La narcopolítica en México es una realidad. Un hecho contundente e innegable. Tenemos narco-alcaldes, narco-diputados, narco-empresarios y así sucesivamente.
Esa realidad es todavía más fuerte en estados donde el crimen organizado lleva décadas instalado con un amplio poder. Como en Sinaloa, donde el narcotráfico ha permeado en la estructura económica, política y social por generaciones. Tanto que ahora hablamos de la narco-cultura como fenómeno pop (si no me cree asómese a Netflix) y, también, como una verdad políticamente incómoda.
En México, y sobre todo en mi estado Sinaloa, no sabemos que hacer con esa realidad que nos abruma. Aunque simulemos que sí, no lo sabemos en temas muy concretos: la seguridad, la economía, el turismo. Pero sobre todo no lo sabemos desde una perspectiva “suave”: ¿cómo hablamos de eso?, ¿cómo lo abordamos?, ¿vale la pena discutirlo?
Hay muchos ejemplos de nuestra miopía y aturdimiento ante un fenómeno tan complejo: aquel Director del Sistema Estatal de Bachillerato COBAES que prohibió una muestra de cartones para no exponer a los alumnos a muestras de narco-cultura, mientras que las camionetotas y los Corvettes hacían fila frente a sus planteles para llevarse a las jovencitas a pasear; o la burda prohibición del Gobernador sobre los narco-corridos con el argumento de que “calientan la sangre” y luego a la gente le da por matar. ¿Neta?
En Sinaloa, como en todo México respecto del tema “Narco”, seguimos confundiendo la gimnasia con la magnesia. Una cosa es que moralmente nos moleste el consumo de drogas, el “Movimiento Alterado” o la cultura narca. Y otra cosa es lo que hacemos con el crimen organizado y sus efectos desde el punto de vista de la política pública.
Y voy a decir algo que a lo mejor no gusta, pero es cierto: en el vacío de una discusión más seria e informada, en la confusión que tiene implicaciones de política económica, social, de salud, de seguridad y hasta ética, se construye un escenario sumamente favorable para la mafia dominante y también para la estructura política que la cobija.
Me explico.
Tan solo en semanas recientes hay dos hechos que evidencian la realidad narcopolítica de Sinaloa: la presunta visita de la Diputada Local por el Partido Acción Nacional y el Partido Sinaloense, Lucero Sánchez al penal del Altiplano para ver a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, con una identidad falsa. Y la detención de un presunto narcotraficante por parte de la Marina junto con tres escoltas de Servicios de Protección del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Es válido señalar que la visita a un narcotraficante famoso no constituye delito alguno, en cambio, sí lo es usar documentos apócrifos. Pero más allá de la falsificación de la identidad, lo que vale reflexionar y -a reserva de que se pruebe el hecho- es ¿qué hace una diputada local visitando a un capo?, o también, ¿cómo es que tres escoltas del gobierno brindan protección pagada a un presunto narcotraficante sin saber de sus actividades?
Lo más interesante luego son las respuestas de las autoridades y los protagonistas políticos relacionados con ambos hechos.
Sobre el caso Lucero Sánchez, los partidos que apoyaron su candidatura se deslindaron de su militancia y la calificaron como una candidata ajena; hasta ahora ni el dirigente del PAN, Edgardo Burgos, ni el del PAS, Melesio Cuén, han revelado quién la propuso como candidata. Además, el primer día de la revelación de López Dóriga en su columna de Milenio, la mayor parte de los diputados del congreso local se tomaron la foto con su compañera para apoyarla tras la rueda de prensa en que desmintió las acusaciones, pero una vez reveladas las fotografías en El Noticiero, los deslindes no se hicieron esperar.
En el caso de los escoltas detenidos por la Marina junto a Genero Payán Aros, “El Gringo”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, es importante recordar el antecedente del actual Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien estuvo acusado y prófugo por sus vínculos de protección al finado narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes en el año 2010 y quien ha reprobado en tres ocasiones el examen de Control y Confianza. En aquel entonces, la PGR ofreció 5 millones de pesos por su cabeza y, vaya ironía, ahora es el máximo Jefe de la Policía en Sinaloa. Sobre esto, el gobernador Mario López Valdez atajó las críticas diciendo que para combatir el crimen no se necesitaban “blancas palomas”. Veneno mata veneno pues.
Junto a muchos otros casos, la presunta visita de Lucero Sánchez y la detención de los escoltas junto a “El Gringo” reflejan la cercanía y hasta la mimesis que existe entre el crimen organizado y la clase política en Sinaloa.
El cártel local lleva generaciones como uno de los más poderosos del mundo porque ha garantizado la seguridad de sus núcleos familiares y de sus estructuras jerárquicas más influyentes y poderosas. Y lo ha hecho precisamente en su estado de origen, en Sinaloa. ¿Casualidad? No creo, aquí viven sus familias, aquí está su gente, aquí comen su comida y visitan a sus muertos. Aquí se sienten más seguros. Es precisamente por eso que en los operativos federales donde han resultado detenidos, la coordinación con las policías estatales brilla por su ausencia. Vamos, ni siquiera les avisan.
La narcopolítica es una verdad que duele a las élites económicas, políticas y hasta intelectuales de Sinaloa. Ante la brutalidad de la cooptación de las policías locales y de la indefensión que provocan la injusticia y la impunidad, se hace preferible la negación. Mejor no ver, mejor no hablar, mejor no discutir. Obviar el tema y apostar por las “buenas noticias” para dejar de ver los dos, tres muertos diarios; para dejar de ver a los desaparecidos y sus familias clamando alguna certeza.
A las autoridades no les gusta reconocerlo porque en ello va implícito el aceptar la corrupción institucional al servicio del crimen organizado. Por eso entonces, vender la simulación y el “no pasa nada”. Vender el “Hay más muertos en Nueva York” para justificar el vacío de poder y la ausencia del Estado de Derecho que es su responsabilidad garantizar.
Sinaloa, como otros estados de México con situaciones similares de violencia, inseguridad y crimen organizado, tiene muchas cosas buenas. Pero éstas resultan insuficientes si los gobiernos locales son incapaces de garantizar a inversionistas y ciudadanos condiciones propicias de legalidad y seguridad para construir desarrollo y prosperidad. No engañamos a nadie con el viejo discurso de “tenemos menos muertos ahora”, si nuestro Índice de Paz (un instrumento complejo e integral) sigue en el sótano de la tabla y ante eso las autoridades responden con un “No es cierto” en lugar de buscar comprenderlo.
Va siendo hora que los partidos políticos, los medios de comunicación, las cámaras empresariales y las organizaciones de la sociedad civil busquen impulsar cambios jurídicos y mejores controles para impedir el acceso del crimen organizado al poder político formal. Esto es imposible si los ciudadanos no empezamos por comprender mejor nuestros problemas que la clase política.
No veo solución posible a nuestra ya reiterada degradación social si quienes toman las decisiones: alcaldes, diputados y hasta los policías, están al servicio del crimen organizado y no de los ciudadanos que los eligieron.
De seguir así empezaremos a visitar a los capos en el despacho del Palacio de Gobierno y no en el penal.
