Son tiempos en que México se encuentra sumamente cuestionado a nivel internacional por la corrupción, la inseguridad y la impunidad que campea en nuestro territorio.
Tiempos en que los nombramientos de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte o Arely Gómez en la Procuraduría General de la República, lejos de abonar, contribuyen al ambiente de incredulidad y desconfianza que el propio Presidente Enrique Peña Nieto aceptó ante la prensa internacional.
Sabemos también que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de la esfera nacional. A nivel estatal los gobernadores se han erigido en jefes cínicos e impunes que lo mismo clonan una revista como hace Roberto Borge en Quintana Roo, que se inventan un banco para su beneficio como César Duarte en Chihuahua.
Con la cantidad de podredumbre que se genera nivel nacional, resulta muy difícil voltear a los casos locales. Casos donde es todavía más complicado y costoso generar los contrapesos frente a los abusos de poder de Alcaldes y Gobernadores.
En este escenario se inscribe la iniciativa del Gobernador Mario López Valdez para construir dos hospitales generales en Sinaloa. Un escenario donde la división de poderes no existe y el Congreso de Sinaloa es mero accesorio.
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Esta semana en Culiacán, el gobierno del estado de Sinaloa organizó un foro sobre Asociaciones Público Privadas (APP’s), un modelo para que la iniciativa privada pueda participar en inversiones de infraestructura pública de gran calado en diversas partes del mundo y cuya pertinencia y viabilidad pasan, inevitablemente, por las bases de la transparencia y el apego estricto a la legislación vigente. En ese marco, el gobernador pronunció las siguientes palabras:
"No puede ser que la desconfianza o la maldad humana… nos prive a quienes no tienen oportunidad de curarse…"
La cita no es de un sacerdote o un predicador moral. Es de un político, el mismo gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
La frase del gobernador puede entenderse como una clara intención de descalificar a un grupo de actores empresariales y de la sociedad civil en Sinaloa en el que participan la Coparmex, el colectivo Congreso Abierto Sinaloa, la Cámara de la Construción, el Parlamento Ciudadano, Mexicanos Primero e Iniciativa sinaloa, entre otros.
Dichos actores han exigido a través del diálogo y el cabildeo la necesidad de una base mínima de transparencia para justificar la pertinencia social, financiera, técnica y hasta jurídica, del proyecto de construcción de dos hospitales generales en Culiacán y Mazatlán. Hospitales cuyo costo nada despreciable ronda los 14 mil millones de pesos.
Hasta allí todo bien, sin embargo, una vez licitadas las obras el gobernador Mario López Valdez pretende (a través de una iniciativa de ley que se encuentra en discusión en el Congreso local) afectar hasta el 25 por ciento de un fondo federal (el FAFEF) durante los próximos 25 años como garantía para que el proyecto lo lleven a cabo las constructoras Prodemex y GIA, propiedad cada una de Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero, respectivamente.
De ese contexto escribí ampliamente en una entrega anterior en este espacio: “Sinaloa: el negocio de los hospitales”.
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Por otro lado, también esta semana se hizo público vía una solicitud de información del periódico Noroeste, que el Comandante en Jefe de la Policia Ministerial de Sinaloa (PME), Jesús Antonio Aguilar Íñiguez reprobó (por tercera vez) el examen de Evaluación de Control y Confianza. Con ese resultado la ley dice que debe ser cesado de su puesto y que al no hacerlo, el Gobierno del Estado de Sinaloa cae en desacato constitucional.
Cuando se le cuestionó al Gobernador la permanencia de Aguilar Íñiguez en la policía, no solo respondió que el comandante seguirá en su puesto, sino que será así porque ha dado buenos resultados. Pragmatismo puro y la vieja justificación de Maquiavelo: el fin que justifica los medios.
El asunto es que la situación no es simpática: la Policía Ministerial de Sinaloa ha sido continuamente señalada por sus prácticas de tortura durante la cadena de custodia de los detenidos y ayer, el mismo comandante Aguilar Íñiguez, perdió los estribos ante el cuestionamiento de un periodista de Televisa y lo retó a un enfrentamiento.
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Puede inferirse entonces que el gobernador de Sinaloa confunde la transparencia con la moral y la legalidad con el pragmatismo. Nada bueno en épocas en que -se supone- nos da por practicar la democracia.
Es decir, tenemos un gobernador que encuentra en el escrutinio democrático una intencionalidad malévola cuando viene de la sociedad civil; pero que desprecia la legalidad cuando se trata de justificar sus malas decisiones.
Sin duda la frase se integrará al amplio anecdotario de Mario Lopez Valdez como una ocurrencia más.
Pero la ocurrencia no lo es tanto, me parece que en realidad la frase citada es la manifestación discursiva de una comprensión más profunda de lo que Mario López Valdez -el gobernante, entiende por sistema democrático: allí donde la sociedad civil se organiza, dialoga, cabildea y exige, lo que cabe no son las buenas intenciones por un mejor estado, sino la desconfianza y la maldad para contradecirlo.
¡Ah! Pero allá donde los medios exhibimos la incapacidad de un funcionario para cumplir con los exámenes de rigor mínimos en un tema tan delicado como el de Control y Confianza; entonces sí apela el gobernador a la bondad de los sinaloenses y pide un voto de confianza para que apoyemos sus decisiones.
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Cierro.
El gobernador y sus aliados olvidan que los mexicanos, incluidos los sinaloenses, ya no están dispuestos a firmar cheques en blanco. La crisis de credibilidad de la clase política en el país y en el estado es un ambiente que deberían no solo ponderar, sino atender.
Algo bueno puede esperarse en una semana en que mas de 51 mil mexicanos firmaron una petición en Change.org para impedir el nombramiento de Medina Mora en la SCJN; una semana en que la sociedad civil se defiende para sostener una Ley General de Transparencia de avanzada. Una semana en que un colectivo ciudadano plantean con firmeza un desplegado que incluye 15 preguntas sobre la viabilidad y legalidad de un proyecto de hospitales por 14 mil mdp al Gobierno del Estado de Sinaloa, sin dejar de señalar la opacidad a lo largo de todo el proceso.
Cierto. Medina Mora ya es ministro y la ley General de Transparencia está a punto de aprobarse, pero las garantías para los hospitales mencionados no han sido aprobadas en el Congreso de Sinaloa.
La ventana de oportunidad sigue abierta.
En ese escenario los ciudadanos continúan dando la batalla ante politicos insensibles que oyen pero no escuchan. Que hacen como que atienden nuestras necesidades en público para luego ocuparse de sus intereses particulares en privado. La "simunacion" que señala Carlos Puig.
No tenía ninguna duda que el PRI que volvería seguiría siendo el mismo de siempre, acaso peor; albergué en silencio la esperanza de que fuéramos un país distinto.
Muy pronto vimos que los partidos políticos de oposición prefieren jugar a la comparsa. Que los grandes medios nacionales están más contentos con la línea que les dictan desde el gobierno a cambio de jugosos presupuestos en publicidad oficial.
No debería ser sorpresa, pero lo es: la respuesta parece brotar de otro sitio. Las poquísimas libertades que la sociedad civil conquistó gracias a la alternancia vienen alcanzando para construir los espacios y los contrapesos necesarios. Por difícil y cansado que resulte a veces.
Acaso hace falta velocidad, pero veo allí la esperanza.
