Sin duda Andrés Manuel López Obrador es el comunicador más apto de toda la clase política. Gran parte de su éxito se basa en su capacidad para identificarse con la sociedad a través de los símbolos y creencias que durante más de setenta años nos inculcó el PRI a través del sistema educativo, el nacionalismo revolucionario y la mexicanidad. Más que una persona de izquierda, en sus ideas y discurso encarna al último gran priísta.
A lo largo de su carrera ha aprovechado la vigencia de esas creencias. Frente al culto al campeón sin corona que nos inculcó el cine mexicano, sostiene una carrera basada en las derrotas, y que sería inviable en otro país, gracias a una supuesta conspiración de las mafias del poder. Es como si Pepe el Toro se hubiera reencarnado y hecho político. En sus discursos refiere una y otra vez a los grandes lugares comunes de la historiografía: los gringos nos saquearon, el Porfiriato fue el reino del mal y la historia es cíclica pues basta con ver a Salinas. Y en su último spot nos habla, vestido de blanco, desde la tierra prometida de la Justicia Social, culminando si votamos por él con la gran promesa de la Revolución Mexicana.
Uno de esos grandes mitos del nacionalismo revolucionario es la Constitución de 1917, que en realidad es un acta de reformas de 1857. Entronizada por el régimen como la primera ley fundamental del siglo XX con un contenido social, cientos de reformas la convirtieron en un texto confuso, aspiracional y sobrerregulado que más bien merecería el nombre de Reglamento Político de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no importa eso: se nos enseñó que tenemos la mejor carta magna del mundo y que sólo era cuestión de aplicarla. O si eso fallaba, se nos decía que era en realidad un programa de largo plazo para una revolución permanente o institucionalizada.
La semana pasada López Obrador declaró que, de ganar, devolvería a la Constitución de 1917 original, sin alterar una coma. ¿Cómo funcionaría el país? Desinstalemos el software versión 400+, reinstalemos la paquetería original y demos un vistazo rápido a cómo corre el sistema. Igual y en una de esas hasta me animo a votar por él en 2018.
Garantías individuales
La Constitución de 1917 no reconoce los derechos humanos como tales, sino a las garantías individuales: el cambio se dio apenas hace pocos años. Tampoco se reconocen los derechos y cultura indígenas o la igualdad de género como hoy se lee. Por otra parte el artículo 3 sólo habla de la educación que imparta el Estado, no de un derecho a la educación.
Pero asumamos que López Obrador lo sabe y nos lleva a un paso atrás para quitar del texto constitucional una serie de derechos banales en la medida que no son garantizables: alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; planificación familiar; medio ambiente sano; acceso, disposición y saneamiento de agua, vivienda digna y decorosa; o cultura física y deporte.
El texto original tampoco reconoce el derecho a la información pública, lo cual parece conveniente a alguien de quien no sabemos de qué ha vivido durante años más allá de dogmas que creen sus seguidores. Aquí no hablaríamos del “3 de 3” que algunos exigen a candidatos, sino de un “siquiera 1, andale…”.
Estado y economía
La Constitución de 1917 no reconoce la planeación democrática, lo cual es algo bueno: este tipo de mecanismos que provienen de los años treinta han sido ineficaces y hoy sólo distraen recursos para un Plan Nacional de Desarrollo que a nadie le importa en la práctica. Tampoco tendríamos al INEGI o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que todavía no se instala.
Un vicio que viene de la redacción original es no reconocer la propiedad privada, abonando a la incertidumbre jurídica en la materia. También habría plena defensa a otros tipos de propiedad como la comunal. Pero unas cosas por otras: nos liberaríamos de dogmas como la propiedad sobre el petróleo y habría pocas áreas estratégicas destinadas a la intervención monopólica del Estado. Tal vez en eso consiste realmente la defensa de la soberanía y del petróleo: de olvidarnos que se plantearon después de 1917.
De la soberanía nacional y de la forma de Gobierno
En 1917 no se reconocen los partidos políticos, por lo que no tendrían las prerrogativas que hoy gozan. Tampoco se tendrían al INE o los consejos estatales. Nada mal, ¿verdad?
Las partes integrantes de la Federación y del Territorio Nacional
La Constitución de 1917 no reconoce los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Y el Distrito Federal tendría, si restauramos coma por como la Constitución del 17, un ayuntamiento.
Por otra parte los estados y municipios tendrían más atribuciones sobre su gobierno interno: el artículo de la Constitución que más se ha modificado es el 73, que da facultades a la Cámara. Esto es, lo que ganaba la federación lo perdían los estados.
Poder Legislativo
La Cámara de Diputados se elegiría por distritos de mayoría relativa, conformándose un distrito por cada 160,000 habitantes, o por una fracción que pase de 80,000. Eso significa que si tenemos aproximadamente 125 millones, la Cámara de Diputados tendría más de 600 integrantes. Y si consideramos que los distritos de mayoría dificultan la representación de grupos minoritarios, es posible que el PRI tenga la mitad más uno de los asientos sin necesidad de coalición. Quizás la distritación podría darle más asientos a los otros partidos, pero la situación de fondo no cambia.
¿El Senado? Buenas noticias para quienes creemos que tenemos demasiados legisladores: tendría sólo 64 integrantes. Mala noticia: se eligen dos por fórmula partidista por entidad, lo cual otra vez daría mayoría al PRI.
Y lo mejor: habría reelección inmediata e indefinida para legisladores federales, locales, y autoridades municipales. La prohibición a la reelección inmediata de representantes y ediles se aprobó en 1933 y fue una de las bases de la dominación del PRI: nadie murió en la Revolución por prohibir la reelección de alguien más que el presidente y, a lo sumo, los gobernadores.
Finalmente el Congreso de la Unión tendría menos atribuciones, pues estarían en manos de los estados. Tampoco existiría una Auditoría Superior de la Federación, sino una Contaduría Mayor de Hacienda con facultades muy disminuidas a las que hoy tiene la primera institución.
Poder Ejecutivo
De restaurarse la Constitución de 1917, el presidente deberá ser mexicano de nacimiento y de padre y madre mexicanos. No habría un mecanismo claro en caso de que faltase, pero tendría mayores facultades para nombrar y retirar funcionarios: sólo estaría sujeta a la ratificación del Senado la de los mandos superiores del Ejército y los altos funcionarios de Hacienda.
Sin embargo sería un presidente débil con un poder de veto total. No tendría, por ejemplo la capacidad de introducir al Congreso iniciativas de manera preferente. Entonces, ¿por qué era fuerte el Presidente durante los años del PRI hegemónico? Porque era la cabeza de una maquinaria política que le daba lo que se han llamado facultades metaconstitucionales.
Poder Judicial
Si bien no se define el mandato de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente tendría mayor control sobre la nominación: sería por candidato y en caso de no haber acuerdo en el Senado su voluntad terminaría imponiéndose. Ah, y la presidencia duraría un año con lugar a la reelección.
El procurador general de la República sería designado directamente por el Presidente y también sería consejero jurídico del gobierno.
Del trabajo y la previsión social
Sería más fácil abrir un negocio con el texto original de la Constitución de 1917: los sindicatos monopólicos y oficialistas aparecieron durante los años treinta. Tampoco había cláusula de exclusión. Y tampoco sobrerregulación disfrazado de conquistas revolucionarias.
¿Les gusta cómo sería el país?
