Siempre que se habla de derechos humanos, los bárbaros alzan sus voces asegurando que “sólo defienden a los delincuentes” y no hay razones que penetren sus cerebros de granito. Bueno sería que sólo ciudadanos fueran los que pensaran así pero, desafortunadamente en esta ocasión, la fuente de semejante barbaridad ha sido el funcionario encargado de respetar los de las víctimas de los delitos. Él usa este argumento para encubrir su irresponsabilidad, asegurando que no puede actuar contra los delincuentes porque los derechos humanos se lo impiden.
Sirva la anterior introducción para documentar periodísticamente la tragedia nacional de Villas de Salvárcar, un homicidio colectivo de 15 personas (12 jóvenes y tres adultos) sucedida el 30 de enero de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó con lesiones graves a otros 10. Durante los 5 años que siguieron a la masacre, las autoridades dedicadas a perseguir a los criminales pusieron especial interés en la detención de los autores materiales vulnerando sus derechos mínimos.
La institución encargada de la investigación fue el Ejército que, si hubiera actuado con eficiencia, pudo prevenir el hecho desde un comienzo. La ferocidad militar contra los primeros y únicos detenidos sirvió como su mejor defensa ante la justicia e incluso propició la liberación de uno de ellos pese a la convicción de los familiares de que sí participó. La violación a los derechos humanos de este hombre terminó por causar un profundo daño a las víctimas.
Se debe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una reacción contra los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando la discriminación por color, origen étnico, preferencias sexuales, ideología política y actividad cultural, llevó a los desiguales al extremo de la muerte.
De este momento abismal surge la obligación de las naciones de reconocer, promover, garantizar y proteger los derechos humanos, entre ellos el de debido proceso; esta garantía no es para salvar a los delincuentes de ser enjuiciados sino para asegurar justicia real y verdadera a las víctimas. Aunque, en un país que tardó 53 años en hacer ley lo que firmó en 1948, ¿cuantos años tomará su aplicación en la vida real?
En enero de 2012 se publicó la Ley General de Víctimas, que pudiera considerarse como una ley de avanzada sobre todo si las autoridades la complementan con interpretaciones pro persona en el tratamiento justo de las víctimas, pero (en México cuando se trata de aplicar la ley siempre surge un pero) para aplicarla en casos concretos cada estado tenía hasta enero de 2014 para expedir leyes estatales que adecuaran su legislación a la ley general.
Específicamente, los estados debieron establecer un fondo económico para tener recursos disponibles para atender a las víctimas, una Comisión Ejecutiva Estatal que realizara trámites y resolviera en concreto la aplicación de la ley y contratar un montón de abogados para que las víctimas tuvieran uno de oficio al igual que los procesados por el delito. Las entidades debían reconocer que los derechos humanos de las víctimas eran su responsabilidad.
Volviendo al caso Salvárcar, tras las abusivas investigaciones oficiales se iniciaron trámites privados porque las autoridades obligadas (la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía de Atención a Víctimas) nunca lo hicieron y actualmente ya se han logrado las primeras reuniones con el presidente de la República, el gobernador del Estado y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón.
Al tratar de avanzar rumbo a la apertura de los procedimientos legales y administrativos, que aseguren la ya tardía “atención integral de las víctimas”, encontramos que no hay camino por dónde transitar porque el estado de Chihuahua no ha hecho las adecuaciones legales pertinentes para que se pueda aplicar la Ley General de Víctimas.
No existe la Comisión Ejecutiva Estatal que nos reciba el oficio de apertura del procedimiento ni el fondo de atención a víctimas para obtener recursos que atiendan a los deudos de Salvárcar, ni siquiera hay abogados del estado que los asesoren.
Pero lo peor de todo llegó cuando, al preguntar cómo hacer el trámite, revisar la absurda resolución de indemnizar con 40 mil pesos la vida de cada occiso y hacer justicia a las víctimas de Salvárcar, el fiscal especializado en Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua respondió que “nosotros le hemos dado lo que nos han pedido y hemos podido”.
“No estamos obligados porque no hay una ley estatal, así que no podemos hacer nada más, salvo preguntarle al fiscal general”. Increíble que en uno de los estados donde hay más víctimas del delito no exista algún instrumento legal que permita apoyarlas en la búsqueda de la justicia integral y que a los funcionarios no se les ocurra nada aparte de decir “no hay”.
El funcionario ignora que una ley general es general y se aplica en todos los estados, además el incumplimiento de la ley no puede convertirse en la defensa del obligado, es decir de él mismo.
Afortunadamente hemos empezado a caminar en el asunto concreto y los familiares de los asesinados han descubierto que lo que les entregaba la Fiscalía de Atención a Víctimas no eran dádivas (lo que les generaba sentimientos encontrados) sino obligaciones del Estado, porque los Derechos Humanos se hicieron para proteger en primer término a las víctimas y no a los victimarios.
Hoy, sabiendo que no hay veredas procesales, recordamos a Serrat que a su vez nos descubrió a Machado: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
