Este mes Jalisco vivió días para olvidar. La numeralia es abrumadora: 39 bloqueos, un helicóptero derribado con un cohete ruso, ya 8 militares muertos. La alerta roja se encendió para Jalisco, pero la violencia alcanzó a Colima, Guanajuato y Nayarit donde los criminales llegaron al extremo de quemar un camión del grupo musical Camila.
Toda esa violencia, nos dicen las autoridades, fue la reacción virulenta y coordinada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al mega-operativo del gobierno local y federal para detener a su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
Ya todos vimos que el operativo fue fallido y que en el intento, Guadalajara, una de las tres ciudades más importantes del país, vivió la parálisis del miedo.
Sirva lo anterior para recordar que el crimen organizado tiene una estrategia muy clara de comunicación. Su discurso es la intimidación y la violencia más cruel es su manera de gritar.
Es válido preguntarse por qué el cártel no asesinó personas, ¿no era fácil explotar un banco repleto de gente? Es obvio, el cártel no quiere volcarse contra la población, como sí lo hizo la Familia Michoacana. A la larga ese tipo de expoliación solo sirve para generar sus propios contrapesos, basta recordar el caso de las autodefensas en varios estado del sur del país.
Por otro lado, Denise Maerker puso el dedo en la llaga al preguntar dónde están los anticuerpos de la sociedad para denunciar y combatir al crimen organizado en Jalisco. ¿Dónde los líderes empresariales y de la sociedad civil organizada?
(Silencio).
…
Ese vacío me hizo recordar el mes de febrero de 2014 en Sinaloa, cuando miles de ciudadanos marcharon por la principal avenida de Culiacán para exigir la no extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las marchas fueron pacíficas y, salvo actos de vandalismo y el descontrol de la policía que en su desconcierto decidió disparar al aire, provocando la estampida de los ciudadanos, podemos decir que el objetivo de la movilización no era violento. Más bien había la firme intención de comunicar un mensaje para presionar al gobierno local y federal: que el Capo detenido tenía base social. No era un reclamo, era una advertencia.
Las marchas sumieron a los sinaloenses en el desconcierto. Las autoridades no podían más que negar aquella realidad dolorosísima: la derrota cultural frente a la narcocultura.
En Sinaloa, de las marchas no aprendimos nada, los líderes de opinión decidieron olvidar el tema, abandonar toda intención de discutirlo. Había mucha prisa por dejar aquel episodio atrás.
¿Somos en Sinaloa un estado narco? Era la pregunta obligada, pero no hubo respuestas.
Retomo lo anterior porque el caso Jalisco es útil otra vez para hacernos ciertas preguntas, aunque incomoden. Si tanto hablamos del CJNG como la evolución 2.0 del crimen organizado en México, de su globalización comercial que alcanza Asia, Europa y Sudamérica, de su moderno poder de fuego con armamento ruso y estadunidense, también habría que preguntarnos ¿dónde está la otra cara del Cártel de Jalisco Nueva Generación?
Me refiero a la cara institucional del Cártel. Aquella cara que se esconde al interior de los gobiernos municipal, estatal y federal. ¿O acaso nos van a decir que el Cártel se volvió tan poderoso a contracorriente de las autoridades? Al contrario, el Cártel de Jalisco se fortaleció precisamente por la complicidad de las autoridades de todos los niveles.
En una nota de Proceso en 2014, policías de Jalisco denunciaron la corrupción que impera al interior de su corporación:
“Nos ordenan que dejemos en libertad a personas detenidas relacionadas con el crimen organizado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa”
La acusación tiene sustento en las cifras, pues según una nota de La Jornada, en noviembre de 2014, 4 mil 406 policías fueron sometidos a “proceso de depuración” en Jalisco por reprobar los exámenes de control de confianza. De ellos, mil 330 son estatales y 3 mil 76 son municipales.
A la fecha, 6 meses después, no se sabe si la depuración realmente se realizó. Si todos esos policías continúan en las calles armados, patrullando, filtrando información y ejerciendo el poder de sus placas en total impunidad. Cuatro mil policías son elemento suficiente para explicar el tamaño de penetración e influencia del crimen organizado en Jalisco.
En cifras como esa empieza la corrupción y termina todo esfuerzo institucional honesto, cuando desde los niveles más básicos de la ejecución de la justicia se tuerce el sistema y se establece una impunidad selectiva. Un sistema de privilegios. Un sistema mafioso.
En el mismo sentido, la semana pasada circuló una supuesta carta de El Mencho donde acusa a las autoridades de intentar acabar con su organización para fortalecer el pacto con el Cártel de Sinaloa. Alega no ser terrorista y responsabiliza a las autoridades del derramamiento de sangre.
Tomados con las reservas obvias, ese tipo de mensajes en correos electrónicos y mantas firmadas que se cuelgan en diferentes puntos de las ciudades, son ya una herramienta de comunicación de uso común por parte de los criminales. A menudo el mensaje es para revindicar su actuar y acusar a los gobernantes en turno (con nombre y apellido) de coludirse con sus enemigos.
Más allá de si mienten o no, llama la atención que cuando miembros relevantes del crimen organizado son detenidos, no vemos detenciones posteriores de mandos policiacos, empresarios lavadores de dinero o políticos corruptos. Ni siquiera sabemos de investigaciones serias al interior de las estructuras policiales y de procuración de justicia.
Resulta siempre que el crimen organizado en este país realiza sus actividades en completa independencia y sin necesidad de cómplices. Imposible.
…
Días después de los hechos en Jalisco, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró en su cuenta de Twitter que el CJNG sería desarticulado. La declaración ratifica la continuidad de la estrategia que contempla la detención de los publicitados “Objetivos prioritarios”.
Pero ya hemos visto cómo estos grupos pueden reconfigurarse, incluso con mejores capacidades, tras dichas detenciones. Y pueden hacerlo porque las condiciones que facilitan su existencia siguen intactas: mercados que demandan sus productos, vacíos de estado que les permiten funcionar con total impunidad, funcionarios y empresarios corruptos dispuestos a hacer negocios con ellos y lavar sus ganancias.
En ese contexto, dice Edgardo Buscaglia en Vacíos de Poder en México que:
“México tiene que generar [un esquema de combate a la corrupción] que se acomode a su estructura político-institucional, pero debe formularlo en la práctica para evitar que la corrupción política pirañesca que, fragmento por fragmento, devora al Estado mexicano, se siga traduciendo en violencia organizada entre los grupos que compiten por ser los dueños y señores de la autoridad.”
Pues bien, lo que vimos en Jalisco el 1ro de Mayo fue apenas la superficie de un problema más profundo y complejo: la monstruosa corrupción institucional que alienta y posibilita esa violencia organizada. Una violencia que alcanza para quemar bancos y derribar helicópteros, mientras las ciudadanos se refugian en sus casas presas del miedo y la zozobra.
Conviene recordarlo cuando se nos presenta una licitación a modo, un negocio facilito. Conviene recordarlo cuando pedimos -o nos piden- “un favor de amigos”. Conviene recordarlo cuando aceptamos la pax narca para no contrariar el discurso mentiroso de nuestros gobernantes.
En esa complicidad conviene preguntarse: ¿a quién o quienes estamos volviendo nuestros amos?
