frente a las percepciones.
Si los individuos somos siempre engañables por alguna u otra facción, nuestro deber es dudar frente a todo hasta no contar con evidencias convincentes. Dudar hasta de lo que nos gustaría creer. Sólo así la tragedia puede abonar para un cambio positivo. El cuestionamiento como método está en la esencia del ejercicio de la ciudadanía.
Hasta el momento no tenemos pruebas concluyentes de quién estuvo detrás de este horrendo homicidio. Cierto, Espinosa Becerril y Vera Pérez fueron intimidados por autoridades de Veracruz, pero el modus operandi de quienes torturaron y ejecutaron a las cinco víctimas no corresponde al de un gobierno que desea al menos guardar las formas ante la opinión pública; especialmente cuando el gobernador sería en automático considerado como el principal sospechoso y sería imposible borrar cualquier duda salvo el caso de una investigación contundente. Y es probable que semejante indagatoria, por más bien hecha que pueda estar, sea cuestionada por fines políticos a poco menos de un año de las elecciones en la entidad.
Sin embargo asumamos por un momento que fue Javier Duarte quien giró las instrucciones para este horrendo crimen. ¿Qué implicaciones tendría, más allá del impacto en la vida y seguridad de los veracruzanos?
En primer lugar una persona que ordena un crimen a sabiendas que él sería el primero en ser inculpado implicaría una de dos cosas: que es alguien que perdió todo apego a la realidad cual moderno Calígula o un líder que cuenta con un aparato político tan fuerte que podría ordenar una muerte fuera de su jurisdicción territorial, como hizo Stalin con Trotsky.
Bajo ambos supuestos se actuaría con total impunidad sabiendo que ese acto de autoridad es una amenaza lo suficientemente fuerte para acallar a toda disidencia. O al menos se parte de la convicción de que la oposición que despierte es poco relevante e incluso quizás hasta pusilánime.
Si esto suena grave para una persona que manifieste su oposición al gobernador, resulta todavía peor para la estabilidad del sistema político, especialmente para el PRI. ¿Qué controles puede tener el partido frente a un ejecutivo local que perdió el piso? Cuando era hegemónico podía ordenar a sus senadores la desaparición de poderes y nombrar a algún interino, pero en el actual entorno eso requeriría del apoyo de otro partido. Y como se dice coloquialmente, si uno se va, ¿quién apaga la luz? Tampoco el partido parece tener la capacidad de presionar a un gobernador para que renuncie: la última vez que vimos eso fue en época de Salinas. Zedillo lo intentó sin éxito con Roberto Madrazo.
Y ya en serio: Veracruz es uno de los estados con mayor número de votantes: los tricolores van a esperar hasta que de verdad haya evidencias que de manera inequívoca señalen a Duarte como responsable. En términos de poder, el PRI es hoy una sombra de lo que era en sus años de hegemonía.
A final de cuentas, ¿por qué Duarte puede actuar de esa forma? Porque tiene el control sobre la clase política que le permite hacerlo. Las carreras políticas de los diputados locales y ediles dependen de su voluntad al darles un cargo cuando terminan sus mandatos. Gracias a ese control puede influir en la conformación del tribunal superior de justicia y órganos autónomos. Y para no permitir la reelección inmediata de autoridades municipales amplió el mandato a cuatro años.
Ver las implicaciones de una acusación nos puede ayudar a conocer la verdadera magnitud de un problema. De esa forma podremos ser menos manipulables por quienes lucran de los escándalos públicos y estaremos en mejor condición de exigir cambios puntuales. Por el momento, las reglas del juego están hechas para que los gobernadores abusen de su poder, sean del partido que fueren.
