El modelo de Asociaciones Público Privadas es una herramienta usada mundialmente para alcanzar mejores condiciones de infraestructura económica y social.
Para su implementación se parte de una premisa simple y básica: allí dónde al gobierno no le alcanzan los recursos para subsanar una necesidad o prestar un servicio, los inversionistas privados pueden arriesgar su capital para invertir y generar una utilidad en el largo plazo.
Es un negocio ganar-ganar… o debería serlo.
Pero en la práctica no es tan sencillo, según la experiencia internacional, los principales factores de éxito en la implementación de proyectos que se han desarrollado mediante estos esquemas se pueden resumir en un marco jurídico adecuado que regule de manera clara y transparente las relaciones entre el sector público y el sector privado; un marco institucional claro y ágil; un entorno macroeconómico que facilite el acceso al financiamiento; una planeación y preparación exhaustiva de proyectos fundamentado en estudios técnicos, socioeconómicos y financieros suficientes y sólidos; una adecuada asignación de los riesgos del proyecto entre el sector público y privado; y una adecuada estructuración y promoción del proyecto en el sector privado.
La ausencia de cualquiera de los factores anteriores puede dificultar el desarrollo del proyecto e incluso hacerlo inviable, dicen los expertos.
Pues bien, en Sinaloa se licitaron y adjudicaron sendos proyectos para la construcción de dos hospitales generales en esta modalidad, uno en Culiacán y otro en Mazatlán. Los ganadores fueron las empresas Prodemex de Olegario Vázquez Raña y GIA, de Hipólito Gerard, respectivamente.
Sin embargo, el Gobierno del Estado de Sinaloa propuso a posteriori de la licitación ampliar las garantías a los inversionistas vía una iniciativa de ley que se encuentra atorada en la primera lectura en el Congreso del Estado debido a los cuestionamientos de ciertos grupos de la sociedad civil organizada.
Los cuestionamientos son diversos, pero ha habido un reclamo constante: la opacidad con la que el Gobierno del Estado de Mario López Valdez y el Secretario de Salud Ernesto Echeverría han manejado el proyecto de cara a la sociedad.
Una opacidad que genera serias sospechas sobre la viabilidad técnico-financiera, así como sobre la pertinencia social de los proyectos hospitalarios.
Tristemente, para abonar en esa desconfianza, el martes de esta semana, el diario Noroeste publicó una amplia investigación que descubre paso a paso la cronología de la operación de compra-venta del terreno para el hospital de Culiacán.
El reportaje muestra que el vendedor del terreno (oculto hasta ahora sin razón alguna en los expedientes del proyecto por la Secretaría de Salud), constituyó un fideicomiso con una cláusula de exclusividad que obligaría a pagar 3.5 veces más por el terreno de lo que se ha venido manejando en el proyecto desde el inicio. Además, el propietario es ya proveedor del Gobierno del estado, pues le renta las bodegas para el Centro Logístico de Distribución de Servicios de Salud. Bodegas, por cierto, que se rentan a un costo excesivo y sin licitar.
De alguna manera el reportaje confirma las sospechas de quienes ahora cuestionan con firmeza los proyectos hospitalarios: detrás de la opacidad asoma el tufo de la corrupción.
Sinaloa es ahora el emblema de CÓMO NO implementar la modalidad de Asociaciones Público Privadas.
El caso de los hospitales generales debe servir de referente para explorar a fondo como se ha venido aplicando en el resto del país la modalidad de contratos de Asociación Público Privadas.
Debemos valorar si no estamos desperdiciando una valiosa herramienta para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, al convertirla en un mecanismo de corrupción, tráfico de influencias y beneficios para particulares. Es necesario revisar la calidad de nuestras legislaciones, evaluar los beneficios reales de las obras construidas durante la última década en ese modelo, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los procesos desde la licitación hasta la puesta en marcha de los proyectos.
Para el caso sinaloense, la pelota está ahora en la cancha del Congreso de Sinaloa. Los hospitales ya están licitados y adjudicados, pero depende de los diputados decidir si aprueban las garantías propuestas por el gobernador y endeudan a los sinaloenses por los próximos 25 años.
Los diputados tienen en su poder amplia información que demuestra como los proyectos han venido violando procedimientos y saltándose las trancas.
Tienen también, la perspectiva perfecta para decidir si votar ese dictamen a favor o en contra.
Las voces de los líderes y expertos están allí, la información (aunque parcial) también. Dependerá entonces de cómo quieren ser vistos nuestros diputados en el futuro: como comparsa del Ejecutivo o como un verdadero contrapeso ciudadano.
