Aroa de la Fuente López
Investigadora
La semana pasada tuvo lugar la primera licitación de la Ronda 1 en la que, después de 77 años, empresas privadas recibieron contratos para explorar y extraer hidrocarburos en México. Esta primera fase ha sido presumida por el gobierno como un proceso totalmente transparente y abierto, dado que la apertura de los sobres y la adjudicación de los campos fue transmitida en vivo y los resultados fueron publicados en tiempo real en las páginas gubernamentales. Sin embargo, televisar esta parte del proceso dista mucho de implicar que el mismo sea transparente y participativo, pues muchas de las decisiones tomadas que llevaron a este momento no fueron ni transparentes ni participativas.
Vayamos desde el principio. En 2013 México vivió un proceso de Reforma Energética que, a través de la modificación de la Constitución, le dio un vuelco a la manera en que el sector venía operando, con importantes consecuencias para el país. A pesar de su relevancia para el interés público, el proceso de reforma fue realizado en un tiempo récord, sin informar adecuadamente a la población ni permitir su participación. Entre otras vulneraciones a los derechos humanos de este proceso, se violaron los derechos de los pueblos indígenas, ya que el Estado no les consultó sobre un cambio legislativo que afectaría a sus tierras, territorios y recursos naturales, siendo esta una obligación establecida en el Convenio 169 de la OIT. Ocurrió exactamente lo mismo en 2014, cuando se presentaron y aprobaron las leyes secundarias de dicha reforma.
Por otro lado, unos meses después la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hicieron públicos los mapas sobre las áreas que planeaban abrir a licitación como parte de la Ronda 1. Sin embargo, contrariamente a las políticas gubernamentales en materia de datos abiertos y los compromisos de estas dependencias en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), no publicaron la información en formaro abierto. Es decir, no hicieron públicas las coordenadas exactas de los polígonos, impidiendo a la población -potencialmente afectada por las mismas-, tener certeza de estar viviendo dentro de los mismos.
Esta información también fue negada por dichas dependencias en su respuesta a diversas solicitudes de información; negativa que en un acto insostenible frente a los altos estándares de transparencia de México, también fue ratificada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Ante esta vulneración del derecho de acceso a la información de millones de mexicanos y mexicanas, organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking presentamos dos amparos que actualmente están a la espera de resolución.
Pero acerquémonos un poco más a la fecha de la licitación y preguntémonos sobre cómo fueron definidas las diferentes condiciones establecidas en los modelos de contratos asignados a las empresas. Especialmente, aquellas que se refieren a los términos fiscales, es decir, a cómo se repartirán entre el Estado y las empresas los beneficios económicos de la explotación de los hidrocarburos que, no hay que olvidar, siguen siendo recursos de la Nación.
Esta es una cuestión que nos remite a las disposiciones aprobadas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las cuales establecen que la Secretaría de Hacienda tiene atribuciones para establecer las contraprestaciones que aplicarán sin que la Ley asegure un pago mínimo para el Estado. Esto es sumamente preocupante, ya que deja la puerta abierta para que los vaivenes políticos, los factores coyunturales o, incluso, la corrupción guíen decisiones que afectarán la principal fuente de ingresos del presupuesto público. Los dos campos asignados establecen un porcentaje de utilidad operativa para el Estado de 55.99% y 68.99%. Aunque a primera vista puede parecer una cantidad razonable, esta tasa se aplica después de que las empresas descuenten una serie de costos, así como las regalías pagadas. Y aquí es donde aparece el riesgo de que las compañías usen trucos contables o inflen artificialmente sus costos para disminuir los pagos.
Vayamos entonces ahora a pocos días antes de la apertura de sobres, donde nos llega la noticia de que Petróleos Mexicanos (Pemex), quien desde 1938 hasta 2013 tuvo a su cargo en exclusiva la actividad petrolera, retiraba su oferta y, por lo tanto, no participaría en la licitación. Esta fue una decisión controvertida dado que la empresa pública contaba con ventaja comparativa, tanto por tener amplia experiencia en la explotación de este tipo de yacimientos, como por conocer bien el Golfo de México. La información sobre esta decisión ha sido escasa, lo que reduce la justificación a problemas financieros de Pemex.
Todo esto son muestras de que el Estado mexicano se encuentra lejos de haber asegurado una Ronda 1 transparente y participativa. Otro ejemplo más, es el señalamiento en torno al reciente origen (2014) y el propietario (el cuñado del ex Presidente Salinas de Gortari) de una de las empresas consorcio ganador, Sierra Oil & Gas, información que no ha sido proporcioanda por el gobierno ni antes, ni durante, ni tras la licitación.
Ante este panorama, más allá del éxito o no de este proceso, lo que debe preocuparnos son las decisiones que nos han llevado hasta la situación actual y las consecuencias de las mismas, empezando por la propia aprobación de la Reforma Energética en 2013.
Desde la sociedad nos toca continuar haciendo preguntas, pidiendo información y, sin duda, exigiendo al Estado mexicano que rinda cuentas sobres sus acciones y omisiones a propósito de la Ronda 1.
