México vive una profunda crisis política que se expresa en violaciones a derechos humanos y se agrava por las condiciones de corrupción e impunidad que prevalecen en nuestro sistema político. Durante 2014, dicha crisis se evidenció a partir de tres sucesos que conmocionaron a la sociedad mexicana y a la opinión pública internacional. Dos de estos eventos constituyeron graves violaciones de derechos humanos: el asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. El tercer evento dejó en claro la existencia de conflictos de interés al más alto nivel del gobierno mexicano: el reportaje realizado por el equipo de Investigaciones Especiales de Noticias MVS sobre la llamada “casa blanca”, cuyos protagonistas fueron el presidente Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.
A los sucesos políticos y sociales se suman los problemas por los que atraviesan las finanzas públicas. La inestabilidad política se agravó cuando desde finales del año pasado el precio internacional de la mezcla mexicana del petróleo empezó a disminuir, provocando que el presupuesto de egresos para este año tuviera un recorte de 124,300 millones de pesos, lo que equivale al 2.7% del gasto total para 2015.
Ante los problemas descritos, la respuesta del gobierno federal ha sido tibia y limitada: en noviembre, el ejecutivo federal presentó diez acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. En febrero el presidente Peña Nieto presentó las ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés. En ambas ocasiones, las propuestas encontraron fuertes críticas por resultar insuficientes ante la gravedad de los problemas que pretenden solucionar.
Tlatlaya, Iguala y la Casa Blanca parecen haber marcado un punto de inflexión en la manera en la que las y los mexicanos nos relacionamos con el gobierno. A pesar de la insuficiencia de las respuestas gubernamentales, la sociedad se movilizó a través de muy diversas manifestaciones en las calles de varias ciudades del mundo y muestras de solidaridad en redes sociales.
La falta de respuestas contundentes ante Tlatlaya, Iguala y la Casa Blanca son la evidencia de que el Estado mexicano tiene problemas estructurales que requieren soluciones más radicales. La solución a la crisis de corrupción, impunidad y las graves violaciones de derechos humanos que suceden en nuestro país requiere, entre otras cosas, de una revisión a fondo del sistema de justicia mexicano y de los sistemas de fiscalización y anticorrupción.
Por estas razones, un grupo de organizaciones de la sociedad civil convocamos a una jornada para reflexionar, junto con personas que han vivido experiencias similares en otros países, sobre lo que podemos hacer ante la crisis que enfrentamos. Para lo anterior estamos convocando al Foro “La sociedad civil responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, un espacio de intervención pública en el que responderemos con propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Este diálogo tendrá lugar en el Museo de la Memoria y la Tolerancia el jueves 26 de marzo y estamos convocando a organizaciones, personas expertas en estos temas y a quienes están interesados en conocer y discutir propuestas para una agenda civil ante la impunidad con propuestas alternativas de reformas legales, institucionales y acciones concretas a partir de las lecciones que podemos aprender de otros países que han pasado por crisis similares.
Pensamos que hay mucho que discutir y proponer para contar con mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que nos permitan construir instituciones a la altura del país que queremos y merecemos.
