Hace un par de semanas el gobierno mexicano hizo finalmente público su interés en comenzar el proceso para participar en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Este anuncio es la culminación de un proceso que diversas organizaciones de sociedad civil iniciamos en 2011, cuando en el marco de laAlianza para el Gobierno Abierto (AGA) presentamos la adhesión a EITI como uno de los compromisos de su Plan de Acción. Pero es además el inicio de un largo camino en el cual México deberá presentar su candidatura y, si ésta es aceptada, llevar a cabo un proceso que debe tener como resultado la publicación de información de los sectores minero y petrolero que actualmente no es pública. Un elemento clave en el proceso es que todas las decisiones deben tomarse de manera conjunta entre sociedad civil, gobierno y empresas extractivas.
Es así que desde la sociedad civil tendremos un papel fundamental que jugar, con el que se aseguren resultados que beneficien al común de la población y, en especial, aquella que es afectada por la actividad extractiva. Para ello, un paso necesario es organizarnos y garantizar una participación representativa e independiente, que permita atender las necesidades de información de los diferentes actores sociales del país.
Esto es, por ejemplo, lo que han hecho en el EITI de Colombia, donde conformaron un grupo amplio de sociedad civil, que incluye representantes de comunidades locales, entre otros actores, y es el grupo encargado de definir la agenda y las propuestas. Al mismo tiempo, eligieron a tres personas que llevarían esta posición a la mesa de negociaciones. Gracias a ello, se logró incorporar el tema ambiental en la EITI de este país, lo cual no resulta una tarea sencilla dado que este tema no se encuentra contemplado en el estándar internacional de la iniciativa, donde se definen los mínimos de información que los países deben comprometerse a publicar.
Justamente el ambiente es un elemento central en las discusiones, acciones y posiciones de la sociedad civil ante la explotación de los minerales e hidrocarburos en la región, como es el caso de México. Mucho más allá de conocer los ingresos que el Estado recibe por esta actividad y cómo los gastan, la población está demandando información sobre la política ambiental de los gobiernos y el actuar de las empresas en esta materia. Así, reclama información de manera previa sobre las afectaciones socio-ambientales de los proyectos que se desarrollarán en sus regiones para poder participar de manera informada en las decisiones sobre los mismos. También quieren conocer más sobre el desarrollo de los proyectos como cuánta agua y cuánta energía están consumiendo o cuántos son los residuos que están generando, entre otros, para saber a qué se exponen.
En este contexto es muy importante que la EITI comience a recoger estas necesidades de manera explícita si quiere ser realmente una herramienta útil para los países y las poblaciones de la región. Es por ello que la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), en colaboración con la coalición global Publiquen Lo Que Pagan (PLQP) y el Natural Resource Governance Institute (NRGI) está trabajando para lograr que la transparencia en materia ambiental del sector extractivo sea retomada en EITI.
Un primer momento clave para ello fue la Conferencia Regional EITI en las Américas que tuvo lugar la semana pasada en esta misma ciudad y en la que se comenzó a discutir este tema de manera pública, con participación de la RLIE. Otro lo será la Conferencia Mundial de EITI que tendrá lugar, por primera vez, en un país de América Latina al celebrarse en Lima el 24 y 25 de febrero de 2016. Esta fecha representará una buena oportunidad para que la sociedad civil de Latinoamérica haga escuchar con fuerza su postura y logre poner sobre la mesa sus propuestas.
No duden en acompañarnos en estos esfuerzos, tanto en México como a nivel regional. El aporte de todas y todos es fundamental para lograr avances verdaderamente útiles y sustantivos, que estén a la altura de los retos que enfrentamos por el desarrollo de la actividad minera y petrolera en nuestros países. Y también para asegurar que la voz de la sociedad civil y las comunidades sea tomada en cuenta y respetada.
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Por Aroa de la Fuente López
Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)
e investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación
