Peña Nieto afirmó al diario The Financial Times que su gobierno vive una crisis de credibilidad. Lo que llama poderosamente la atención es que, en vez de cambiar y trabajar en aras de dar credibilidad a las instituciones, y que éstas a su vez aporten una perspectiva diferente sobre la realidad respecto a los graves problemas de violaciones a derechos, corrupción e impunidad, el gobierno federal opta por comprar imagen, por la manipulación de la información y el poder de la propaganda.

En 2013 Enrique Peña Nieto gastó 7,000 millones de pesos, una erogación que jamás antes se había hecho del presupuesto público. Esto de por sí ya es grave y lo es aún más si le sumamos que el gobierno federal se excedió en 48% del gasto originalmente aprobado para publicidad oficial. ¿Hay alguna consecuencia de esto? No, ninguna.

Nuestro sistema de rendición de cuentas y auditoría permite este cambio millonario de partidas presupuestales sin consecuencia alguna, lo que nos lleva a preguntar: ¿Y para qué se toma la molestia la Cámara de Diputados de señalarle al Ejecutivo en qué rubros debe gastar? Más aún, ¿por qué no ha expresado su oposición a ello, por qué no lo ha llamado a rendir cuentas? Al respecto, el órgano legislativo omite ejercer su papel de contrapeso.

Gobernar sólo con la imagen es hoy una constatación de que no hay (o es muy escasa) política eficiente para resolver problemas graves que aquejan al país. El aumento en el rubro mencionado no está justificado y, si me presionan para decirlo, no tiene impacto alguno que beneficie a la sociedad. Es decir, no tenemos más y mejor información para tomar decisiones. El aumento se puede medir de la siguiente manera: Vicente Fox en 2001 gastó $3,495 millones en publicidad oficial;  Felipe Calderón, en 2007, gastó $5,261, frente a los $7,000 de Peña en 2013, los cuales se calcula que serán superados considerablemente en 2014.

A los $7,000 millones del gasto de Peña se le tienen que sumar los gastos de los gobernadores para poder llegar a la cifra aproximada de lo que gastan los ejecutivos de todo el país. Súmele a esto lo erogado por Velasco en Chiapas, Borge en Quintana Roo, “Malova” en Sinaloa y Duarte en Veracruz. La cifra será grosera sin lugar a dudas.

La relación más tóxica entre el poder y los medios de comunicación en México pasa por el discrecional —y grosero— gasto para la compra de publicidad oficial. Dicha discrecionalidad premia una relación corrupta entre los medios y el poder político que lleva, sin lugar a dudas, a una sutil (o tal vez no tanto) censura en el contenido. El viejo refrán: “no pago para que me pegues” parece estar en el centro de esta corrupta relación. Sin lugar a dudas, el dinero que premia o castiga a los medios es un lastre para el periodismo mexicano. Pero que no se entienda que es una cuestión meramente gubernamental, al contrario, el sistema se mueve y prevalece por la actitud, también corrupta, y la complicidad del sistema de medios.

La televisión —Televisa y Estudios Azteca— acumuló el 34% del gasto en publicidad oficial en 2014 (tomemos en cuenta que en entidades como Puebla o el Estado de México el gasto en televisión alcanza el 60%). La radio, a su vez, recibió el 16.27 %, los medios impresos el 15.23%. Esto quiere decir que la mitad del gasto en publicidad oficial se distribuye en medios radioeléctricos, a pesar de que el gobierno dispone de espacios gratuitos y tiempos oficiales para transmitir contenidos de Estado.

Si hacemos un análisis más minucioso para determinar los proveedores con mayor concentración del gasto en publicidad oficial encontramos lo siguiente: Televisa acapara el 43.24% del total (con un contrato total de $506’472,692.55), Estudios Azteca el 36.12% (con un contrato de $423’079,205.29). En radio, el más beneficiado —y que no tiene programas de entretenimiento, sino que su fuerte son los programas de noticias y opinión— es Grupo Fórmula, con 40.31% (y un contrato de $61’790,643.58) y Grupo Radio Centro, con 34% (equivalente a $52’427,439.95).

En el ámbito de los medios impresos está un poco más distribuido el gasto. Ningún periódico tiene una concentración como la que vemos en medios electrónicos. Los tres diarios con mayor ingreso son: diario Reforma con 7.68% del total destinado a este tipo de medios que equivale a un contrato de $40,216,156. El Universal con 6.24% con un contrato de $32,685,948 y Milenio con 6.09% con un contrato de $31,924,526.

Si recordamos que el presupuesto aproximado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de $1,500 millones de pesos, las cifras del dispendio en propaganda resulta más preocupante todavía. En 2012, Enrique Peña Nieto escribió una columna en el diario Reforma en la que se comprometía a regular el gasto en publicidad oficial, y después ratificó su compromiso con los tres primeros temas de la agenda. Al presidente se le olvidó su compromiso, y cómo no iba a olvidarlo si puede gastar dichas cantidades sin ningún escrutinio. Lo cierto es que, a pesar de que en el Congreso hay una docena de iniciativas en la materia, congeladas, ningún partido político quiere tocar esa fuente de ingresos.

Como conclusión, los siguientes puntos:

-          La única solución que vislumbro en el horizonte —y no peco de ingenuo— es quitarle el poder de distribución del dinero destinado a publicidad oficial a los gobiernos (federal y estatales). Prohibir categóricamente la compra, producción y emisión de propaganda política.

-          Crear un órgano autónomo que regule este gasto a través de criterios no discrecionales, transparentes y con índices de impacto. Esto querrá decir que muchos medios que viven de la publicidad oficial desaparecerán si no es que logran crear un nuevo modelo de mercado y adecuarse a las nuevas reglas.

-          Sí debe haber un subsidio a los medios de comunicación con criterios que incluyan promover el periodismo de interés público y asegurar el acceso a la información de temas de interés público a la población (por ejemplo, campañas de vacunación, alerta de huracanes, campañas ambientales, etcétera). pero de ninguna manera un medio puede vivir 100% del dinero público: debe haber un techo.

-          Deberá reforzarse la legislación vigente para dotar de independencia editorial y financiera a la red de medios públicos, y usar de manera más eficiente los tiempos oficiales y fiscales a disposición del gobierno federal.

-          En aras de diseñar una estrategia adecuada de distribución desde la institución competente, es fundamental promover y asegurar una mayor transparencia de los medios de comunicación en algunas materias como números de audiencia, tiraje, poblaciones foco, etcétera.

Está fuera de toda comprensión que se hable de crisis y de recortes de presupuesto en sectores fundamentales para la sociedad, como la cultura o la salud, mientras el rubro presupuestal de dinero para publicidad del gobierno federal crece año con año. La gobernanza basada en la imagen y propaganda no ha traído hasta ahora ningún beneficio, y sí un gran y grosero dispendio de nuestro dinero. Repito, la única solución es quitarles ese dinero.

Nota: todos los datos presentados en este texto fueron tomados del informe que presentaron Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación: “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014”, que puede consultarse aquí.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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