Un esclavo es un individuo privado de su libertad por la acción de otra persona o por alguna fuerza que le somete. En tanto que es una privación, la esclavitud sólo puede ser entendida como antítesis de la libertad; es decir, como lo opuesto a la posibilidad de un individuo de autodeterminarse.

Ahora sabemos que, contrario a lo que las añejas tesis escolásticas sostenían, la libertad es en realidad una meta inalcanzable. Determinados en buena medida por nuestra propia naturaleza, y por nuestra constitución y experiencias personales, los individuos sólo podemos ser parcialmente libres. No importa lo que hagamos, siempre encontraremos elementos externos –el mundo- o internos –nuestras pasiones- que fungirán como límites infranqueables que restrinjan nuestro poder de obrar. Todos somos, por lo tanto, en alguna medida esclavos. Lo anterior no inutiliza nuestros esfuerzos por alcanzar la mayor libertad posible, pero sí revela lo compleja que resulta la lucha en pos de nuestro humano anhelo de ser libres.

En este contexto, resulta de la mayor importancia la estructura que un gobierno logre ofrecer a sus ciudadanos para que éstos puedan protegerse y ampliar, hasta donde alcancen, su margen de libertad. Desgraciadamente algunos países no sólo están muy lejos de contar con las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de personas emancipadas, sino que, por el contrario, sostienen sistema económico y político que les convierten en fábricas de esclavos. Este es, desde luego, el caso de México.

La tragedia padecida por Zunduri, una mujer de 22 años que permaneció dos años prisionera, con el cuello engrilletado y encadenada en el fondo de una lavandería donde era explotada y golpeada, indigna porque se supone que en nuestro país no debería ser posible que un ser humano se encuentre expuesto a ser sometido a un sufrimiento de esta naturaleza. La esclavitud a la que esta joven fue sometida es de la especie más aberrante porque implicó burdas limitaciones físicas a su libertad y vejaciones contra su cuerpo. Zunduri fue una esclava en el grado más alto que puede alcanzar la concepción moderna de este término.  Es entendible, por tanto, que este tipo de esclavitud sea la que produzca más indignación y sorpresa en el público.

Sin embargo, el caso de Zunduri no es excepcional. México es el 18 país de 167 con más esclavos en el mundo y el número 1 en el continente. Se estima que alrededor de ¡266,900 seres humanos! viven en condiciones de esclavitud moderna en nuestro país, categoría que incluye tráfico de personas, sometimiento por deuda o matrimonio en servidumbre o trabajo forzado entre otras. Ejemplos abundan: desde migrantes esclavizados por el narcotráfico hasta mujeres prostituidas contra su voluntad por redes de tratantes. Todo esto ocurre con la complacencia o complicidad de autoridades de todos los órdenes, quienes suelen repartirse los beneficios de la explotación de personas con sus captores. Total, aquí no pasa nada.

Existen, empero, otros grados menores de esclavitud que son mucho menos tangibles, pero no por ello menos reales o más permisibles. Ciertamente su volumen es mucho mayor.  En nuestro país la explotación laboral continúa siendo sumamente común y, lo que es peor, es socialmente tolerada. Así lo dejan de manifiesto las revelaciones de las condiciones de trabajo que millones de seres humanos, desde obreros de la fábrica de Mazda en Guanajuato, mineros en Coahuila hasta los jornaleros en Baja california, que se ven forzados a trabajar en condiciones infrahumanas con tal de sostenerse con vida. También coartan la libertad de millones de mexicanos nuestro ridículo e injusto salario mínimo, en constante devaluación desde hace 30 años, que no resulta suficiente para garantizar las condiciones necesarias para empoderar a quienes pasan carencias. Este formato de esclavitud se sostiene gracias a la complicidad entre élites políticas, económicas y sindicales.

Vivimos bajo la fachada de una democracia liberal, pero nuestro actual sistema económico y político, y las élites que lo regentan, operan como un enorme mecanismo cuyas partes se mueven para despojar libertades y no para garantizarlas. Peor aún, día con día perdemos algunas libertades que pensábamos ganadas. La libertad de prensa en México ha caído en los últimos 10 años, el temor a las autoridades va en aumento, en territorios completos del país impera la ley de la selva, con el pretexto de la irracional “guerra contra el narco” se violan sistemáticamente derechos humanos y nuestro sistema educativo forma alienados autómatas disfuncionales. Podemos pensar que todo esto es producto de los infortunados errores de nuestros gobernantes. O podemos asumir, junto con James Robinson y Daron Acemoglu (Por qué fracasan los países, 2013) que en realidad el estado de cosas actual es conservado intencionalmente por aquellos que capitalizan, como los conquistadores españoles del siglo XVI, la debilidad de las mayorías para despojarlas de bienes públicos y para hacerles trabajar, en calidad de servidumbre, en la extracción de cuantiosas rentas.

Las cadenas que esclavizaron a Zunduri se extienden más allá de los cuatro metros de fierro que le sujetaban a la infame mazmorra de la tintorería de Tlalpan donde fue privada de su libertad durante dos años. Cuando las cadenas esclavizan de forma explícita las reconocemos como tales y nos indignamos, cuando lo hacen silenciosamente las normalizamos como parte de nuestro paisaje cotidiano. Algunas veces las vemos, otras no. Pero éstas se encuentran siempre presentes recorriendo el país como una enredadera que asfixia, en mayor o menor medida, las libertades de aquellos mexicanos más vulnerables que se encuentran a su paso.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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