Entre las desgracias que trajo el Tratado de Libre Comercio (tratado que nunca debió haberse firmado porque cuándo se ha visto que en un convenio donde participa un país pudiente con uno pobre sea el pobre el que salga beneficiado) está la de haber facilitado al país el ingreso de mineras extranjeras, esto gracias a que nuestra Ley Minera (siempre cómplice de los que más tienen) bajó sus tasas impositivas y creo las condiciones para el arribo de este capital, principalmente del canadiense, que ahora, de las 26, 997 concesiones, posee 2, 600.
Como la Ley Minera se preocupó por facilitar inversiones pero hizo poco caso a la normativa encargada de regular el uso de nuestro suelo (incluida la afectación a las comunidades que se asentaban en dichos territorios), lo que hemos tenido en la última década (porque fue en el 2000 donde empezó el boom minero) han sido catástrofes ecológicas (como la ocurrida en la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, que derramó más de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico) o crímenes contra personas (como el perpetrado sobre Mariano Abarca en 2009, dirigente comunitario que se pronunció en contra de la minera canadiense Black-Fire Exploration en Chicomuselo, Chiapas.
El último crimen (detestable) ocurrió hace poco más de una semana contra un menor de doce años en Ostula, Michoacán. Este crimen fue perpetrado, otra vez, por el propio ejército. La razón, la misma: comunitarios se manifestaban en contra de la detención de Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario acusado de portar armas de uso exclusivo del ejército (aunque, al parecer, el mismo ejército se las haya otorgado).
El motivo de fondo de esta detención, según el pronunciamiento del EZLN y del Congreso Nacional Indígena, se debe a la oposición que este líder comunitario y la propia comunidad de Ostula ha hecho contra la minera italo-argentina Ternium, la cual está coludida con el gobierno (a su vez coludido con el crimen organizado) para ejercer el uso de suelo de su minera sin importar pasar por los derechos de la comunidad indígena de Ostula.
La muerte de este menor (cuya fotografía se hizo viral en las redes sociales) se suma a las pasadas muertes de Ayotzinapa y de Tlatlaya (también ejecutadas por el ejército) y representa la caída de un régimen convencido de que la represión, la violencia y el crimen serán siempre mejor que el fortalecimiento y respeto de nuestro estado de Derecho.
Este niño de Ostula, pues, ha pagado con su vida las tropelías de un gobierno corrupto, los embustes de una minera ambiciosa y la impunidad de un ejército criminal.
Todo, aunque parezca paradójico, en nombre de nuestra paz social.
@rogelioguedea
