La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otro hecho que dibuja claramente cómo actúa la clase política de este país. Gobiernan para sus intereses y claramente la opinión pública les tiene sin cuidado. Un grupo de ciudadanos colocaron en change.org una carta abierta a firmas contra la idoneidad de Medina Mora al puesto sugerido. Sin precedentes en la plataforma digital, la carta alcanzó 52 mil firmas en menos de una semana. El retrato de la preocupación de la ciudadanía era latente. Tener un ministro policía-espía y deficiente procurador es algo que nos preocupa a muchos.

En los pasillos del Senado se escuchaba que los priistas y los del Verde necesitaban el apoyo del PAN para lograr la mayoría calificada y así meter al menos idóneo de los candidatos a la Corte, pero eso sí, un alfil del presidente. La candidatura de Medina Mora la diseñó el quien fuera su coordinador de asesores mientras su bochornoso paso por la PGR: Humberto Castillejos, hoy Consejero Jurídico de Presidencia y uno de los hombres más influyentes en el gobierno de Peña. Muchos le llaman el buldócer por su temple corto y continuo fuerte golpeteo para conseguir los objetivos para su amo. Se sabe que toda iniciativa pasa por su escritorio, su teléfono consigue llamadas para llamarle la atención a jueces, ministros, legisladores y empresarios. Su poder es omnipresente y no siempre en la mira de la luz pública.

Castillejos supo que con Medina Mora tendría el Ejecutivo un aliado incansable. Sabía que con él dentro de la Corte pocos casos de seguridad nacional y pública, así como temas de derechos humanos encontrarían férrea oposición. Eso obvio es a favor del presidente, pero también los panistas a fin serían beneficiados por su llegada. Corrió el rumor que los panistas estaban negociando que darían su voto a favor de Medina Mora si se realizaban cambios al dictamen de la ley de transparencia y se aseguraba el próximo asiento en la Corte al PAN. Al final el PAN salió dividió y los priistas consiguieron sus 83 votos para obtener una mayoría calificada. Mario Delgado y Rabindranath Salazar, ambos ya fuera del sol azteca, además de los perredistas Armando Ríos Pitter y Luz María Beristáin se ausentaron (con toda impunidad y vergüenza) de la votación. Si ellos, (“de izquierda”) hubieran votado en contra, por lo menos en esa ronda no habrían logrado la mayoría necesaria.

Después de 300 horas de trabajo con el Senado, sociedad civil y el órgano legislativo logró redactar una de las mejores borradores de iniciativa de una ley de transparencia. Y lo digo con pleno conocimiento. Ese documento se entregó a la junta de coordinación política para su dictaminación. Ilusos nosotros, los que participamos en la ley, porque pensamos que los partidos respetarían lo que se trabajó con ellos. Subrayo lo de ilusos. Como no le hicieron caso a 52 mil firmas que pedían mayor estudio, tampoco le hicieron caso a un documento acordado y consensuado.

Entró en escena, nuevamente, Humberto Castillejos. Moviendo los hilos de Pablo Escudero del PVEM y Arely Gómez del PRI, lograron la fuerza necesaria para “descafeinar” aquel documento garantista y protector del derecho a la información. Castillejos presentó un aberrante documento con 80 “observaciones” que lo pintaban tal como es: totalitario y antidemocrático. Su animadversión contra la transparencia se ve en cada una de sus 80 observaciones. Al final, se balconeó de tal manera que de esas 80 se lograron quitar o modificar algunas. La batalla en el Senado ha estado difícil, los opacos PRI y Verde, contra los garantistas PAN y PRD. Los opacos, inclusive, salieron a mentirle a medios de comunicación sobre su respeto por la transparencia:

Del dictamen que se subirá al pleno el día jueves 12 estos son los aspectos que más preocupan ya que representan un retroceso claro y una victoria más para el abogado Castillejos. Tales son:

- No es determinante la prevalencia de la Ley General de Transparencia sobre otras leyes

- Se excluye a ciertas autoridades en la conformación de un Comité de Transparencia, prevaleciendo así las leyes de éstas (por ejemplo, SEIDO, COFECE, IFETEL) sobre la Ley General de Transparencia.

- Se reconoce, de nuevo, leyes federales como fundamentos para clasificar “siempre y cuando no contravenga principios y disposiciones” de la Ley General. Esto es engañoso: si bien hacen la salvedad de que los fundamentos de clasificación no podrán contravenir la Ley General, ampliaron los supuestos de reserva y confidencialidad dentro de la misma Ley. Por ejemplo: Código Nacional y Código Federal de Procedimientos Penales tienen reserva absoluta de toda la información de averiguaciones previas, y entonces PGR o FGR podrán reservar una investigación de forma absoluta, fundamentado en el Código, y esto no contravendría la Ley General de Transparencia.

- Se amplía el catálogo de la información que puede ser reservada o clasificada. El Art. 113 del dictamen prevé la seguridad pública y la defensa nacional como fundamento para reserva. También la información que “afecte la recaudación de contribuciones”, vulnere la conducción de expedientes judiciales o administrativos en forma de juicio que no hayan causado estado, averiguaciones previas, y otras en leyes federales que “no contravengan” la Ley General.

- Art. 20 abre la posibilidad de que autoridades argumenten que no cuentan con información porque no ejercieron sus facultades, competencias o funciones; y Art. 44 faculta a que los sujetos obligados aleguen que es imposible generar la información, y en ese caso, el Comité sólo les ordene exponer las razones por las cuales no ejercieron facultades, competencias o funciones.

- El Art. 151 del dictamen elimina el plazo máximo de 25 días que resuelve el Instituto para obligar a producir o reconstruir información. Dejando al solicitante a la eterna espera de la información.

- Se permite que una amplísima lista de autoridades no cuenten con Comité de Transparencia y se elimina la forma cómo éste debe componerse. Modificando la iniciativa original, el Art. 43 enumera las autoridades que estarán excluidas de la obligación de formar Comités de Transparencia. El dictamen retoma las autoridades que contempla la Ley Federal vigente y le agrega dos más: las autoridades investigadoras de la COFECE y el IFETEL.

- Se eliminan disposiciones relacionadas con whistleblowers. El dictamen eliminaría de la iniciativa el Art. 233 que incentivaba la revelación de información de violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario; pues exculpaba a los servidores públicos que la filtraran actuando de buena fe.

El Consejero Jurídico se mueve con completa libertad en el Senado. Flanqueado por Miguel Barbosa, como si para él trabajara, es el titiritero de las posiciones de PRI y sus pequeños y estratégicos aliados. La incomodidad por crear, por fin después de tres reformas constitucionales, un régimen de transparencia óptimo es evidente en el Ejecutivo. La Casa Blanca no se olvida, seguro piensa. Tenerle miedo a la transparencia, como la tiene Castillejos y sus alfiles senatoriales, refleja su talante democrático. La batalla que dio sociedad civil en el tema fue ejemplar, sin lugar a duda. En franca desventaja y siempre con escasa información, hemos logrado parar los intentos más voraces. Veremos qué terminan haciendo los senadores. Ojalá que no sean dos derrotas en una semana: Medina y la transparencia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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