El problema de la aprobación de la Reforma Educativa por la Suprema Corte de Justicia, que ha volcado de nuevo a los maestros de todo el país a las calles, sobre todo en el sur (específicamente a la CNTE en Oaxaca), no es sólo que los maestros serán evaluados y que esto, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, no viola los derechos de los mismos, sino que, como todo en nuestro país, la represión que ejercerá el Estado con estas evaluaciones puede ser una medida de control del sector magisterial mexicano.
Es, pues, una guerra de poderes.
En un país donde el estado de Derecho es lo equivalente a la ley del más fuerte, (poseída, en este caso, por la partidocracia impostada en gobierno federal y estatales), nadie garantiza que el fin real de esta medida de evaluación docente sea tener mejores maestros para tener, en esa lógica, mejores estudiantes y, en última instancia, un futuro más próspero.
Parece, más bien, que el Estado intenta cuidar cotos de poder, gremios de apoyo electoral, nuevas medidas de chantaje, etcétera y, por medio de la evaluación docente, reprimir cualquier acto de resistencia.
Se sataniza a los maestros que salen a las calles a protestar (se les tacha de maleducados), pero olvidamos que las condiciones en las que vive el gremio docente en México es infinitamente más miserable a la que gozan los funcionarios de la educación, los que legislan sobre la misma y los que ejecutan sus leyes, quienes generalmente llegan a los cargos clave por decisiones políticas arbitrarias más que por un sistema de verdadera meritocracia (inexistente en nuestro país), sin que haya después, claro, nadie que los evalúe.
Llegan impunes y salen impunes.
Si en nuestro país operara un sistema de evaluación para cada funcionario o servidor público de alto nivel (como el que quiere imponerse al magisterio), nuestro mismo presidente de la República habría sido removido del cargo, pues ha demostrado en repetidas ocasiones no contar ni con el mínimo conocimiento de nuestra geografía nacional.
México debería tener un sistema de evaluación para evaluar esos cargos que son sostenidos con los impuestos de los ciudadanos, pues esto aseguraría a la ciudadanía tener en ellos a los mejores y no a los amigos de los poderosos del gobierno en turno. Entonces nadie se quejaría de ser evaluado, sobre todo por evaluadores que resultan ser más incompetentes que los evaluados.
Por eso, no es el sistema de evaluación en sí mismo lo que los docentes (y gran parte de la sociedad) ven con malos ojos, son, más bien, los fines aviesos que esta nueva medida esconde y que poco o nada tienen que ver, por cierto, con lograr que nuestro país tenga una educación que la saque del atasco en el que se encuentra.
@rogelioguedea
