La palabra de moda en México es “corrupción”. A pesar de que lleva décadas instalada como una dinámica inherente a nuestro sistema político. Apenas ahora con la aparición de las diversas casas financiadas por Grupo HIGA a la primera dama Angélica Rivera, al equipo de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Hacienda Luis Videgaray, se nos ocurre –ahora sí- la idea de implementar un sistema anti-corrupción eficiente y eficaz.
Lo incluyó el Presidente dentro de sus diez medidas para la justicia de México y los legisladores decidieron dejarlo para después de vacaciones. De nada ha servido que diversos grupos de la sociedad civil vengan proponiéndolo desde tiempo atrás y que todas las mediciones internacionales arrojen resultados vergonzosos en esa materia.
He insistido en que el verdadero golpe a la figura presidencial no es Ayotzinapa, sino el evidente conflicto de interés con la denominada “Casa Blanca”. Más allá de si puede perseguirse jurídicamente, es obvio que aunque sea legal no es ético. Lo mismo para el caso de Videgaray. Estamos entonces ante actos de corrupción del más alto nivel que no pueden cerrarse cambiando la conversación o implementando una campaña mediática: la #CasaBlancadeEPN restará credibilidad al Presidente durante el resto de su sexenio. Reducirá su influencia y minará su poder en detrimento de la gobernalidad de este país dominado por mafias y grupos de facto.
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En el ánimo de la propuesta, me parece que la única manera inmediata de recuperar el mínimo de credibilidad, es empezar por escuchar el reclamo ciudadano y atender en los hechos los casos concretos de ilegalidad, corrupción y tráfico de influencias no solo a nivel federal, sino al interior de los estados. Los discursos ya no aguantan el peso de la realidad y el cinismo de la clase política ya no alcanza para contenerla. Urge aplicar la ley.
En ese escenario, Sinaloa no escapa al tráfico de influencias y la corrupción al más alto nivel. Mientras en el país los reflectores apuntan a Guerrero, en Sinaloa se cocinan dos negocios millonarios… con “saliva”.
Bajo el esquema de colaboración de Asociaciones Público-Privadas (APP’s), se pretende la construcción de dos Hospitales Generales en el estado de Sinaloa. Uno en Culiacán y otro en Mazatlán. El costo de ambos ronda los 14 mil millones de pesos.
Las licitaciones fueron ganadas por las empresas Prodemex en Culiacán y GIA+A en Mazatlán, propiedad cada una de Olegario Vázquez Raña y de Hipólito Gerard Rivero, respectivamente.
El problema no radica allí, sino en que una vez realizada la licitación, el Gobierno del estado encabezado por el Gobernador Mario López Valdez modificó el decreto para la construcción agregando dos cláusulas más, una de las cuales grava con el 25 por ciento un fondo federal que se usa mayoritariamente para apoyo social (el FAFEF), durante los próximos 25 años. La cláusula permite que ese monto aproximado de 200 millones anuales sirva como garantía o como fuente de pago en caso de incumplimiento. Lo que compromete claramente las finanzas estatales en beneficio de los inversionistas.
El hecho generó una amplia inconformidad en quienes participaron en la licitación y continúa haciendo ruido entre la cúpula empresarial y organizaciones de la sociedad civil sinaloenses, quienes -a través de desplegados el martes 9 y ayer miércoles 17 de diciembre-, exigieron al Congreso fuera prudente y responsable con sus decisiones y abonara en la transparencia verificando claramente la justificación que el Gobierno del Estado propone sobre el impacto social y la viabilidad financiera de ambos proyectos hospitalarios.
El dictamen para la aprobación de la construcción se encuentra en proceso en la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Sinaloa, presidida por el priísta Víctor Díaz Simental, quien esta semana calificó como un error la inclusión de la garantía estatal y criticó que el Congreso hiciera oídos sordos al reclamo ciudadano por mayor transparencia. Al interior del Congreso de mayoría priísta ya hay divisiones y posiciones encontradas y los coordinadores parlamentarios de partidos opositores, como Héctor Melesio Cuén del Partido Sinaloense e Imelda Castro del PRD se han declarado en contra de firmar la propuesta de dictamen actual. Dictamen que por cierto no ha sido abierto al conocimiento público.
Quedan solo dos días de sesiones en este periodo para subir al pleno el dictamen y llevar a cabo su discusión. Si es aprobado en las condiciones actuales los sinaloenses seremos testigos de una franca violación a los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de condiciones para todos los participantes de la licitación, suscritos en el artículo 53 de la propia Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa.
Estaremos también ante una altísima posibilidad de repetir la experiencia de fracasos monumentales como el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, construido bajo el mismo modelo por Grupo HIGA.
Cabe señalar que es la primera vez que en Sinaloa se implementa el modelo de APP’s. Este modelo se utiliza alrededor del mundo con el objetivo de que inversionistas privados corran con el riesgo y el beneficio de llevar a cabo proyectos cuyo costo es imposible de ser financiado por los gobiernos en turno.
El modelo es atractivo y funcional, pero dado el contexto de crimen organizado y lavado de dinero que priva en Sinaloa, es fundamental que la “primera exhibición” se lleve a cabo con la total transparencia y de cara a la ciudadanía para mandar el mensaje correcto: que el fondo es comprometer las finanzas públicas al mínimo, sin detener el desarrollo del estado en materia general de infraestructura.
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Todos en Sinaloa nos preguntamos: ¿por qué cambiar a posteriori las garantías de la licitación para beneficiar a Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard?, ¿para que comprometer las finanzas estatales por 25 años?, ¿el beneficio es para los sinaloenses o para el Gobernador que propone y los Diputados que pretenden aprobar el negocio?
Hace unos días, el Gobernador de Sinaloa Mario López Valdez y las diversas fuerzas políticas de todos los estados suscribieron un desplegado en apoyo al Presidente:
“En Sinaloa, todas las fuerzas políticas […] manifestamos nuestra solidaridad y compromiso con todos los órdenes de gobierno y en especial con la Presidencia de la República que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, con todos los esfuerzos que organicen y realicen para recuperar la paz, la tranquilidad y la unidad nacional, valores siempre indispensables para el desarrollo de nuestra patria.”
Solo recordarle al Gobernador y los partidos de Sinaloa que la unidad nacional y el desarrollo económico y democrático pasan por la congruencia y el comportamiento ético de nuestra clase politica.
En el caso de los Hospitales tienen la oportunidad perfecta para construir esa unidad que tanto pregonan. ¿Cómo? Escuchando a la sociedad civil, atendiendo las solicitudes de información de los medios, dando la cara públicamente en su calidad de servidores públicos para demostrar la viabilidad financiera y el impacto social de su iniciativa con datos y estudios, reponiendo el proceso si así lo dictara la ley. En suma: actuando en función del interés público y no de su interés particular.
Podríamos empezar por allí, en lo concreto, que de discursos ya tenemos bastante y los sinaloenses no están dispuestos a firmar un cheque en blanco.
