Oscar Arredondo Pico, investigador de Fundar.
Mucho se habla del Sistema Nacional Anticorrupción como la reforma que va a acabar con los abusos de poder, la impunidad, los malos manejos de los recursos públicos y la evidente falta de integridad y ética de políticos y gobernantes. Los partidos políticos en las recientes elecciones tomaron el estandarte de la reforma constitucional como lema de campaña, se atribuyeron la paternidad de la reforma y alguno se atrevió a usarlo como slogan “los corruptos a la cárcel ¿a poco no?” lo que parece una broma de mal gusto si analizamos la conducta y antecedentes de todas las fuerzas políticas cuando detentan el poder.
A pesar de que este problema es estructural e invade tanto lo público como lo privado, durante décadas esa urgencia se ha pasado por alto, vienen y van legislaturas y administraciones sin avances contundentes contra la corrupción. Sin embargo no fue sino hasta diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, que los principales partidos políticos impulsaron en el Congreso de la Unión la discusión y aprobación de reformas constitucionales enfocadas a la lucha frontal contra la corrupción.
A inicios de 2013 el PRI planteó la creación de un órgano autónomo del poder ejecutivo, denominado Comisión Nacional Anticorrupción. La propuesta fue recibida con fuertes críticas sobre sus deficiencias técnico-jurídicas y su fuerte tufo a simulación; luego vino el rompimiento del Pacto por México y la presentación en la Cámara de Diputados de algunas iniciativas de reforma provenientes de las diversas fracciones parlamentarias. Ante el eminente proceso electoral del presente año, proliferaron las iniciativas en la Cámara de Diputados. Los tiempos políticos hicieron que se volviera muy costoso el no contar con una base sólida que permitiera a partidos y candidatos darle la cara a la sociedad, así los Diputados optaron por llevar al pleno de la cámara baja un proyecto en el que convergieran las propuestas de los partidos políticos involucrados en la elaboración de la reforma, utilizando, como fiel de la balanza, comentarios y observaciones que desde la sociedad, organizaciones como Fundar hicimos.
Así, la cámara baja aprobó un dictamen que contempló las propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa salió airosa del Congreso y se expidió en mayo del presente año. Por lo tanto es una realidad la futura creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, lo que implicará un nuevo marco jurídico en materia de control y fiscalización del gasto público, de impartición de justicia en casos relacionados con irregularidades graves, así como de responsabilidades civiles y penales tanto de los servidores públicos como de los particulares. No obstante es muy importante señalar que la reforma constitucional sólo es el escenario propicio para construir algo verdaderamente efectivo.
La oportunidad que existe ahora para reformar y crear leyes que verdaderamente impacten en atenuar, controlar y tratar de erradicar este nauseabundo lastre llamado corrupción es valiosísima, pero dicha oportunidad corre riesgos como quedarse estancada o ser secuestrada por legisladores que lejos de buscar acabar el problema, lo pretenden perpetuar. Lejos de crear un sistema anticorrupción que aún no se ha creado, lucharán por conservar un añejo sistema de corrupción que les funciona casi a la perfección.
Para Fundar es elemental poder incidir en la eminente actividad legislativa, que requerirá analizar la legislación secundaria y hacer propuestas concretas para acabar con las limitaciones y deficiencias de las leyes actuales que abren la oportunidad a la corrupción y su consecuente impunidad. Los más grandes problemas que enfrenta nuestro país: la pobreza, la inseguridad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos tienen como agravante en común el componente de la corrupción. El problema está envuelto en una dinámica de crecimiento voraz preocupante ya que directa o indirectamente la corrupción nos daña gravemente a todos.
En términos reales la reforma constitucional hoy en día no garantiza más que la creación de nuevas leyes y la reforma de algunas ya existentes, lo que puede quedarse en la línea del menor esfuerzo y la simulación o puede ser la pauta para un trabajo excepcional para mejorar radicalmente nuestro marco jurídico cerrando espacios al abuso del poder y los malos manejos de los recursos públicos, en este segundo escenario las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores que se comprometan con esta causa seremos una pieza clave. Para ello es necesario aceptar que la lucha contra la corrupción apenas comienza, está en pañales a pesar de las celebraciones y orgullos del gobierno, los partidos políticos, candidatos y legisladores.
