La economía de México no levanta. Hace unos días, el Banco de México ajustó a la baja la expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 2015 y 2016, el rango inicial que era de 2.5 a 3.5 por ciento del PIB, se ajustó medio punto para situarse en el rango de 2.0 a 3.0 por ciento. Para 2016, el rango también se redujo de entre 2.9 y 3.9 por ciento a uno de entre 2.5 y 3.5 por ciento. Malas noticias.
Las razones son complejas. Según el Informe de actividad trimestral de Banxico:
“La plataforma de producción petrolera ha continuado disminuyendo y hay gran incertidumbre sobre su evolución futura […] la actividad económica de Estados Unidos se vio afectada negativamente, […] en un contexto de apreciación del dólar, se revisaron a la baja las expectativas de crecimiento estadounidense para todo el año. En consecuencia, la demanda externa de México registró una pérdida de dinamismo y se prevé un crecimiento en el primer trimestre menor que el esperado anteriormente. Adicionalmente, si bien el gasto interno en México ha continuado registrando una gradual recuperación, todavía no muestra señales claras de que pudiera presentar un mayor dinamismo hacia adelante.”
Ese mismo día, Price Waterhouse presentó los resultados de la sexta encuesta que la consultora realiza a ejecutivos. En el informe, se reportó que para el 83 por ciento de los directores generales de las empresas en México la corrupción, la inestabilidad social y la mayor carga tributaria representan las principales amenazas que enfrentan en el país.
La encuesta es reveladora, los líderes empresariales de este país no confían en las reglas e incentivos que privan en el entorno para hacer negocios. Y nada desincentiva más la inversión que esa desconfianza.
Por esa razón, conviene meternos de lleno al combate a la corrupción. Ya no es un asunto sólo de ética política, sino que toda posibilidad de desarrollo de largo plazo en educación, cuestiones sociales o economía, se ve cancelada si no desmantelamos las estructuras que hacen de la corrupción el ecosistema en que nos desenvolvemos a diario.
Ayer, la Dra. María Amparo Casar presentó en conjunto con el CIDE y el IMCO el estudio “México: anatomía de la corrupción”.
El estudio es, como la propia introducción del documento lo describe: “un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los magros resultados obtenidos. Es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción, de los partícipes de la corrupción, […] de la frecuencia con que se practica y la permisividad frente a ella, de la tolerancia social frente a los actos de corrupción, y de los costos que se pagan por permitirla.”
El estudio no podría ser más pertinente en estos momentos. Las campañas electorales en Sonora, Nuevo León o Colima nos han enseñado que los escándalos de moches, favores fiscales, aviones o propiedades, están al orden del día. Pero también nos han enseñado que los ciudadanos solo podemos conocer de estos abusos a través de filtraciones o espionajes ilegales, lo que brinda el argumento perfecto para que no se inicien averiguaciones previas dada la violación a la privacidad de los involucrados.
En un país con estado de derecho, deberíamos enterarnos de estos casos a través de los órganos autónomos fiscalizadores como las Auditorías Superiores o, incluso, los mismos Congresos Locales o Federal, quienes en su rol de contrapeso democrático deberían llevar a procesos administrativos y hasta penales a los funcionarios a quienes -previa investigación e integración de averiguaciones- se les fincaran responsabilidades por corrupción.
Pero ya hemos visto que eso está muy lejos de suceder en México. Del Estudio puede deducirse que la corrupción es por mucho el principal problema del país. Por encima de la inseguridad, el crimen organizado o el desempleo. Todos los índices internacionales nos ubican en los últimos lugares:
Bloque/Región Posición Total de países
América 22 32
BRICS + México 5 6
G20 17 19
OCDE 34 34
Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional 2014.
El problema se explica por la complicidad entre gobierno, empresarios y ciudadanos. Es decir, TODOS somos parte del sistema corrupto a través de su máxima expresión que es el soborno en todas sus modalidades.
El caso mexicano es para Ripley. La corrupción y la impunidad, lejos de haber disminuido con el fortalecimiento de la pluralidad y la introducción de pesos y contrapesos, han crecido o se mantienen igual que siempre. La única explicación –afirma el estudio- a esta realidad es que “los nuevos jugadores de la política han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y que les resulta más rentable no llamar a cuentas a los adversarios si estos tampoco los llaman a cuenta a ellos”. Perro no come perro.
Otro hecho a resaltar del Estudio es que en el caso de México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como las bases de una democracia representativa (los partidos y el congreso) son muy altos. Eso complica la gobernabilidad debido a la falta de legitimidad en las decisiones de gobierno. Y todavía más grave, ya que lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir los actos de corrupción, sobre todo los cometidos por servidores públicos. En México, las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia son de las que mayormente desconfía la población.
Pero la corrupción no es solo un asunto de nuestros gobernantes, también los empresarios participan, ya sea para obtener un beneficio o para librar algún trámite engorroso. El dato es implacable: en México la incidencia de fraude es del 75 por ciento, es decir, casi 8 de cada 10 empresas han experimentado este delito.
Y por último, el ciudadano de a pie también participa de la corrupción aunque no le guste aceptarlo. Su comportamiento cotidiano reporta amplios niveles de corrupción. Aquí menciono un fenómeno curioso que señala el Estudio: “al analizar a sus círculos cercanos como familiares, vecinos o compañeros de trabajo, los mexicanos no los consideran corruptos. Es decir, para la opinión pública mexicana la culpa de la corrupción en México la tienen los políticos y los empresarios, mientras que los ciudadanos son sólo víctimas de ella. El 76% piensa que sus familiares no le entran a la corrupción y el 70% que sus vecinos también son inmunes a esa conducta.”
Los mexicanos nos auto-engañamos. Nos quejamos del sistema si estamos fuera, pero cosechamos sus beneficios y aprovechamos sus resquicios cada vez que podemos.
El estudio cierra con dos conclusiones muy claras: el fenómeno de la corrupción debe ser atendido por los altos costos que provoca en el desempeño de la economía, en la política y en la convivencia social. La segunda es que siendo multicausal y complejo, la política de combate debe atender todas sus distintas fases: prevención, denuncia, investigación, persecución y sanción del delito.
Para ello se requiere de diagnóstico, de voluntad política y de una política pública de estado definida de manera transexenal, transversal, integral y de largo plazo.
Con la aprobación del reciente Sistema Nacional Anticorrupción que no toca al Presidente, Gobernadores, Alcaldes y Legisladores al conservar el fuero, nos quedó muy claro que la voluntad para combatir la corrupción no existe. Nos toca entonces, como insisto habitualmente en este espacio, a los ciudadanos.
Entramos otra vez en el terreno de la ética. En los caminos del deber ser que alcanzan también a la política. Nos urge comenzar a trabajar desde ambos extremos: apretar la exigencia por acabar con la impunidad y la corrupción desde la esfera institucional vía organizaciones de la sociedad civil legítimas, poderosas y bien documentadas; y, de manera simultánea, ser cada uno implacables con nuestro actuar.
Comenzar en casa con nuestros hijos; en el trabajo, con nuestros compañeros. Y hacer de la honestidad un ejemplo cotidiano.
