Los mexicanos vivimos a diario con un sabor amargo entre los labios. La sensación del agravio sufrido. La experiencia de haber vivido algún tipo de injusticia y el recuerdo doloroso de mantenerla impune.
Ese sabor puede surgir de las situaciones mas elementales: como el cajón de estacionamiento invadido, la calle de la colonia cerrada por una fiesta particular o el agente de tránsito que exige una mordida. O puede escalar a situaciones mucho más traumáticas: recibir un balazo en un asalto, convertirse en “chivo expiatorio” por estar en el lugar y momento equivocados, pagar la condena de alguien más, perder violentamente a un ser querido.
La injusticia en México es la regla. La excepción es lo que debería ser normal en cualquier democracia decente: la justicia.
No existe un país que no viva casos de injusticia. Ese estado perfecto es imposible. Lo que sí existen son países con un estado de derecho sólido. Países donde la ley impera y quienes la violan son generalmente sancionados bajo el debido proceso y el respeto por sus derechos humanos.
Mexico esta muy, muy lejos de eso. La corrupción, la impunidad, la tortura y la violación sistemática de derechos humanos de víctimas e imputados exhiben a diario el precario estado de nuestro aparato de procuración de justicia. Ese aparato se llama ahora Procuraduria General de la República y en el corto plazo se convertirá en una Fiscalía General con mayores atribuciones de gestión y, sobre todo, cierta autonomía.
En ese aparato desacreditado e ineficaz se instala ahora como titular la ex senadora Arely Gómez. Tomó protesta esta semana y aseguró ser una mujer de convicciones, con principios y valores; afirmó también que no había conflicto de interés alguno en que su hermano Leopoldo trabaje en Televisa y, sobre todo, insistió en la certeza de poner todo su empeño para sacar adelante lo que considera el reto mas grande de su vida. Sin duda lo será.
El trabajo de la cuestionada nueva Procuradora será procurar lo imposible en un país como México: que prevalezca la justicia.
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Y es que el contexto es abrumador.
En México dos de cada tres personas considera que sus Ministerios Públicos son corruptos. Lo mismo aplica para las policías ministeriales.
No solo es desconfianza, según una encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social el año 2012, coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa (según una nota de Excelsior), del total de las personas detenidas en prisiones en nuestro país, 53.7% declara que fueron llevados a “otro lugar”, antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público.
Y de aquellos que sí fueron puestos a disposición del MP, 30% declara que pasaron entre una y tres horas antes de ser llevados ante dicha instancia; uno de cada cinco (20%) declara que pasaron entre 4 y 8 horas antes de ser presentados ante la autoridad; 12% declara que pasaron entre 9 y 12 horas; 13.5% señala un lapso de entre 13 y 24 horas; mientras que 17% sostiene que la policía u otras autoridades los retuvieron entre uno y cuatro días. Sí, no minutos ni horas, ¡días enteros!
Lo que sucede durante esas retenciones ilegales es todavía mas ilegal e inhumano: amedrentamiento, golpes, amenazas… tortura a secas.
Recién publiqué en este mismo espacio como la tortura es un asunto habitual en Sinaloa. Las cifras nacionales son todavía mas contundentes: según la misma encuesta, sólo el 48.3% de quienes se declararon culpables admiten haber cometido un delito; el 30.5% dijo haberse declarado culpable porque fue torturada o torturado; el 24.5% lo hizo porque fue presionado o amenazado para hacerlo; 4.7% lo hizo porque el Ministerio Público le indicó “que era lo mejor”; mientras que el 4.4% se declaró culpable por amenazas a su familia.
Y si seguimos escarbando la cosa se pone más grave, porque resulta que la justicia en este país no solo es escasa, sino que la poca que hay es bastante selectiva: los reclusos en las prisiones son mayoritariamente jóvenes y pobres.
Según los datos 53.7% de los detenidos en prisiones federales carece de estudios de educación básica completa; 20.4% estudió la secundaria completa; 12% cuenta con preparatoria incompleta y solo el 2% terminó una carrera universitaria o un posgrado.
La situación no podía ser más grave. Los índices de impunidad rondan el 90%. Con esas cifras es obvio que ser delincuente en México paga más que elegir la ruta del esfuerzo y la meritocracia.
De cara a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Arely Gómez tiene la oportunidad histórica de redefenir los incentivos del éxito en los jóvenes mexicanos. Con una verdadera procuración de justicia los mexicanos podrán poner en la balanza el costo-beneficio de elegir la delincuencia o integrarse a una vida laboral honesta.
Vamos, el asunto es bastante más complejo e incluye la política social, educativa y económica, pero el solo hecho de enderezar la procuración de justicia abonaría muchísimo en la construcción del estado de derecho al que tanto aspiramos. Un estado con reglas claras para todos sin distingos de edad, sexo, razo o condición socioeconómica.
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No me cuento entre esos periodistas defensores del “pueblo bueno” (según Ciro Gómez Leyva) que descalifican a priori la designación de Arely Gómez como Procuradora. Pero tampoco entre los que aplauden antes de la toma de protesta. Considero que el multi señalado parentesco no abona en la desgastadísima credibilidad del Ejecutivo con los ciudadanos. Si había mejores cuadros, es evidente que no se tomaron la molestia de buscarlos.
El señalamiento no le ayuda a la nueva Procuradora que ya tiene chamba suficiente con el encargo que el mismo Senado le hiciera: recuperar la confianza pública en la institución. Así de simple, así de grande.
Si de verdad es una mujer de convicciones firmes, Arely Gómez tiene a su disposición bastante material para demostrar su imparcialidad: Ayotzinapa, Tlatlaya, el crimen organizado en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas… el lavado de dinero en Sinaloa; los casos de corrupción en la política nacional.
Me parece que Enrique Peña Nieto decidió otra vez con las motivaciones incorrectas. Volvió a elegir dentro del círculo de confianza y no en función de la independencia, la autonomía o una construcción democrática de futuro. Lo mismo que hace al empujar la designación de Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte.
La verdad es que no hay mucho que discutir, veremos muy pronto si Arely Gómez estará a la altura del reto o se volverá una comparsa más. En ese último escenario los críticos y detractores habrán tenido razón y el Presidente se habrá equivocado. Otra vez.
