Aroa de la Fuente López
El pasado viernes 20 de marzo un grupo de organizaciones formado por el Centro Prodh, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Prodesc, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace, Indignación y Equipo Pueblo, llevaron la Reforma Energética ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). En esta audiencia celebrada en Washington DC participó, además de la sociedad civil y los comisionados de la CIDH, el gobierno mexicano a través de representantes de la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otros.
Muchos temas fueron puestos sobre la mesa por las organizaciones, quienes mostramos con datos y argumentos que la reforma energética supone la vulneración de toda una serie de derechos de la población mexicana. Por su lado, el Estado mexicano se limitó a repetir el discurso publicitario de la reforma que señala, sin datos que lo sustenten, que se hizo para beneficiar a la población a través de un mayor desarrollo económico. Además, los representantes gubernamentales negaron todas las acusaciones de sociedad civil, en un acto de completa carencia de autocrítica, cualidad que debe ser inherente a los gobierno democráticos.
Fue seguramente este discurso oficial el que llevó al Comisionado Paulo Vannuchi, coordinador de la Unidad DESC a comentar que, dado que la reforma energética acaba de aprobarse, aún no se han podido violar derechos humanos y que se está a tiempo de evitarlas. Ahora bien, como las organizaciones señalamos, ya se han dado una serie de graves afectaciones a los derechos con la reforma que amenazan con multiplicarse en el futuro.
En primer lugar, el mismo proceso de presentación, discusión y aprobación de la reforma de manera exprés y a puerta cerrada, supuso la violación de una serie de derechos. De esta manera, no se garantizó el derecho de acceso a la información, ya que los datos que el gobierno presentó para sustentar su reforma fueron deficientes en cuento a calidad, disponibilidad y accesibilidad. Además, se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas; toda vez que la reforma constitucional y a la legislación secundaria no fueron consultadas con ellos como establece el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, se transgredió el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la SCJN de someter a consulta popular la reforma constitucional en materia energética, pese a que se trató de un tema de la mayor relevancia pública.
Por otro lado, la reforma supuso la apertura del sector petrolero a la iniciativa privada en un país donde la explotación del petróleo supone el 35% de los ingresos públicos que financian el presupuesto nacional. Esto implica que las ganancias que antes recibía el Estado a través de la entidad pública Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora tendrán que ser repartidas con el sector privado. Es decir, México contará con menos recursos para garantizar los derechos humanos de la población y los principios de progresividad, no regresividad y máximo uso de recursos asociados.
Las afectaciones de derechos también se materializaron en la aprobación de una serie de cambios al marco normativo relativo al sector de energía, que son contrarias a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención Interamericana. Es el caso de la definición de la industria de hidrocarburos y de la industria eléctrica como de utilidad pública, lo que le da prioridad para el uso del territorio por encima de cualquier otra consideración, como son los derechos de la poblaciones que habitan y viven de esas tierras. De esta manera se vulnera el derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente sano y a la salud, entre otros, de la población; y, en el caso de los pueblos indígenas, su derecho a la autodeterminación y al uso y disfrute de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Esto se debe a que, para concretar esa priorización de la actividad energética, el Estado podrá obligar a los dueños de los terrenos, a los ejidatarios y a las comunidades campesina e indígenas a rentar sus tierras a las empresas. Lo que resulta aún más grave en un contexto en que la reforma promueve la explotación de hidrocarburos de lutitas a través de la técnica de facturación hidráulica (fracking) que, por su nivel de toxicidad, uso y contaminación de agua, generación de deshechos y otros riesgos inherentes a la misma, suponen graves riesgos para los derechos humanos y conllevará que las tierras sean regresadas a sus dueños totalmente dañadas e inútiles para la realización de otras actividades. De esta manera, el Estado se pone al servicio del sector privado, dejando de lado su obligación de garantizar los derechos humanos.
Por otro lado, los primeros pasos en la implementación de la reforma también están suponiendo violaciones de los derechos de la población. A estas alturas, ya se ha entregado una serie de asignaciones a Pmex sin haber consultado a la población indígena y campesina afectada e, igualmente, lo que también ha ocurrido en la definición de las áreas que serán entregadas a las empresas a través de contratos. Por otro lado, una de las primeras consultas que la Sener está realizando en el marco de la reforma y que, por lo tanto, determinará la implementación de consultas posteriores, está violando los principios fundamentales de este derecho. Así, la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza (Oaxaca) que está siendo ¨consultada¨ por un proyecto eólico ha denunciado agresiones, amenazas e intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, falta de mecanismos claros de toma de decisiones, permisos y contratos previamente acordados y falta de transparencia en el proceso. Además, estas deficiencias han sido señaladas igualmente por el ex relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, quien fue invitado por el gobierno como observador en esta consulta.
Antes esta situación es necesario que la CIDH y las diferentes instancias del Estado mexicano pongan en marcha las medidas necesarias para cambiar el panorama de violaciones de derechos humanos que se abre con la reforma energética. En este sentido, es necesario que el marco normativo en materia energética sea revisado y armonizado con los más altos estándares de derechos humanos, que se prohiba el fracking en todo el territorio nacional, se realicen investigaciones sobre las violaciones a derechos de la reforma y se garantice el derecho a la consulta, empezando por el caso de Juchitán.
El video sobre la Audiencia de la CIDH ¨Reforma Energética y derechos económicos, sociales y culturales¨ puede consultarse aquí:
