Aunque el problema de la corrupción puede ser inerradicable en su totalidad, es necesario pensar en mecanismos que lo reduzcan al acotar los márgenes de discrecionalidad en los que operan los políticos y sobre todo, combatan la impunidad. Hablamos aquí de un conjunto de normas que van desde replantear las inmunidades de los legisladores y servidores públicos a nivel constitucional hasta las más imperfectas, como los códigos de ética. Todo cambio que se llegue a hacer será más complejo que los anteriores tan sólo porque la sociedad cambia, las tecnologías se sofistican y la clase política siempre encontrará medios para brincarse las normas.
Uno de los temas centrales en esta agenda contra la corrupción es el de los conflictos de interés. De acuerdo con Transparencia Internacional, surgen cuando una persona, como funcionario o empleado del sector público, es influenciada por consideraciones personales al realizar su trabajo. Así las decisiones son tomadas con base en razones equivocadas. Los conflictos de intereses percibidos, incluso cuando son tomadas las decisiones concretas, pueden ser tan dañinos para la reputación de una organización y erosionar la confianza pública, como un conflicto de intereses realmente existente.
Desde principios del siglo XIX se buscó combatir este problema a través de dos vías: estableciendo incompatibilidades a los mandatos públicos o restringiendo la participación en un debate a quien declare tener un interés pecuinario en el asunto a discusión. Sin embargo esta norma era viable en una sociedad sencilla, donde todos los funcionarios públicos pertenecían a un mismo grupo. La ampliación del derecho a votar a las clases medias y populares, la aparición de los partidos políticos, la creación y desgaste de redes corporativistas y la creciente pluralidad lleva a que estas prohibiciones sin normas complementarias fomenten la simulación y la opacidad.
Hoy día los gobernantes y representantes están sujetos a numerosas presiones e intereses. Sus propias carreras políticas han llevado a que enarbolen causas o agendas de grupos de interés en sus localidades. Los partidos les imponen en mayor o menor medida una línea y con ello intereses de quienes son sus bases. Sus distritos condicionan su actuación por otra parte. Hablar de un interés nacional como puro o fácilmente identificable desconoce esta complejidad. El nuevo paradigma para combatir los conflictos de interés requiere de transparencia y apertura de los órganos de poder.
Frente a la crisis de credibilidad que enfrente la clase política en su conjunto es necesario presionar por mecanismos eficaces para combatir la corrupción. En estos momentos la organización Transparencia Mexicana impulsa una campaña para exigir a los candidatos a cargos de elección presentar su declaración patrimonial, las últimas cinco declaraciones de impuestos y una declaración de intereses. Si bien las dos primeras se explican por sí solas, ¿qué se deberá entender por la última?
Los registros de intereses buscan transparentar los vínculos de los servidores públicos y representantes con grupos externos, sean o no remunerados. Esta política surgió durante los años setenta en el Reino Unido, tras escándalos motivados por prácticas de corrupción. Es decir, no se establecen por “voluntad” de los actores políticos, sino a través de una coacción externa (léase: presión organizada) que los obligue a acotar sus márgenes de discrecionalidad.
Cada país establece los temas sujetos a la transparencia, así como el grado de accesibilidad a la ciudadanía de acuerdo con los rubros, o si se declaran las fuentes de ingresos y las cantidades recibidas. Por ejemplo, en el Reino Unido se registran nueve tipos de intereses: la remuneración como director de compañía pública o privada, el empleo remunerado, la profesión u oficio remunerados, los nombres de clientes cuando se realacionan de albuna manera con los intereses en juego en el parlamento, el patrocinio financiero, las visitas al exterior cuando los costos no sean cubiertos por fondos públicos o del parlamentario en su totalidad, los beneficios materiales provenientes de otros gobiernos, la tierra y la propiedad de la cual deriven ingresos y los nombres de compañías en las cuales él o su familia sean accionistas.
En muchos casos, las declaraciones de intereses cubren también al staff de los legisladores e incluso a las fuentes de prensa en las agencias públicas.
¿Son útiles? Si reconocemos que todos tenemos intereses, ayudan a generar confianza entre los gobernantes y los gobernados, además que permiten a los grupos de interés que deseen intervenir en los procesos políticos a definir con mayor claridad sus estrategias.
Como se dijo arriba, ningún político va a acotar de manera voluntaria sus márgenes de discrecionalidad o si se ven obligados a hacerlo, transparentarán lo menos posible. Por ello es importante presionar desde las campañas electorales: para distinguir aquellos que de de verdad se animen a presentar sus tres declaraciones y vigilarlos de ser electos para que impulsen una agenda eficaz en esta materia desde los cargos que ocupen.
Las inercias a favor de la corrupción y la opacidad son considerables. La agenda de reformas es también extensa: acotamiento de la inmunidad procesal, redefinir conflictos de interés y los procesos de toma de decisiones donde se deben declarar, establecer normas que en efecto castiguen las infracciones y presionar por códigos de ética. Sin embargo no habrá progreso si no se empieza desde ahora.
Bienvenida la iniciativa de Transparencia Mexicana.
