Por Rodolfo Córdova Alcaraz @chikmigrante
Conocí la región del noroeste michoacano en 2005, cuando pasé ocho semanas en varias localidades de Tanhuato, Ecuandureo, pasando por Panindícuaro y Ucácuaro. Pasé buenos ratos en las comunidades de Tinaja y San José de Vargas, Tarimoro, Las Cieneguitas, el Colecio, las Fuentes y la Soledad; ahí en la zona donde hace unas semanas las fuerzas del “orden” ejecutaron a 42 personas. Tanhuato tendrá unos 12 mil habitantes, casi igual que Ecuandureo.
En aquel momento en Tanhuato recuerdo haber conversado con el entonces Presidente Municipal (2005 – 2007), Nito Alvarado, antes director de obras en la administración de Ramón Castillo (2002 – 2004). En el periodo 1999 – 2002 ocupó el cargo Jaime Figueroa, cuñado de Nito y quien regresaría a la Presidencia en el periodo 2008 – 2011. Así que en un periodo de 12 años se repartieron el poder entre tres compadres. En aquel momento las historias de extorsiones y abusos por parte de los tres hacia los ejidatorios y la población eran frecuentes –por decir lo menos.
Tuve la oportunidad de regresar en 2008 por algunas semanas más, cuando conocí y platiqué con “La Brocha”, uno de los paisas que después de 30 años residiendo en EEUU regresó a su rancho –en sus palabras. Me decía que había regresado para terminar con la corrupción en Tanhuato, que él sabía que había malversaciones de fondos por parte del Ayuntamiento con los recursos que les llegaban y operaban, pero que no podía comprobarlo. Más tardamos en entrar en confianza que en pensar en estrategias para comprobar el desvío de los recursos. A los pocos meses le habíamos solicitado a la SEDESOL todos los expedientes de las 28 obras realizadas bajo el Programa 3x1 para migrantes.
Los resultados fueron de escándalo: de los 13 millones de pesos que en teoría costaron los proyectos, el uso de 6.2 millones no pudieron comprobarse. El 30% de las facturas eran apócrifas y no existían comprobantes para el 18% del total del gasto. Todas las facturas apócrifas, sin excepción alguna, fueron firmadas por los presidentes municipales y por los directores de infraestructura en turno; varias decenas de éstas fueron aprobadas por SEDESOL. Cuando terminamos de analizar la información el paisano se fue de espaldas. “Era lo que necesitaba para comprobar la corrupción”, me decía. “Imagínese si esto es con el [Programa] 3x1 que se supone SEDESOL supervisa […] ¿cómo estará donde nadie revisa?”.
Le perdí la pista a Gustavo Garibay, el paisa, por un rato hasta marzo del año pasado, cuando supe que lo habían ejecutado saliendo de su casa. Fue el segundo atentado –el primero sucedió en octubre de 2012– y sucedió días después de que la Policía Federal dejara de brindarle seguridad. En aquel momento ya ocupaba el cargo de Presidente Municipal en Tanhuato. Ahí donde hace unos días la Policía mató, de nuevo, a 42 personas. Un paisano que después de pasar su vida en EEUU decidió regresar porque quería impulsar algún cambio. Trató y le costó la vida.
¿Qué tiene que ver la historia de Gustavo con la de las 42 personas asesinadas? Nada y todo. Nada porque los casos parecieran no tener relación directa. Todo, porque muestra que el Estado cada día se asemeja más a lo que busca cambiar o “erradicar”: ¿Para qué detener si se puede ejecutar sin costo alguno?.
En vísperas de las elecciones del 7 de junio ¿qué hará el próximo gobernador de Michoacán en este escenario? De entrada me pregunto si se puede ser candidato/a sin pactar con la delincuencia organizada, lo cual responde la pregunta sin mucha complicación.
