La perversión social radica en que nos acostumbramos a hechos detestables y preocupantes. País de masacres y desapariciones, tortura generalizada y corrupción rampante, las campañas políticas jamás tocaron las crisis más graves de nuestro territorio. Lo superfluo de la cobertura de los mensajes políticos catalizó una transición política suave y fortaleció la simple idea de que es en el sufragio donde radican nuestros derechos políticos, y nada más. El antídoto de semejante idea es que la democracia se construye día a día, no con estampar un tache en una boleta para elegir “al menos peor”.

La militarización de las elecciones describe perfectamente el momento que vive México. La narrativa, creada horas antes de que se abrieran las casillas, decía que la violencia irrumpiría para dañar la jornada electoral. Ya fuera cierto o falso este temor, el Estado recurrió a su arma más letal para instalar un supuesto orden. Los noticieros y los medios impresos calentaban el terreno al reproducir los mensajes de rechazo —inclusive violento— a la celebración de las elecciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Reinaba una tensa calma. Al final se cumplió un elemento básico de la democracia: la celebración de elecciones en un contexto de calma relativa (sin obviar los hechos violentos de Guerrero y Oaxaca).

Hasta las 20:30 horas del domingo 7 de junio, se habían registrado 27 casos de violencia contra la prensa durante la cobertura de la jornada electoral en diferentes estados del país. Los tipos de agresión fueron los siguientes: 10 agresiones físicas, 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo todo acto de obstrucción de búsqueda u obtención de información), 4 robos de equipo (como material fotográfico), 3 ataques cibernéticos a portales informativos, 3 falsificaciones de perfiles de medios en redes sociales y 1 detención arbitraria. Los estados más violentos durante la jornada fueron: Oaxaca, con 5 incidentes; Puebla, con 5 también; 4 en Veracruz; 3 en Guerrero; 2 en Campeche; 2 en el Distrito Federal; 2 en Guanajuato; 2 en Jalisco; 1 en Nuevo León, y 1 en Tabasco. A diferencia de la tendencia que indica que los principales agresores contra la prensa son servidores públicos (48%), durante la jornada los perpetradores fueron partidos políticos, sindicatos y civiles. Incluso ayer (martes 9 de junio, un día previo a la gran marcha de maestros en el D.F.) corrió el rumor de que la CNTE arengaba y daba las siguientes instrucciones a sus agremiados: “impedir que la prensa les tome fotografías e incluso quitarle las cámaras a los fotógrafos. Compañeros hoy más que nunca estemos preparados, ya que estos animales de la fuerza pública tienen orden de aprehender a cualquier maestro y ciudadano que quiera rebelarse… ellos están interceptando las imágenes para así poder identificar a los compañeros que participan en las diferentes actividades… en cada actividad que se realice quitemos las cámaras de los reporteros, ya que ellos son los espías del gobierno represor. Alertas, compañeros, ni una foto más para publicar”, dice el mensaje de la CNTE. Hasta donde pude investigar, no se había verificado la autenticidad del mensaje, es decir, el mensaje puede ser sembrado o falso. Importante subrayar esto. Sin embargo, al hablar con reporteros, éstos confirman su miedo por los ataques que han sufrido por parte de la Coordinadora de maestros.

El mensaje de la CNTE –de ser verdad- es una aberración. Es ilegal y retrógrado. Habla de la intención de cometer delitos que podrían dañar la integridad física de los reporteros, documentadores, defensores de derechos humanos y periodistas, y atenta también contra el derecho a la libertad de expresión. El Estado debe garantizar este derecho y asegurar que haya las condiciones necesarias para que ello ocurra.

No es la primera vez que los medios se vuelven blanco de grupos sociales o de los mismos grupos policiacos. Se documentó, el 2 de octubre de 2012, cómo la policía del D.F. daba las mismas instrucciones de atacar a todo aquel que trajera cámara fotográfica: la prensa como botín de guerra. Nadie quiere que se documente lo que pasa durante la cobertura de hechos violentos porque eso obliga a la rendición de cuentas, pero está también el otro lado de la moneda: interrogarnos sobre los medios, la cobertura que hacen y la democracia. Nada justifica la estupidez de la CNTE —que quede claro—, pero su queja de la cobertura imparcial por parte de la mayoría de los medios comerciales de comunicación también es una realidad.

La libertad editorial de un medio —es decir, el ángulo de la cobertura de un hecho noticioso— es parte fundamental de la libertad de prensa. Ese principio es intocable pero, como todo en la vida democrática, debe tener pesos y contrapesos. Uno de los contrapesos a esa libertad, dicen los expertos, es la transparencia editorial, es decir, la explicación franca y abierta a las audiencias de las decisiones editoriales que se toman (por ejemplo, explicar por qué en 90% de las primeras planas de Excélsior sale un dicho o una foto de Enrique Peña Nieto, o por qué Milenio hace una cobertura tan sesgada de la CNTE, entre miles de ejemplos más).

La rendición de cuentas de los medios comerciales de comunicación no existe en México. Sin importar la veracidad de la información que transmiten, son contados los casos en los que se exponen errores y la explicación correspondiente. En su mayoría, los medios consideran que por ser empresas privadas no tienen porqué rendir cuenta a sus audiencias/consumidores. Este carácter poco transparente daña severamente la democracia. La pregunta es: ¿cabe esperar que los medios comerciales sean democráticos? La naturaleza democrática de un medio de comunicación parte de que éste reconozca a cabalidad desde dónde hace periodismo. En México, la homogenización de la información, que promueve una narrativa no periodística, sale, sí, de la casa presidencial, y es una realidad, no una coincidencia constante, como muchos quieren apuntar. Entonces: ¿tienen los medios el derecho a elegir que su línea editorial sea el mensaje oficial de las autoridades, sin cuestionarlo mínimamente? En términos estrictos y legales, sí. Desde el punto de vista del periodismo, no.

La democracia mexicana continuará estando inconclusa mientras no revisemos a profundidad, y con la decisión de hacer cambios, el sistema de medios de comunicación en México. La naturaleza de los medios en el país (debido a su evolución histórica) es antidemocrática y cercana al poder político, lo que se traduce, irremediablemente, en un alejamiento profundo del periodismo veraz, ético, oportuno y creíble, características fundamentales de una democracia. Pero regresamos a lo mismo: los medios no son democráticos y ahí se explica su alejamiento de la sociedad y que ésta se preocupe (o despreocupe) por los ataques continuos y letales que sufre su prensa.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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