¿Hasta dónde están verdaderamente interesados los partidos políticos y los legisladores en combatir la corrupción como lo demanda la sociedad mexicana, como nunca antes lo había hecho?. El rechazo es tal que ha puesto al país en una profunda crisis política en la que los partidos políticos han perdido lo poco que tenían de credibilidad.
Basta abrir el diario en internet o en el papel para ser testigo de la interminable corrupción e impunidad. En paralelo a los grandes escándalos, están los cotidianos: el Alcalde priista de Naucalpan celebra su cumpleaños 40 en Parque Naucalli con tres mil invitados que llegaron al sitio con la promesa de recibir un pavo; el delegado perredista de Iztapalapa chocó en la madrugada del 17 de diciembre a bordo de una camioneta con valor de 877 mil pesos, la camioneta es propiedad de una empresa contratista que ha trabajado para la delegación - el delegado de Iztapalapa chocó en el pedregal de San Ángel porque vive ahí no en Iztapalapa-; un funcionario de INFONAVIT regala un Porsche a su hijo. Uso de espacios y recursos públicos, contubernio con contratistas e enriquecimiento inexplicable. El país se pudre entre la corrupción y la impunidad.
Existe una propuesta concreta presentada públicamente por una treintena de organizaciones civiles para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Entre ellas destacan el Instituto mexicano para la Competitividad, Fundar y Alianza Cívica. Si se trata de combatir la corrupción, el diseño de las instituciones y herramientas para hacerlo no puede venir de un sistema corrupto, no puede venir ni del PRI, ni del PAN, ni de ningún otro partido político. La corrupción se combate con la transparencia y la vigilancia ciudadana. A la propuesta de estas organizaciones civiles se suma la de Transparencia Mexicana que presentó un listado de 5 acciones para combatir la corrupción.
De acuerdo al ranking de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México alcanzó una puntuación de 35, donde cero es total corrupción y 100 total transparencia. En el ranking por países México ocupó la posición 103, 82 lugares por debajo de Chile, 30 por debajo de Brasil y 18 por debajo de Perú. Entre los países de la OCDE, México es el más corrupto.
Como parte de la propuesta de Transparencia Mexicana y que se refuerza con la propuesta civil del SNA , se plantea algo que no le gusta a un buen número de legisladores y, por lo tanto, al aparato de los partidos políticos. Se plantea la obligación de hacer pública la declaración patrimonial de los aspirantes a cargo de elección popular que incluya la declaración de impuestos de los últimos 5 años y una declaración pública de potencial conflicto de interés.
Si se tratara de una propuesta que incomodara a los intereses de unos cuantos legisladores, la propuesta podría pasar con el aval del aparato de los partidos. Sin embargo, no es así, existe un buen grupo de legisladores, posiblemente la mayoría, que no estarían dispuestos a dar a conocer la información requerida: su declaración patrimonial junto con las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años y su declaración de potencial conflicto de interés.
Imagínese usted cuántos legisladores, gobernadores, presidentes municipales y seguramente presidentes de la República no hubieran estado impedidos a ejercer sus cargos por no poder demostrar una relación legal entre sus declaraciones de impuestos y sus propiedades. Cuántos otros no podrían ejercer sus cargos por profundos conflictos de interés.
En la propuesta ciudadana para el SNA no se trata de crear solamente una Fiscalía Anticorrupción, se trata de establecer un sistema nacional integral para combatir la corrupción en uno de los países que más la sufre. Se incluye la creación de un Tribunal de Cuentas autónomo que imponga sanciones y corrija problemas estructurales de corrupción. Demanda la reforma de la Secretaría de la Función Pública dándole mayor autonomía, más recursos humanos y materiales y estableciendo una mayor profesionalización; la reforma de la Auditoría Superior de la Federación con total autonomía y mayor poder, facultada para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios anteriores. La propuesta ciudadana incluye la creación de una Ley Anticorrupción y una Ley Nacional de Fiscalización para dar poder a estas instituciones. Propone también reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las propuestas ciudadanas rechazan la imposición de órganos anticorrupción formados por integrantes de la clase política. EL SNA debe estar en manos de organismos constituidos por ciudadanos libres de conflicto de interés con la clase política y los poderes económicos. Se trata de un SNA que no tiene nada que ver con el propuesto por el PAN o la iniciativa del PRI que continúan protegiendo sus intereses.
La corrupción está ahogando al país y no podemos esperar más que una agudización profunda de la crisis que vivimos si no encontramos, como sociedad, una forma de combatirla. No puede existir ninguna política efectiva en materia de ningún tipo si la corrupción sigue permeando los actos y operación del gobierno.
La indignación social plasmada en muy diversas manifestaciones debe llevar a propuestas y empujarlas para hacerlas realidad.
