Después de varios años de discusiones con sociedad civil en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) el 6 de enero pasado el gobierno hizo público su compromiso de sumarse a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Este anuncio, realizado en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel de México y Estados Unidos que tuvo lugar en Washington DC, significa que México debe empezar a preparar su candidatura.
Seguramente muchas y muchos de ustedes se preguntarán de qué trata esta iniciativa. La EITI es un esfuerzo global de gobiernos, empresas y sociedad civil para crear un estándar que permita mejorar el nivel de transparencia de las industrias extractivas. Ello con el objetivo de generar información sobre los ingresos que los sectores petrolero y minero suponen para los Estados. En términos prácticos, se trata de una iniciativa que, cuando es bien implementada, sirve a la sociedad civil para negociar con el gobierno y las empresas la publicación de información clave a nivel nacional sobre este tema. Por ejemplo, en México podríamos conocer cuántos derechos pagan las empresas por cada proyecto minero, información actualmente protegida por el secreto fiscal. Igualmente, podríamos hacer frente a algunos de los candados a la transparencia que incluyó la reforma a la legislación energética de 2013 y 2014.
Ahora bien, los puntos a trabajar en México ponen en la mesa un tema que no es menor cuando se trata de iniciativas como la EITI o la AGA. Aunque es cierto que representen espacios interesantes de interlocución entre sociedad civil y gobierno y que pueden presentar oportunidades para mejorar la transparencia del sector público, no deben ni pueden sustituir a los marcos legislativos nacionales. Y esta es una cuestión que la propia EITI reconoce, cuando establece que para su implementación deberán eliminarse los obstáculos legales que puedan existir, como deberá ser en el caso de México.
Por ello, no podemos dejar de señalar la falta de coherencia existente cuando el gobierno abandera iniciativas internacionales para la mejora de la transparencia, el acceso a la información y la participación social en las políticas públicas, mientras que en las reformas estructurales a nivel nacional avanza en sentido contrario. Tal es el caso, por poner sólo algunos ejemplos, de lo ocurrido durante la “discusión” de la Reforma Energética que, lejos de ser un debate público a la altura de la dimensión e importancia de la misma, se convirtió en una negociación acelerada entre partidos a puerta cerrada. También es lo que está ocurriendo actualmente en la discusión de la Ley General de Transparencia, donde el gobierno está tratando de echar para atrás disposiciones fundamentales para asegurar el derecho al acceso a la información consagrado en el artículo 6° de la Constitución, acordadas por sociedad civil y el Poder Legislativo. Entre otras cuestiones, el gobierno está tratando de limitar la transparencia del sector petrolero. Es por ello que más de 300 organizaciones le han hecho ya un contundente llamado para que se muestre coherente en su actuar con los compromisos que ha adquirido a nivel internacional y no obstaculice la aprobación de esta Ley.
Por último, esta situación es una muestra más de la complejidad por la que atraviesa la relación de sociedad y gobierno en México. Sin duda, iniciativas como EITI y AGA no se escapan a la misma y por ello es necesario que muestren resultados contundentes y que respeten en todo momento la participación amplia, representativa y eficaz de la sociedad. Estos principios deben, además, permear todo el actuar gubernamental y no circunscribirse únicamente a iniciativas de carácter voluntario. Si no hay un compromiso real que se traduzca en acciones, no habrá legitimidad posible.
